Aguas Santafesinas formalizó el pedido de aumento del 60%

La empresa Aguas Santafesinas SA (Assa) solicitó ayer en una audiencia pública un aumento en la tarifa de agua potable y cloacas para este año del 60% en dos tramos. Del encuentro participó la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, organizaciones de usuarios y legisladores provinciales, que criticaron el pedido.

La empresa justificó la necesidad de ese aumento porque “muchos de los insumos que debe adquirir la empresa para realizar la potabilización del agua están dolarizados y otros, que no lo están, han incrementado igualmente mucho su valor”. En caso de aprobarse, el cálculo de Assa es que el 75% de los usuarios residenciales pasaría a pagar una boleta bimestral de 1.600 pesos, mientras que el 5% pagará por encima de $ 3.000.

El pedido

La vicepresidenta de la compañía, Marisa Gallina, en nombre del presidente Hugo Morzan (aislado por coronavirus), explicó que el último aumento de tarifas que se aplicó fue para reconocer “los incrementos en la estructura de costos sobre la base de los estados contables del año 2018”. Y que en estos años pasaron cosas, como la bajante extraordinaria del río, que exigió inversiones y gastos de emergencia, afrontadas “conjuntamente con el Estado provincial”.

El gerente de Comunicación de Assa, Guillermo Lanfranco, explicó que por el “necesario congelamiento de tarifas en el contexto de la pandemia”, el Estado provincial tuvo que hacer más aportes para sostener la operación de la empresa. En 2021 cubrió el 46% de los gastos, cuando la media histórica desde 2006 es del 25%”. En ese sentido, advirtió que, si se mantiene el actual valor de la tarifa, la provincia deberá aportar en 2022 el 70% del costo de gastos operativos.

Señaló que para continuar la prestación de servicios en el “complejo escenario” de pandemia y bajante, el Estado tuvo que aportar $ 500 millones. Y que “simultáneamente”, durante la actual gestión se iniciaron 56 obras que demandan $ 15.000 millones de inversión “con recursos de provincia y Nación”, dijo.

Entre Rosario, mencionó el tendido de desagües cloacales en barrio Belgrano Sur con conexiones que benefician a más de 7.000 vecinos, y lkos trabajos correspondientes a la optimización de filtros y sistema de cloración de planta potabilizadora Rosario para mejorar procesos. Por otra parte, junto al Enohsa, se licitaron las obras para duplicar la capacidad de producción del Acueducto Gran Rosario.

Las grandes obras en curso en la mayoría de las ciudades tienen financiameinto nacional por el acuerdo firmado entre el gobernador Omar Perotti y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

Las críticas

La mayoría de los oradores que participaron de la audiencia virtual cuestionaron el pedido de aumento de tarifas. De hecho, el diputado provincial Carlos Del Frade (FSP) opinó que “si fuera vinculante no debería aumentarse la tarifa del agua, porque la mayoría nos opusimos”.

El legislador reclamó “valentía política” al gobierno para no aumentar tarifas. “Los aumentos pedidos por la EPE, de alrededor de $ 12.300 millones y por Assa, de $ 3.200 millones, bien pueden obtenerse del monto total que le debe la Nación a la provincia, redireccionando fondos del actual presupuesto, pagando con letras de cancelación garantizadas por esa deuda que tiene el Ejecutivo nacional con Santa Fe o exigiendo que solamente menos de 20 exportadoras paguen el 5%en concepto de ingresos brutos”, enfatizó.

El defensor del Pueblo Jorge Henn dijo que las quejas que esa dependencia recibe de los usuarios son “fundamento suficiente” para oponerse al incremento de tarifas.“El servicio es muy malo”, dijo y reclamó un plan para “avanzar hacia una eficientización del servicio y racionalizar el consumo”.

También describió un “panorama aún más restrictivo” para que los usuarios afronten los pagos. En ese sentido, reclamó crear una tarifa social ya que el acutal esquema de “casos sociales” es “un resabio del esquema de privatización del servicio de agua potable y saneamiento y rige desde el año 1999”. A diferencia de los servicios de energía eléctrica y gas natural por redes, la eximición de pago en Assa es temporal y requiere “condiciones económicas apremiantes”.

La diputada provincial Clara García (FPCyS-Socialistas) criticó o por “excesivo” el aumento que pidó la empresa y consideró que se podrían disponer “distintas capacidades de financiamiento” para minimizar la suba. También criticó la “abrupta” disminución en la colocación de micromedidores, que “atenta contra la equidad y la responsabilidad del uso del agua”. Recordó, además, que hace un año y medio presentó un proyecto para que se impida el corte de servicio a usuarios de “determinada condición social” aunque tuvieran deudas. “Por ejemplo, quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH)”, dijo.

También cargó contra el gobierno nacional, que en el presupuesto nacional adicionó en noviembre $ 64 mil millones para Aysa, que atiende a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a 26 localidades del conurbano bonaerense”. Y para 2022 tiene asignado otros $ 133.000 millones, “una cifra cercana a la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia de Santa Fe”.

Assa funciona como Sociedad Anónima desde 2006, presta el servicio de agua potable y cloacas en quince ciudades santafesinas: Rosario, Santa Fe, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez, San Lorenzo, Rufino, Cañada de Gómez, Firmat, Casilda, Funes, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, Gálvez, Esperanza y Reconquista.