El decreto 868/2026 modifica la aplicación de la ley 26.659 y establece un nuevo procedimiento para sancionar actividades petroleras no autorizadas
El gobierno nacional estableció un nuevo régimen para sancionar a aquellas personas y empresas que realicen actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina en los espacios marítimos de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La medida quedó formalizada a través del decreto 868/2026 publicado este viernes en el Boletín Oficial. La norma designó a la Cancillería como autoridad de aplicación de la ley 26.659, fijó plazos para los procedimientos administrativos y sumó controles para el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a permisos petroleros.
El nuevo esquema entrará en vigencia este sábado 5 de septiembre, un día después de su publicación.
El decreto establece que todos los organismos y entidades de la Administración Pública Nacional deberán informar a la Cancillería, dentro de un plazo de cinco días hábiles administrativos, cualquier hecho que pueda encuadrar en las conductas prohibidas por la Ley 26.659.
Con esa información, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto podrá iniciar de oficio o a partir de la comunicación de otro organismo el procedimiento administrativo correspondiente.
Una vez iniciado el sumario, la persona o empresa involucrada tendrá 10 días hábiles para presentar su descargo y ofrecer pruebas. Cumplidas las etapas previstas, la autoridad de aplicación deberá dictar una resolución fundada dentro de otros 10 días hábiles.
Si la investigación determina que corresponde aplicar una sanción, la resolución deberá publicarse en el Boletín Oficial y comunicarse para que adopten las medidas corrrespondientes a la Secretaría de Energía, la Procuración del Tesoro y el Ministerio Público Fiscal, entre otros.
El gobierno implementó estos cambios con el fin de otorgar "mayor celeridad, eficacia y coordinación" a las investigaciones sobre actividades hidrocarburíferas que considera no autorizadas en torno a las islas.
La Ley 26.659 establece sanciones para quienes desarrollen o faciliten actividades vinculadas con la exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Entre las principales consecuencias figura la inhabilitación para operar por un período de entre cinco y 20 años. Además, cuando las empresas sancionadas poseen concesiones hidrocarburíferas, estas pueden revertir al Estado nacional o a las provincias, según corresponda.
Según los fundamentos del decreto, desde la sanción de la Ley 26.659 el Estado declaró ilegales las actividades hidrocarburíferas desarrolladas por diez empresas en la plataforma continental argentina y ya dispuso la inhabilitación de algunas de ellas.
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Uno de los principales cambios alcanza al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
A partir de ahora, las empresas que soliciten su adhesión deberán presentar una declaración jurada en la que manifiesten que no incurren ni incurrirán en las conductas prohibidas por la Ley 26.659. La declaración también deberá alcanzar a los participantes directos e indirectos de las compañías.
Además, antes de resolver una solicitud de adhesión al RIGI, la autoridad de aplicación deberá intervenir para determinar si existen conductas vinculadas con actividades hidrocarburíferas no autorizadas.
El gobierno aclaró que esta exigencia no constituye un nuevo requisito esencial del RIGI, porque el cumplimiento de la Ley 26.659 ya resultaba aplicable. El cambio consiste en incorporar de manera expresa el mecanismo de control y la declaración jurada dentro del procedimiento de adhesión.
El argumento oficial es que el Estado no puede sancionar e inhabilitar a una empresa por realizar actividades petroleras no autorizadas en Malvinas y, al mismo tiempo, otorgarle beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y estabilidad normativa mediante el RIGI.
El gobierno también modificó la reglamentación de la Ley 17.319 de Hidrocarburos.
Las empresas que busquen obtener permisos, concesiones, autorizaciones o habilitaciones deberán presentar una declaración jurada que acredite el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 26.659.
Cuando se trate de sociedades, el requisito también alcanzará a las personas o empresas que tengan participación directa o indirecta en ellas.
De esta manera, la Cancillería tendrá intervención en estos trámites para determinar si existen conductas incompatibles con las prohibiciones establecidas por la legislación sobre actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.
Durante el comunicado, Milei cuestionó el avance del proyecto Sea Lion, destinado a la explotación petrolera offshore en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.
El proyecto está operado por Navitas Petroleum, de origen israelí, y Rockhopper Exploration, compañía británica. Según afirmó el mandatario, la iniciativa tiene previsto comenzar "en algún momento de los próximos meses".
El nuevo esquema de controles busca impedir que actores vinculados con actividades hidrocarburíferas que el gobierno considera ilegales puedan acceder a los beneficios del RIGI o a permisos y concesiones bajo la legislación argentina.
El anuncio sobre las sanciones a las petroleras formó parte de una serie de medidas comunicadas por Milei durante la cadena nacional.
El presidente adelantó que enviará al Congreso diferentes proyectos. Entre las iniciativas mencionó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima.
Además, anunció la ampliación de los recursos del ministerio de Defensa y la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia, con el objetivo de fortalecer la proyección argentina en el Atlántico Sur.
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Por Leandro Garbossa, para La Capital
