Despidos y represión a trabajadores del sector público nacional

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó protestas en todos los organismos públicos, en el marco de una nueva ola de despidos de empleados del sector público. La medida de fuerza ocurrió luego de que el gobierno avanzara con 2.000 nuevas cesantías, enfocadas en las áreas de la Secretaría de Derechos humanos y el exministerio de la Mujer. Durante las movilizaciones hubo represión y detenidos en puerta del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti).

”Esto se parece cada vez más a una dictadura”, evaluó Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato, acerca de la política de despidos de la administración de Javier Milei. “Si el Estado quiere barrer y limpiar pasen la escoba por la Casa Rosada porque ahí está toda la basura”, agregó a través de una declaración que hizo mediante una publicación en Twitter.

“Enfrentamos un plan sistemático para destruir el Estado en el que los nuevos desaparecidos son los trabajadores despedidos, ellos y sus familias están siendo condenados a una muerte civil”, argumentó.

Aguiar encabezó una parte de las medidas de fuerza junto a la conducción nacional de ATE, en la sede nacional del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), ubicada sobre la colectora de Av. General Paz al 5445, del lado de la Provincia de Buenos Aires. Este instituto público registró el despido de unos 285 trabajadores, según reportó el gremio.

La policía de la Ciudad de Buenos Aires reprimió y detuvo a trabajadores del Inti, ATE y la CTA Autónoma durante esa protesta. Aguiar denunció: “Nos proponen un modelo de país que solo entra con represión, exigimos la inmediata liberación de los dos compañeros detenidos”, dijo.

Agregó que hay una gran cantidad de cesantías en el interior del país y advirtió que “por estas horas el Estado nacional agoniza en las provincia”.

“Estos despidos se traducen en una pérdida de derechos para toda la población. El empleo público está estrechamente ligado a los derechos sociales, económicos y culturales que los Estados tienen que garantizar a través de sus políticas públicas”, añadió.

Aguiar lamentó las declaraciones del portavoz Manuel Adorni, quien en múltiples ocasiones celebró los despidos de estatales y el cierre de áreas y organismos. “Tuvimos que escuchar a un vocero decir que esta segunda tanda de despidos se llevaba adelante para seguir limpiando. Si se trata de barrer el Estado, que la escoba la empiece pasando por la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, ahí van a encontrar toda la basura junta”, retrucó.

Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital, precisó por su lado ante la 750 que “los despidos son generales, pero vienen afectando particularmente al Incaa, a lo que era Desarrollo Social, Parques Nacionales y algunos organismos descentralizados de Salud”.

Además de los despidos, los estatales sufren especialmente la caída del salario real. Según el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), en el caso del salario del sector público, el ajuste fiscal golpea en forma directa en todos los niveles jurisdiccionales. 22% cayó el salario público en sólo 5 meses, y la recuperación se presenta más difícil todavía que para los trabajadores del sector privado.

En general, la caída del poder de compra del salario durante el gobierno de Milei implicó una pérdida, en promedio, de casi $ 500.000 por trabajador en sólo cinco meses.

Esto implicó “una transferencia de $12,4 billones de pesos”, señaló el Mate, que explicó que “$ 8,8 billones salieron del bolsillo de los trabajadores y el Estado dejó de percibir 2,7 billones por aportes y contribuciones”.