El gobierno nacional avanzará con la privatización de la empresa estatal Corredores Viales, la cual tiene a cargo la administración de las principales autopistas y rutas en trece provincias de la Argentina, entre ellas Santa Fe, a través de un proceso de licitación internacional.
El anuncio corrió por cuenta del vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa. “El gobierno ha decidido poner en manos del sector privado la gestión para operar y mantener las rutas nacionales concesionadas que se encuentran mayormente a cargo de Corredores Viales Sociedad Anónima”, dijo.
Corredores Viales, bajo la lupa
Acerca de los motivos de la medida, el vocero afirmó que la empresa estatal tiene un déficit operacional de 30 millones de dólares que, hasta diciembre pasado, fue financiado con fondos del Tesoro Nacional.
El gobierno de Javier Milei eliminó esos giros y se aplicaron aumentos tarifarios para cubrir el bache pero, según precisó Adorni, la empresa no cumplió con los estándares mínimos de operación y mantenimiento.
Corredores Viales SA se encuentra a cargo de unos diez tramos de autovías, por una extensión de más de 6.000 kilómetros, en las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Buenos Aires, Corrientes, Misiones, San Luis, Córdoba y Mendoza, y el acceso Riccheri a la ciudad de Buenos Aires.
Al respecto, el vocero señaló que cualquier empresa nacional o internacional que presente los seguros requeridos podrá participar de la licitación para ejecutar el servicio de modo más eficiente.
El objetivo de la privatización
“Es una apertura inédita hacia la transparencia. Además, las empresas que finalmente sean concesionarias cobrarán la tarifa de adjudicación recién una vez que hayan puesto la totalidad de la ruta en condiciones. De ese modo, se estima que el Estado tendrá un ahorro de 5.600 millones de dólares”, continuó Adorni.
El funcionario adelantó que en los próximos días se publicará la información preliminar para las empresas interesadas en las páginas web del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo; de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, al mando de Federico Sturzenegger, y de la Secretaría de Transporte.
La empresa estatal es una de las compañías que quedaron sujetas a privatización en el artículo Nº 7 de la ley Bases junto a Intercargo SAU, Energía Argentina SA (Enarsa), Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa), Sociedad Operadora Ferroviaria SE (Sofse) y Belgrano Cargas y Logística SA.