Archivo La Capital
El fiscal Sebastián Narvaja está a cargo de la acusación.
La agrofinanciera Guardati Torti que se encontraba en concurso de acreedores tras defaultear su deuda, logró un acuerdo con sus acreedores al cerrar la adhesión del 60% de ellos y el 75% del capital adeudado. Además, reconoció daños a sus clientes y resarcirá económicamente a 78 ahorristas que invertían a través de la empresa y habían denunciado a sus directores por estafa.
Mariano Pujol, abogado de damnificados, aclaró que el acuerdo se dio en el marco de la causa penal. “El objeto es el pago de una suma en concepto de resarcimiento por los daños que podrían haber sufrido nuestros clientes por los hechos sobre los cuales se está investigando por administración fraudulenta a los responsables de la empresa, Angel Torti y Juan Carlos Guardati”.
“Todo se dio en gran parte gracias al agravamiento de la situación penal de los directores con las últimas imputaciones y la colusión que implicaron que los dos máximos responsables de la firma terminen con prisión preventiva”, reseñó el abogado al tiempo que aclaró que “el convenio no se supeditó a que nuestros clientes tengan que adoptar alguna conducta en particular respecto del concurso preventivo”. Aclaró que “la causa sigue, hay muchos damnificados y el fiscal Sebastián Narvaja continúa con la investigación”.
La empresa, cuya deuda concursal asciende a 200.717.671 pesos y 1.726.000 dólares, le informará el acuerdo que llegó con sus acreedores al juez civil y comercial, Ezequiel Zabale, en las próximas horas y quedará a la espera de su homologación. El lunes vence el plazo de negociación en el marco del concurso preventivo.
Según el convenio, la concursada ofreció como propuesta el pago del 100% del monto de los créditos verificados o admisibles en pesos. Sería efectuado dentro del año de que la propuesta concursal fuere homologada judicialmente.
Para lograr el acuerdo fue clave que la empresa disponga ajustes a la propuesta pedida por los acreedores en temas claves como acortar el plazo de pago y garantizar la seguridad del cobro.
Por Facundo Borrego
Por Lucas Ameriso
