Caja de Jubilaciones: la provincia argumentó su demanda a la Nación en la Corte

El gobierno de Maximiliano Pullaro explicó las razones que llevaron a la provincia de Santa Fe a demandar ante la Corte Suprema al Estado nacional por la deuda que acumula con la Caja de Jubilaciones, estimada en unos 800 mil millones de pesos.

“Cuando nos tocan los recursos, reclamamos como corresponde”, afirmó ayer en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Fabián Bastía.

A pesar de la tibieza inicial en la relación con el gobierno de Javier Milei, cuando la administración central sacó los fondos para los docentes, el transporte y la obra pública, la gestión Pullaro parece ahora haber colmado su paciencia. Tras apoyar la ley Bases y suscribir el Pacto de Mayo, el Tesoro provincial tuvo que destinar recursos propios para pagar las jubilaciones de estatales santafesinos por una deuda que la Nación acumula desde el 2020 y que Milei profundizó con el decreto 280/2024 al no reconocer las transferencias automáticas mensuales fijadas por la ley de Presupuesto.

El jueves pasado, Pullaro se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Fue con otros gobernadores del ex Juntos por el Cambio que tienen el mismo problema con sus cajas previsionales, y se encontró con la firme resistencia del funcionario nacional para saldar esa deuda. Luego tuvo un encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo, y se fue de allí con la sola promesa de que iba a evaluar la situación. En definitiva, nada en concreto y Pullaro volvió a Santa Fe con las manos vacías. Fue un último intento para no activar la demanda ante la Corte, que ya estaba preparada y la anunciaron el domingo pasado.

El propio Bastía, en la conferencia de ayer, se refirió a la reunión con el jefe de Gabinete. “La semana pasada el gobernador se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y no hemos tenido ninguna oferta de solución al respecto”, apuntó el funcionario provincial.

A su vez, Bastía defendió el inicio de la demanda judicial como un recurso válido para intentar cobrar la deuda. “Tenemos muchas expectativas en el camino emprendido. Y como siempre decimos: diálogo pero con firmeza. Todo lo que venimos diciendo que vamos a hacer o reclamar nos pone a la provincia de Santa Fe en primer lugar para ir contra el decreto 280”, sostuvo en conferencia de prensa el funcionario provincial.

Ya en marzo pasado, cuando se conoció el detalle del decreto de Milei, el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, había adelantado que la provincia iba a evaluar una presentación judicial por lo que entendió una “trastada” de Milei y una “retención indebida de fondos”.

“Las Cajas de Jubilaciones no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral”, había criticado Boasso.

En su demanda ante la Corte, Pullaro cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos; y además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el Estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas. Un pacto que se remonta cuando Argentina era gobernada por Carlos Menem, “el mejor presidente de la historia”, según las palabras del propio Milei.

Bastía aseguró que “esa falta de pago por el déficit de la Caja de Jubilaciones de empleados públicos de la provincia, que es un pago a cuenta del déficit, significan para los primeros seis meses del año $ 70 mil millones. Esto es solo por montos de transferencias automáticas. Esta es una demanda a partir del DNU de Milei”.

Bastía remarcó que “además de esta acción judicial, la provincia tiene otra que inició la gestión anterior y nosotros continuamos, la adecuamos, hicimos una nueva liquidación y esa demanda está en los $ 700 mil millones y comprende los cuatro años desde el 2020, 2021, 2022 y 2023, más los meses de la gestión del presidente Milei”.

Por otra parte, el ministro de Gobierno detalló que “en la medida judicial presentamos un pedido de inconstitucionalidad y una medida cautelar para que se restablezcan de manera inmediata las transferencias de esos fondos” y remarcó que “esta es la posición de la provincia de Santa Fe que más allá de dialogar, de buscar consensos, siempre va a defender los intereses de los santafesinos”. Y sostuvo que “esos 70 mil millones de pesos fueron aportados por las cuentas provinciales, por el fisco provincial, para cumplir con las obligaciones con nuestros beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la provincia de empleados públicos y funcionarios públicos”.

Por último, Bastía aseguró: “Tenemos muchísimas expectativas en el camino emprendido y seguiremos dialogando pero con firmeza. Esto pone a la provincia de Santa Fe como una de las jurisdicciones _o la primera_ en ir por la inconstitucionalidad del decreto 280”.

“Cuando nos tocan los recursos de la provincia, no estamos de acuerdo y lo decimos, y reclamamos como corresponde. Ni nos sometemos ni entramos en estados de beligerancia, creemos en el diálogo pero ante este incumplimiento de esta magnitud vamos a la Justicia”, finalizó Bastía.