El jefe del bloque de diputados provinciales del socialismo, Rubén Galassi, presentó ayer un proyecto de ley que aspira a que la Casa Gris tenga participación en el capital accionario del Banco de Santa Fe SA.
El jefe del bloque de diputados provinciales del socialismo, Rubén Galassi, presentó ayer un proyecto de ley que aspira a que la Casa Gris tenga participación en el capital accionario del Banco de Santa Fe SA.
La iniciativa autoriza al gobierno de Miguel Lifschitz "a iniciar y desplegar todas las gestiones, acciones y medidas necesarias para hacer efectiva la participación de la provincia en el capital accionario del Nuevo Banco de Santa Fe, así como su integración en el directorio y/o sindicatura de la entidad".
El legislador expresó que la medida "apunta a que el Estado provincial pueda tener participación en una entidad financiera que promueva la producción, asista a empresas y ayude a modificar la matriz productiva" ya que, a su entender, "son muchas las políticas que se pueden encarar estando sentados en una misma mesa".
"Están dadas las condiciones para que la provincia pueda volver a tener injerencia en las decisiones del banco, pensando en fomentar créditos a pequeños productores y pymes, y por qué no líneas hipotecarias, que otros bancos están lanzando", señaló Galassi.
El proyecto también contempla que "el Ejecutivo informará periódicamente a las Cámaras legislativas acerca del avance de las medidas, acciones y/o gestiones que se desarrollen".
"Desde hace 20 años, cuando se avanzó con la privatización del banco, Santa Fe se privó de una herramienta clave para el desarrollo económico y social: el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y del campo, la generación de empleo y la posibilidad de tener una provincia integrada en todos los aspectos", indicó el diputado.
Santa Fe fue de las primeras provincias en desprenderse de su herramienta financiera, en el marco de los procesos de privatización y liquidación de entidades públicas encarados en la década del 90.
Sin embargo, a pesar de haberse instalado un paradigma de crecimiento económico que despreciaba lo público, las privatizaciones no fueron implementadas de manera automática por todas las provincias ni organismos gubernamentales.
Con particular intensidad en el sector de la banca pública, hubo provincias y municipios que resistieron y mantuvieron sus entidades financieras en la órbita estatal, como Buenos Aires, la Capital Federal y la Municipalidad de Rosario.
Luego de un proceso que arrancó a fines de la década del 70 y que involucró durante años acciones de "vaciamiento del capital del banco, desacreditación social de sus trabajadores y aprobación de operaciones financieras de dudosa confiabilidad, entre otras maniobras", se aprobó el 7 de marzo de 1996 la ley de privatización.
Esa jornada estuvo signada por la represión a los trabajadores que se movilizaron frente a la Legislatura santafesina para oponerse a esa medida. Finalmente, en 1998 llegó la venta del Banco Provincial al capital privado.