Foto: UNO Santa Fe
El gobernador Omar Perotti, junto al ministro de Economía Walter Agosto (izq.), ofrecieron una conferencia de prensa en julio, en la que dieron detalles en Santa Fe del acuerdo con Nación por el pago de la deuda por coparticipación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación homologó el acuerdo firmado por el gobierno nacional y Santa Fe para el pago de la deuda por $ 151.873 millones a favor de la provincia. Se trata del cumplimiento del fallo del máximo tribunal que en 2015 declaró inconstitucional la detracción del 15% de coparticipación para financiar a la Ansés.
El gobernador Omar Perotti destacó por Twitter que la homologación del acuerdo de ejecución de sentencia cierra “un proceso largamente esperado por todos los santafesinos”.
Explicó que el monto actualizado de la deuda es de $ 160.000 millones, al que se descuenta el monto adelantado por Nación a partir del Consenso Fiscal 2017 mediante un bono. El monto final se acerca a los $ 152.000 millones, coparticipables a municipios y comunas.
“A partir de esta homologación, corren 30 días hábiles para que el gobierno nacional entregue la totalidad de títulos públicos a la provincia y se transfiera el remanente del bono del Consenso Fiscal a la Nación”, explicó.
El presidente Alberto Fernández y el gobernador Perotti firmaron el 29 de junio en la Casa Rosada el acuerdo para saldar la deuda que mantiene el Estado nacional con Santa Fe por la coparticipación.
El proceso lo inició administrativamente el ex gobernador Jorge Obeid, y el ex gobernador Hermes Binner se presentó en la Corte Suprema.
El acuerdo fue elevado a la Corte Suprema de Justicia para que sea refrendado, ya que el mismo proviene de un fallo del alto tribunal emitido en 2015, cuando falló por una deuda en ese momento de 86 mil millones de pesos.
Días después de la firma, en una conferencia de prensa en la Casa Gris, Perotti explicó que el gobierno nacional pagará la deuda de $ 151.873 millones que tiene con la provincia con bonos y letras ajustadas por inflación, que vencerán en forma escalonada a los largo de diez años. Con una duración promedio de 3,5 años por instrumento, el Estado santafesino recibirá en los primeros dos años unos $ 50 mil millones.
Este cobro será coparticipado a municipios y comunas, y tendrá como destino el financiamiento de gasto de capital. Los activos son transferibles pero la idea no es venderlos sino capturar los pagos que devengarán, en la mayoría de los casos, dos veces al año.
El gobernador reivindicó la estrategia elegida para firmar el acuerdo. “Podríamos haberlo cerrado antes pero elegimos esperar el fallo de actualización de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y ganamos $ 60 mil millones”, dijo.
Recordó que durante la administración de Miguel Lifschitz, que asumió casi en simultáneo con la sentencia judicial que ordenó el cese de la detracción del 15% de la coparticipación a Santa Fe, se intentó encontrar un acuerdo político
Con el ex presidente Mauricio Macri para el pago de la deuda histórica. El último intento fue a través del Consenso Fiscal firmado en 2017. Pero ese camino se truncó y se retomó el del planteo ante el máximo tribunal de la Nación.
En ese punto, el gobernador defendió la estrategia de su administración para maximizar ese planteo. Es que, explicó, aquel pedido de ajuste se basó en la aplicación de la tasa activa del Banco Nación.
Pero la Corte, al fallar en un caso similar de la provincia de San Luis, estableció la tasa pasiva del Banco Central, que es más alta, como fórmula de ajuste.
“Podríamos haber cerrado trato antes con la Nación, como algunos pedían, pero preferimos esperar el fallo del máximo tribunal porque de esa forma recibimos $ 60 mil millones más que si no lo hubiéramos hecho”, señaló el mandatario.
El ministro de Economía, Walter Agosto, explicó, a su turno, que el acuerdo alcanzado con la Nación es para instrumentar el fallo de los supremos pero no es una transacción sino el cumplimiento de una sentencia que “establece un monto y lo actualiza”.
El fallo que determinó la fórmula de ajuste fue a fines de 2021 y arrojó un monto de $ 132.630 millones. Como la negociación por la modalidad de pago llevó varios meses, la provincia solicitó un ajuste al 31 de mayo pasado, lo que llevó el monto a $ 160.959 millones.
Pero de este total dedujo un “adelanto” que recibió la provincia en 2017, luego de la firma del Consenso Fiscal, a través de un bono intransferible, que fue actualizado en $ 9.085 millones. Así, se llegó a los $ 151.873 millones que finalmente se pagarán.
El ministro de Economía explicó que la Nación pagará con títulos públicos y letras del Tesoro nacional, todos ajustados por CER. Los activos de plazo mayor al año pagan, además, una tasa de interés que oscila, según el plazo, entre el 1,45% y el 2,5%. Todos los instrumentos son transferibles y cuentan con mercado.
El gobernador defendió la estrategia para actualizar la deuda. El pago será con bonos y letras. En los primeros dos años serán $ 50 mil millones
En los primeros dos años la provincia va a cobrar $ 50 mil millones. Es decir que en el 20% del tiempo va a ingresar el 34% de la deuda. En cuatro años (40% del tiempo), un 55%. Y en seis años (60% del período), el 73%. “Se prioriza un flujo anticipado de fondos, que no solo va a recibir el gobierno provincial sino los municipios y comunas”, agregó el ministro Agosto.
Los municipios y comunas percibirán los títulos y el flujo de fondos en las mismas condiciones que la provincia. De acuerdo a los ratios de la ley de coparticipación, se distribuirán $ 21.600 millones.
De ese monto se van a detraer a 91 municipios los fondos que fueron adelantados para obras por la administración anterior, lo que da un flujo de 18.477 millones para los gobiernos locales.
El titular de la cartera económica destacó que el acuerdo asegura que todos los instrumentos aseguran el mantenimiento en términos reales de su capital, y además devengan una tasa de interés. Además, son transferibles, aunque aclaró que “la lógica de la provincia no es vender los bonos, sino cobrar el flujo de los fondos”. Al no haber urgencia para venderlos, “la cotización de los bonos no es la preocupación de la provincia”.
El destino de los fondos será el planteado en las sucesivas leyes de presupuesto, es decir la financiación de gastos de capital, sea inversión real directa o equipamiento.
También se podrán usar para cancelar créditos tomados para hacer obras. El gobernador dijo que el listado de obras a financiar no es distinto al de las que ya se expresan en el presupuesto provincial. Una de las prioridades será acelerar la ejecución del plan Incluir.
Los bonos quedarán resguardados en cuentas comitentes y los gobiernos locales la tendrán a disposición. Entre distintas alternativas, podrían ser utilizados como garantía para obtener financiamiento de proyectos de inversión o pagar a los contratistas que acepten esos títulos.
Por Carina Bazzoni
Por Hernán Cabrera