El portón de ingreso a Terminal Puerto Rosario (TPR) quedó abierto y despejado desde ayer a la mañana, luego de que la policía de Santa Fe asegurara con gases las condiciones de ingreso a la terminal que opera el grupo Vicentin. Los obreros que reclaman la reincorporación de cinco compañeros despedidos permanecen frente al acceso, sin impedir el tránsito. Y hasta pasado el mediodía de ayer, cuando cambia el turno, era evidente allí la entrada de camiones aunque no de estibadores.
Desde el gremio Supa señalaron que los obreros que ingresaron lo hicieron por otro acceso y que el puerto retoma su normalidad. En un comunicado, la empresa dijo que la operación retornó “después de muchísimo esfuerzo” pero pidió “garantizar la salida segura hasta sus domicilios de los estibadores que eligieron trabajar”.
Las últimas horas en el puerto fueron tensas y violentas. El lunes, luego de un incidente en el portón, tres portuarios fueron detenidos y todavía se encuentran en prisión, a la espera de la audiencia imputativa que se realizará hoy en el Centro de Justicia Penal. Ayer, bien temprano, la policía desalojó con gases a un grupo de personas que subió el puente sobre el acceso de 27 de febrero y quemó gomas sobre la Circunvalación. La mayoría de los manifestantes estaban debajo del puente pero también sufrieron el efecto de los gases.
Pasado el mediodía, había mucha gente en el acampe. “Siguen diciendo que la protesta es de los cinco despedidos apoyados por algunos grupos de izquierda pero acá está la mayoría de los trabajadores del puerto, adentro hay unos pocos”, dijo un muchacho sentado en su moto. Explicó que fue convocado para ingresar en el segundo turno pero se quedó bajo el puente. “Entro si entran todos, porque así lo dijimos cuando empezó el conflicto, no queremos dejar solos a estos compañeros”, agregó, al tiempo que señalaba con las manos el portón abierto y sin gomas quemadas: “Está tranquilo, nadie está cortando nada” .
El conflicto entre los portuarios y la empresa controlada por Vicentin y la chilena Ultramar reconoce varios capítulos a lo largo del tiempo. Pero el último episodio escaló hace cuarenta días cuando, en medio de una negociación salarial, la concesionaria despidió a 25 trabajadores.
En el medio, las fiestas de fin de año pasaron entre marchas y audiencias. Luego, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Supa y TPR firmaran un acuerdo. El acuerdo incluyó aumento salarial, reconocimiento de días caídas y la reincorporación de 20 personas. A otras cinco, a las que la patronal acusa de “violentos” se las dejó cesantes con indemnización.
Los trabajadores despedidos y los compañeros que participan del acampe rechazan esa acusación y consideran que su exclusión es “discriminatoria”. Siguieron apostados frente a la terminal portuaria, se reunieron con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la provincia y fueron recibidos por el vicario general del arzobispado, quien se comprometió a buscar el diálogo. También fueron gaseados porque, en la ciudad de las balaceras y la crisis de inseguridad, el Estado parece mostrar músculo combatiendo los piquetes. De hecho, el foco del conflicto se trasladará hoy a una audiencia del Centro de Justicia Penal.
La parálisis del puerto de Rosario motivó el reclamo de la Unión Industrial Argentina (UIA) porque había unos mil contenedores parados. La central fabril y su referente provincial, Fisfe, señalaron que entre esas cargas había insumos que necesitaban en forma urgente para no parar la producción.