En su actual estado de situación, Vicentin necesitaría unos 60 años para cancelar su deuda de más de u$s 1.300 millones. Esa es la proyección que surge de un análisis económico que circula entre acreedores de la compañía. El informe advierte que este cuadro se agrava día a día y estima que sólo la construcción de una voluntad mayoritaria de los votos de los acreedores puede evitar la quiebra y garantizar la continuidad a la firma. Ese objetivo, señala, podría alcanzarse por vía de un liderazgo colegiado que “no puede excluir al Estado nacional”.
El trabajo revisa el balance de 2019 que presentó tardíamente la empresa. Y observa que el patrimonio neto declarado, negativo en $ 17.502 millones, se eleva a $ 37.248 millones si se recalcula ajustando dos partidas del activo “cuya posibilidad de cobro o valuación permite ser puesta en duda”. Se trata de los rubros “activo neto por impuesto diferido” y “revalúo técnico de bienes de uso no computable Afip”. Algo parecido ocurre con el estado de activos y pasivos presentado por la empresa cuando se abrió el concurso: se mostró un patrimonio neto positivo de $ 2.483 millones que, “recalculado”, se convertiría en $ 30.710 millones para atrás. Estos saldos negativos se agravan por el efecto de la devaluación del peso sobre los pasivos en dólares, euros o granos.
Es que, al ajustar con esta variable los créditos presentados por los acreedores, el pasivo concursal pasa de los $ 99.487 millones estimados por la empresa al 9 de febrero pasado, a $ 114.656 millones. Un aumento del 14%. Si se actualiza al mes en curso, el crecimiento de la deuda sería superior al 40%. “Si bien falta la aceptación o rechazo total o parcial de las pretensiones, el aumento del pasivo no hace sino profundizar el tamaño de la pérdida de capital”, señala el informe.
El trabajo estima que la concursada sólo tiene disponible entre $ 180 millones y $ 250 millones mensuales para atender el pasivo concursal calculado en $ 144.129 millones. La proyección es que se requerirán unos 60 años para cancelarlo, “sin incluir actualizaciones ni intereses”.
En ese sentido, el análisis concluye que es imprescindible restaurar el patrimonio a los niveles previos al cierre del balance de octubre de 2019 para “evitar la quiebra, la liquidación o enajenación parcial y toda otra forma de vaciamiento”. Ese objetivo requiere construir una mayoría de acreedores que, en un universo heterogéneo, sólo se puede articular con un liderazgo colegiado que, “debe incluir al Estado nacional, sus agencias acreedoras, sus niveles subnacionales, cooperativas, productores y, en la medida de lo posible, contar con el aval de los acreedores financieros no residentes en el país”.
El informe advierte que el patrimonio neto de Vicentin Saic “viene decreciendo desde que se presentó a concurso” y que la firma “no puede producir el excedente necesario para afrontar su pasivo de u$s 1.300 millones”.
Estima que con el paso del tiempo “se seguirán depreciando sus activos” y que “la firma así sólo podrá funcionar por un año más”.
También señala que si avanza la apuesta de la actual conducción empresaria de vender los activos devaluados a algún grupo transnacional, le quedará al Estado “el rol de hacerse cargo de las consecuencias sociales que dejará la caída de Vicentin”.
Para que ello no suceda, sugiere que YPF Agro, el Banco Nación, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), el Bapro y el Bice “actúen coordinadamente bajo un misma estrategia” con el objetivo de crear una empresa de agroexportaciones público-privada con mayoría estatal.
