Pensiones por discapacidad: tras las denuncias de coimas, piden restablecer los beneficios

Tras las denuncias por posibles actos de corrupción que involucran al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, instituciones rosarinas salieron a exigir que se restablezcan las pensiones que se habían suspendido y se deje sin efecto la cuestionada auditoría realizada a principios de año. Según advierten, el beneficio resulta "vital" para las personas.

La Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) es una institución sin fines de lucro que trabaja para reparar los derechos de las personas con discapacidad y su familia. A días de que se hicieran públicos supuestos actos de corrupción en la agencia nacional, salió a reclamar que se de marcha atrás con las auditorías y la suspensión de las pensiones por incapacidad laboral.

"Las pensiones suspendidas son vitales para el bienestar y calidad de vida de las personas", adivirtió Julieta Cola, integrante de Apridis, y reclamó “la continuidad” de los pagos por las prestaciones brindadas hasta la fecha, “la recomposición” de pensiones suspendidas y la “interrupción de auditorías hasta tanto se restablezca un orden en la organización de las políticas públicas de nuestro país”.

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Las pensiones por discapacidad o por invalidez laboral son prestaciones no contributivas administradas por la Agencia Nacional de Discapacidad y se otorgan a personas que se encuentran imposibilitadas de trabajar y en situación de vulnerabilidad social.

Hasta julio pasado, de acuerdo a un comunicado del organismo, se habían suspendido 65.789 pensiones en todo el país argumentando que “no cumplieron con los requisitos establecidos”, según un comunicado de la agencia.

Las instituciones rosarinas advirtieron que “ante los hechos ocurridos durante las últimas horas solicitamos a los representantes de los distintos organismos del sector de discapacidad la plena transparencia de sus acciones, en pos de garantizar los recursos y garantías constitucionales que promuevan la defensa de los derechos de los ciudadanos con discapacidad, sus familias y trabajadores del sector”.

Según destacan, la ley de emergencia en discapacidad (aprobada por el Congreso y vetada por el presidente Javier Milei) “es un pedido justo y legítimo. Así como venimos trabajando desde hace tiempo por su aprobación e implementación, hoy nuestro reclamo se enmarca en reconocer que el camino que hemos recorrido ha sido coherente y digno de ser merecido”.

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En este sentido, destacó que “por los niños y niñas, jóvenes y adultos con discapacidad, sus familias y trabajadores la ley de emergencia en discapacidad es y debe ser la construcción política que el pueblo Argentino se merece”.