En la edición de La Capital del 19 de abril pasado, página 8, se informa sobre los aumentos a los pasivos provinciales. Y dice: "...la suba comenzará a cobrarse en mayo, pero es retroactiva a marzo..." Esas afirmaciones, digamos "erróneas", fueron realizadas por el subsecretario de Seguridad Social de la provincia, Víctor Adamik. Los jubilados provinciales están subdivididos en 17 sectores (cada uno con su respectiva paritaria,que se realiza en el marco de las leyes que emanan de las convenciones colectivas de trabajo), todos ellos, incluida la policía y el servicio penitenciario, cerraron sus acuerdos de variaciones salariales con retroactividad al 1º de febrero. La Caja de Jubilaciones está obligada por el artículo 5º, ley 12.464, a trasladar esos aumentos en un plazo máximo de 30 días; de ningún modo a modificar lo acordado en las actas paritarias y homologadas, mediante decreto, por el Poder Ejecutivo. Si desde la Caja de Jubilaciones y/o desde la Subsecretaría de Seguridad Social pretenden modificar lo hecho en el marco de las leyes, estaríamos ante una aberración jurídica y trasformarían a funcionarios de tercer o cuarto nivel del gobierno de la Provincia en miembros supraparitarios.
