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El proyecto que se presentó este lunes en la Legislatura busca asistir a las mipymes afectadas por la caída de actividad. La propuesta contempla moratorias de hasta 48 cuotas y reducir 50% las tarifas de luz y agua para industrias de Santa Fe
Emergencia pyme. El proyecto busca asistir a las empresas afectadas por la caída de actividad, el aumento de importaciones y la pérdida de empleo en sectores fabriles.
Este lunes ingresó en la Legislatura santafesina un proyecto de ley para crear un “Régimen de regularización tributaria y emergencia tarifaria productiva”, una iniciativa que busca aliviar la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas mediante planes especiales de pago y fuertes bonificaciones en servicios públicos.
La propuesta contempla una moratoria para deudas de Ingresos Brutos y Sellos de hasta 48 cuotas, con reducción del 70% de intereses y condonación total de multas no firmes, además de un régimen de pago para inmobiliario urbano y patente con financiación de hasta 36 cuotas sin interés.
El proyecto también declara una emergencia tarifaria para el sector productivo y propone una bonificación del 50% en las facturas de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y de Aguas Santafesinas (Assa) durante un año para mipymes industriales y manufactureras intensivas en el uso de esos servicios. La autoridad de aplicación deberá definir los criterios de elegibilidad para acceder al beneficio.
En los fundamentos de la iniciativa, impulsada por el diputado Miguel Rabbia, se argumentó que la industria santafesina atraviesa “una crítica situación”, con especial impacto sobre el sector metalúrgico. Citó informes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario (AIM), según los cuales la actividad del sector cayó cerca de 9% durante 2025, profundizando un ciclo recesivo que ya había provocado un derrumbe de 26,4% en la facturación real durante 2024. Según el texto, la situación empeoró al inicio de 2026, cuando la actividad metalúrgica registró una caída interanual del 24,9% en febrero.
El legislador sostuvo además que el deterioro industrial está vinculado al fuerte aumento de importaciones, que avanzaron 44,2%, desplazando producción local y agravando el déficit comercial del sector. A esto se suma la baja utilización de la capacidad instalada, que a nivel nacional descendió al 38,9% hacia fines de 2025, reflejando un escenario de fábricas trabajando por debajo de la mitad de su potencial productivo.
La iniciativa pone especial énfasis en el impacto laboral de la crisis industrial. Según los fundamentos del proyecto, solo en Rosario se perdieron más de 1.300 empleos fabriles en los últimos dos años, mientras que a nivel nacional la industria metalúrgica eliminó cerca de 20 mil puestos de trabajo registrados y más de 780 empresas dejaron de operar desde finales de 2023. “Sin una intervención estatal que alivie la carga financiera y de servicios, corremos el riesgo de una destrucción irreversible del capital productivo”, advirtió Rabbia.
El texto también extiende parte de los beneficios al conjunto de los contribuyentes santafesinos. En particular, el esquema especial para el pago del impuesto inmobiliario y de las patentes apunta a generar “un aliciente frente a las dificultades económicas” generales que atraviesa la provincia.
La propuesta deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados provincial, en un contexto en el que distintos sectores productivos vienen reclamando medidas de alivio frente a la caída del consumo, el aumento de costos operativos y las dificultades para sostener el empleo industrial.
El municipio envió al Concejo el proyecto para adherir a la ley provincial que prohíbe la actividad de los trapitos. Contempla multas de hasta $907.600, tareas comunitarias e intervención policial para retirar a los trapitos de las calles.
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