Economía

El "corsi e ricorsi": el regreso a la ley del más fuerte

Tensión. El cordón industrial se llena de conflictos por la situación del empleo

Domingo 08 de Julio de 2018

La expresión italiana "corsi e ricorsi" está tomada de la teoría del acontecer histórico del filósofo de la historia Giambattista Vico (1668-1744) para el que la historia no avanza de forma lineal empujada por el progreso, sino en forma de ciclos que se repiten, es decir, que implican siempre avances y retrocesos. Como un péndulo que pica y repica de un extremo al otro.

En materia de Derecho del Trabajo a título de ejemplo, la Ley de Contrato de Trabajo data del año 1974 y representó una norma de avanzada. A partir del Golpe de Estado de 1976 fue sufriendo modificaciones producto de los distintos ciclos de la historia. Pero como en este corsi e ricorsi, ningún periodo tiene la última palabra, ningún período es el definitivo, no existe victoria final: lo que hoy triunfa, puede caer mañana y volverá a renacer más tarde bajo otro signo, el texto original- de avanzada- no pudo ser recompuesto a pesar de las sucesivas reformas que sufrió.

Cada uno de esas reformas legislativas se caracterizó fundamentalmente por la implementación de planes económicos desde mayor a menor concentración económica del capital, desde mayor a menor estímulo en la producción de bienes, con apego o no a la soberanía nacional, con democracia o dictaduras, ampliando derechos como imperativo legal o restringiendo los mismos.

Lo que en la actualidad se presenta, viene a colocar el péndulo en notas que tipificaron ciclos ya vividos. Específicamente aquellos ciclos en los que los derechos sociales se ven afectados por la necesidad financiera del Estado. A modo de ejemplo, la firma del acuerdo con el FMI de reciente publicidad, da cuenta de que el péndulo se coloca en un modelo económico ejecutado desde una escasa soberanía nacional y que trajo aparejada la reforma previsional como exigencia, entre otras finamente detalladas.

También se anuncian cambios desde los resortes que la democracia prevé, como las reformas que pasan por el Congreso de la Nación, mientras que otras se implementan en modo directo a través de prácticas llevadas a cabo por los que representan al poder, o sea al decir de Ferrajoli "la ley del más fuerte".

Tal es el caso de la reforma laboral, la que no pasa por el Congreso, la que se plasma en telegramas de despido, por ejemplo. Ese acatamiento a las exigencias del poder económico tutelado en este ciclo, obedece a razones de reestructuración de las leyes, del Estado, de las prácticas, sustituyendo paradigmas pilares en el mundo del trabajo, como los contratos por tiempo indeterminado, de un trabajo estable que es el que le asegura al trabajador su permanencia en la empresa hasta que se jubile, salvo justa causa.

El primero que habilita este comportamiento es el Estado nacional que en su carácter de empleador, es decir como patrón, ya recortó en un número de 21.255 los cargos de trabajadores estatales desde 2015 a abril de este año, mientras que el gasto creció entre el 50 y el 265%.

Al igual que en otro ciclo, el Estado tomó porcentaje de los salarios de los empleados públicos invocando una crisis económica de la que ese sector definitivamente no era responsable. Mismo comportamiento se tradujo en el sector privado. Eso explica la actual alta tasa de desempleo.

El despido es un acto violento, rompe con el paradigma del empleo estable. Mucho más con un dólar a $30. ¿Nos preguntamos cuál sería el destino de un trabajador despedido al que se le abona la indemnización en pesos en un contexto de una economía con un dólar a $30? En los noventa la respuesta fue la "reconversión industrial" la que pobló las calles de kioscos y taxis. A los excluídos del sistema lo integran la larga nómina de trabajadores, operarios calificados "reconvertidos" en actividades por fueras de su oficio, de su competencia, por fuera de su dignidad.

El salario es alimentario, afecta directamente la economía familiar, la de una comunidad toda. Es inadmisible el "te despido porque quiero". Hay modos, hay reglas, hay un ámbito, hay un rol del Estado de intervenir para superar las dificultades que presenta una empresa (Repro). Pero para eso el trabajo, la producción y no la productividad/ganancia, tienen que ser bienes/valores jurídicos sujetos a tutela, protección y cuidado. Tienen que ser las políticas públicas de protección de la producción y del empleo los motores de impulso del péndulo y no la voluntad del mercado.

Lejos de eso, el Estado ha dejado de recaudar $ 4.600 millones de pesos entre marzo y mayo debido a la reducción de las contribuciones patronales (fuente CET y D-Unsam en base a Afip, EIL y Sipa). No existe responsabilidad empresaria alguna en el pago de una indemnización frente a un despido con causa injusta. A un despido que obedece a la voluntad de un mercado sin cara. Un mercado que se ha cansado de exigir a los gobiernos flexibilizar, precarizar, expulsar, en nombre de la seguridad jurídica cuando a la vez son los generadores de vulnerabilidad social, que piden una paz social que se asemeja a la paz de los cementerios.

Hoy esto coloca al péndulo en los cambios de las relaciones individuales de trabajo como las ya expuestas así como las que se discuten en el ámbito de lo colectivo: del péndulo colocado en los ciclos en los que se plasmaron el valor del salario en alza, la inclusión de premios o bonificaciones, de salud, vivienda, educación y reparto de ganancias en los convenios colectivos de trabajo. Contenidos de políticas de ciclos que basados en la construcción colectiva para la promoción del bienestar de todos. Del bienestar público. A un péndulo situado hoy en mayor ganancia sin responsabilidad social empresaria.

El modo de hacer correcto que la actualidad impone a los actores involucrados en el mundo del trabajo, no puede pensarse sin incorporar al Poder Judicial encargado de velar por la equidad y justicia. La aplicación en los casos concretos de leyes justas pareciera que da lugar a otro modo que es hacer justicia con leyes y prácticas teñidas de inequidad.

No es casual que la inclusión de derechos y garantías en los convenios colectivos de la década del 70 peleen hoy por su ultractividad. Quizás la labor más importante de las dirigencias sindicales y políticas de estos tiempos -en su correcto hacer-, sea justamente la de generar normas y prácticas para un nosotros muy grande que nos incluye a muchos, aún a quienes no conoceremos jamás.

Suscribo fervientemente la tarea de echar raíces a árboles cuya sombra seguramente no disfrutaremos.


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