El pacto social, con el ajuste como meta

El sindicalismo tradicional nucleado en la CGT es, junto a los jefes territoriales del PJ, el mejor aliado de Mauricio Macri para enfrentar la tensión social del último tramo del año. El aporte que la oposición amigable hace a la viabilidad política del plan de ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo contrasta con el abstencionismo activo de los grandes ganadores del modelo macrista.

Es curioso, porque el mismo sector que en todos los foros empresarios comenzó a exigir al gobierno una victoria electoral de 2017 antes de comprometer apoyo económico, aporta poco a ese proceso. Por el contrario, lo pone en riesgo al profundizar la fuga de dólares, escamotear la inversión y esquivarle al blanqueo de capitales.

Sincerando otro error de cálculo, el gobierno comenzó a estirar plazos y flexibilizar condiciones para el blanqueo de activos. La caballería amiga, de nuevo, se mueve a trote lento. Y otra vez, la Nación descarga en los Estados provinciales la responsabilidad de traccionar el plan de exteriorización.

A cambio de una autorización a cuentagotas para endeudarse en dos tramos de 250 millones de dólares, el Estado provincial adhirió a la ley de blanqueo. Para satisfacer la presión nacional, la Legislatura votó una norma amigable con la oscuridad económica en el momento más inoportuno, cuando en los tribunales rosarinos se investiga un caso escandaloso de delito económico. Así quedó expuesto de boca de los mismos diputados oficialistas.

La adhesión al blanqueo es otro aporte de los dirigentes territoriales a la "gobernabilidad" que reclama el círculo rojo. En ese núcleo duro de intereses corporativos que tiene a Mauricio Macri como líder político, la invitación a "romperse el traste" por el país se lee, como siempre, en clave de una obligación ajena. Y no escatiman señales para que el propio gobierno lo entienda.

El pago del bono de fin de año, magra cosecha de un acuerdo en el que la central obrera compró el corpus del plan productivo y laboral del oficialismo en materia de competitividad, productividad y negociación salarial en base a las metas de inflación, pone a prueba las convicciones de ese círculo.

Pocos están dispuestos a pagarlo, a pesar de la "declaración política" en su favor. Se escudan en la recesión e inflación inflingidas con las medidas que aplaudieron hace poco menos de un año, cuando las primeras espadas del macrismo aseguraron que la devaluación no se trasladaría a precios.

Por esta horas, otro producto de los fabricantes de expectativas comienza a fallar. Los brotes verdes de agosto y las señales de reactivación que el ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, dijo que vio en el tercer trimestre, mutan en nuevos números rojos. El propio centro de estudios Orlando Ferreres leyó una caída superior al 4% durante el período y admitió que para ver signos de vida económica habrá que esperar al 2017.

La desregulación y la retirada del Estado de la economía, el descontrol de precios y la apertura de la cuenta capital impactaron en la puja distributiva. El plan oficial es consolidar y, en lo posible, profundizar, la reducción salarial de este año. Su estrategia, protocolo antipiquete incluido, se orientó a administrar la conflictividad que alienta esa política en los sectores perjudicados. Pero el descontrol que lo atormenta hoy es el de los sectores a los que beneficia. La frialdad política de los ricos obliga al gobierno a descargar la gobernabilidad de la aventura ajustadora en las representaciones de sus propias víctimas. Hay un eco allí de los tiempos de Fernando De la Rúa, cuando gobernadores y opositores sostuvieron a la administración radical través de distintos pactos y leyes demenciales, hasta que no hubo margen económico ni social. La historia no se repite. Y la misma CGT está hoy inundada de la tensión que hoy recogen como agenda otras expresiones del sindicalismo y de los movimientos sociales. Son los que tratan de impulsar una discusión para que el modelo sea revisado a tiempo.