A horas de que venzan los superpoderes otorgados por el Congreso en el marco de la ley Bases, el gobierno celebró el ajuste que llevó adelante en el Estado mediante los 65 decretos firmados en el marco de esa normativa. Dentro de esos festejos, anunció la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad y la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial. También la conversión del Instituto Nacional de Tecnología Industrial en una “unidad operativa”. Y se estima que en las próximas horas, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, coronará su tarea con el desguace del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).
En conferencia de prensa, el vocero presidencial Manuel Adorni informó la eliminación de la dependencia que tiene a su cargo la construcción y gestión de rutas nacionales. Explicó que, a partir de la publicación del decreto, se modificará la estructura de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que pasará a denominarse como Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte y será la autoridad de aplicación en lo que refiere a la fiscalización de concesiones viales”. Dijo que se licitarán 9.120 kilómetros de rutas.
El vocero encabezó los anuncios en Casa Rosada, acompañado en primera fila por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Durante la conferencia, ambos hicieron un repaso sobre los decretos que se firmaron en el marco de las facultades delegadas. “En concreto, los 65 decretos delegados que se promulgaron en este último año implicaron un ahorro de u$s 2.000 millones anuales en gastos”, dijeron.
Magros resultados
El Centro de Economía Política Argentina (Cepa) realizó un análisis de los resultados de la ley Bases a un año de su sanción. En el marco de esa normativa, el Congreso delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo, que hasta el 4 de julio dictó 157 decretos, de los cuales 61 se ampararon directamente en las delegaciones previstas por esa ley ómnibus.
Entre los organismos nacionales, programas y regímenes que se disolvieron figuran el Inadi, el Ente Nacional de Control y Gestión de la vía navegable, el Enohsa (obras de saneamiento), entre otros.
Al amparo de esta legislación, el gobierno disolvió también fondos fiduciarios y fondos de financiamiento. Por ejemplo, el Fondo Nacional de Emergencias y los fondos fiduciarios Progresar y de Vivienda Social. El Poder Ejecutivo también transformó organismos y transfirió bienes del Estado, convirtió empresas públicas en SA y habilitó la privatización de otras.
“En cada una de las áreas o sectores desregulados las consecuencias concretas fueron, y siguen siendo, el desmantelamiento de las funciones del Estado, sin que exista reemplazo de esta función en el sector privado”, señalaron desde el Cepa.
Otros decretos
Por otra parte, estos decretos delegados detallados se combinaron con una cantidad inusitada de DNU. De esa forma, por ejemplo, el gobierno estableció la nueva fórmula previsional, se autohabilitó a realizar canjes de deuda pública sin cumplir con ciertos requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera y a realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Cepa también posó su mirada sobre el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (Rigi), que también forma parte de la ley ómnibus. Señaló que, “de los cinco proyectos aprobados (de un total de 14), 4 de ellos ya existían previamente a la sanción del régimen”. Por otra parte, “en lugar de atraer capitales privados locales y sobre todo extranjeros, la petrolera de mayoría estatal, YPF, protagoniza las inversiones” del régimen. Participa del 58% del moento previsto por u$s 16.514 millones.
Más impuestos
El paquete fiscal aprobado en paralelo a la Ley Bases restableció el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Al momento de su implementación, alrededor del 12,2% de las y los trabajadores registrados comenzaron a tributar el impuesto, en contraste con el 1,7% que lo hacía entre octubre de 2023.
Otro pilar de la Ley Bases fue la reforma laboral, que eliminó sanciones por empleo en negro y flexibilizó las modalidades de contratación. De acuerdo con los datos del Indec, la tasa de empleo no registrado en los aglomerados urbanos alcanzó el 42,0% en el cuarto trimestre de 2024, lo que implica un aumento de 0,8 punto porcentual. En el acumulado desde diciembre, se perdieron 173.563 empleos registrados. De ese total, 58.210 corresponden al sector público, mientras que en el sector privado la pérdida asciende a 115.353 puestos. En contraste, el trabajo independiente registrado bajo el régimen de monotributo se expandió de 2.037.762 en noviembre de 2023 a 2.112.759 en la actualidad.
Represión
Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), acompañados por sindicatos, docentes y movimientos sociales, manifestaron en la puerta del organismo contra la intención del gobierno de Milei de desguazar y achicar el organismo.
Es que si bien hasta ahora no fue publicado el decreto para su desguace, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, tiene tiempo hasta el martes para firmarlo con las facultades que le otorgó el Congreso.
La protesta terminó con represión: cuando los trabajadores estaban haciendo un abrazo al organismo, la policía les tiró gases lacrimógenos y balas de goma y se llevó detenidas a cuatro personas.
