Llegó la lluvia pero sigue la sequía de dólares

Luego de la peor sequía de los últimos 60 años, volvió el agua a la región agrícola núcleo. Con un milimetraje importante y un nivel de cobertura que, según los especialistas, promete una “normalización del clima” en el otoño, algo fundamental para encarar la nueva campaña de trigo.

Las lluvias llegaron tarde para evitar las pérdidas en las cosechas de soja y maíz. Las máquinas entran a los campos y se enfrentan a cuadros desoladores. Los rindes colapsaron y, en soja, domina el grano verde, de mala calidad para la industria aceitera. Un problema más que suma costos de producción en una época de vacas flaquísimas.

La economía santafesina perderá al menos u$s 4.300 millones por la caída en la producción de trigo, maíz y soja. A esto hay que sumarle el resto de las producciones pero también el “derrame” de esas pérdidas en una estructura, como la provincial, en la que la interrelación entre campo, industria y comercio es muy evidente.

Algunos primeros impactos ya se muestran en los números. El índice de actividad que elabora el Idied de la Universidad Austral registró una baja de 0,5% en diciembre, y desde el Ministerio de Economía santafesino se detectó una baja de 5,5% promedio mensual en la recaudación de impuestos propios, entre noviembre y febrero.

Pese a esto, la actividad económica que mide el Indec para el conjunto nacional mostró un crecimiento de 2,9% en enero. Impulsada por el turismo, la industria, el comercio y la minería, la economía recuperó incluso su crecimiento interanual luego de sufrir un traspié en diciembre. Pero el mismo Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) mostró que en esta realidad, sobresale negativamente la situación del sector agropecuario, cuya actividad cayó 15%.

Esta cifra recoge el impacto del daño en el trigo. Ahora se empezará a ver el que tiene que ver con la soja y el maíz. La Bolsa de Comercio de Rosario no descarta revisar nuevamente la estimación de la producción sojera, a la baja de las magras 25 millones de toneladas actuales. También calculó una caída de exportaciones de ese complejo en u$s 7.300 millones durante 2023.

Mientras cosecha porotos de amargura, la cadena agropecuaria define estrategias para encarar la siembra de trigo. Un cultivo que, de salir bien, les brindaría un alivio de ingresos hacia final de año. Gran parte de la suerte de esa campaña depende del clima. Otra parte, de que se superen las serias restricciones en la disponibilidad de semillas, y de las renegociaciones a las que se lleguen para los contratos de alquileres, los créditos tomados para financiar la campaña pasada, el pago de las cuotas por la compra de maquinaria es insumos y el precio al que se venderá la mercadería que todavía se tiene en existencia.

El ministro de Economía, Sergio Massa, dio una señal esta semana de avanzar en lo que, aun con todas las polémicas que suscita, se esperaba desde el sector agropecuario: una nueva edición del dólar soja, con la que busca acelerar las ventas de unas 7 millones de toneladas de la cosecha vieja que todavía no se han comercializado.

Esta vez no se llamará dólar soja sino dólar agro, porque al combo de devaluación selectiva sumará el tipo de cambio para economías regionales, incluida la vitivinicultura.

La medida, cuyos detalles se conocerán en estos días, forma parte de un paquete de disposiciones puertas en marcha para apalancar al agro en esta transición. Pero también surge de la necesidad de Massa de rascar la olla para arrimarle dólares a una reservas de las que en el primer trimestre no dejan de salir divisas. Ese fue uno de los objetivos de viaje de ministro de Economía a Washington, donde acompañó al presidente Alberto Fernández en su reunión con Joe Biden.

En la gira se llevó algunos dólares más de un préstamo del BID y, sobre todo, la promesa de un aval de la subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del propio presidente estadounidense para flexibilizar las metas acordadas con el organismo a cambio de refinanciar el pago del préstamo por u$s 45 mil millones que tomó Mauricio Macri en 2018.

El pago de ese préstamo es la mochila más grande que tiene la economía argentina. En el contexto desafiante de 2023, el programa de ajuste acordado en 2021 es imposible de cumplir. El gobierno no llegará a cumplir las metas de acumulación de reservas y tampoco las de déficit fiscal, cuyo margen ya agotó en los primeros 60 días del tercer trimestre. Además, las políticas prescriptas son procíclicas en materia de inflación y actividad económica, con lo cual profundizarán el camino a la recesión.

Hubo señales y promesas de una flexibilización de ese programa, que habrá qué ver si se cumplen y cuán profundo llegan. Por ahora, el ministro de Economía parece contar con manos libres para sacar los últimos conejos que le quedan en la galera y lograr el objetivo de transitar el último año del gestión del gobierno sin devaluar. Se trata del uso de los bonos de la Ansés para intervenir en el mercado cambiario paralelo, y el dólar diferencial para los exportadores.

Evitar un salto devaluatoria es condición necesaria, aunque está visto que no suficiente, para evitar que se profundice la espiral inflacionaria, que ya dio noticias muy malas en el primer bimestre que promete dar otro trago amargo en marzo, más allá de que las consultoras detectaron cierta desaceleración en el ritmo de suba de los alimentos en los supermercados.

La inflación es la principal culpable de que el índice de pobreza haya saltado al 39,2% a nivel nacional en el final de 2022. En el Gran Rosario la tasa se ubicó en 33,2%, seis puntos por debajo de la del conjunto de 31 aglomerados que mide el Indec. El nivel se mantuvo estable respecto de un año atrás, aunque subió dos puntos en seis meses.

Durante gran parte de 2021 y 2022, el mercado de trabajo de la región tuvo un crecimiento robusto. Esa expansión contribuyó a que el nivel de pobreza sea menor al nacional. Pero no alcanzó para neutralizar la pulverización del poder adquisitivo que provocó el aumento generalizado de precios. Algunas equivalencias pueden servir para tomar dimensión del fenómeno del trabajador pobre. La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) contó 640 mil personas ocupadas en el Gran Rosario y 444.000 en situación de pobreza. Una cifra no contiene necesariamente a la otra pero la comparación es gráfica: el número de pobres es equivalente al 71% al total de empleados en la región. Otra forma de verlo, en un aglomerado con 50 mil desocupados, los indigentes suman 85 mil.

En este contexto de inflación arrasadora y pobreza creciente, suenan extremas las cruzadas empresarias contra los comedores sindicales del gremio mercantil, en los que pueden comer a precios muy accesible sus afiliados y a los asociados a su mutual. Una presión que también se extiende a su proveeduría. Extraño reclamo el que se hace para que el Estado intervenga contra el bolsillo de los trabajadores.