"Es un momento de suma complejidad para todo el sector de la discapacidad", consideró Luciano Urrutia, vice presidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, en medio de la conferencia de prensa que se realizó en la delegación local de la Defensoría del Pueblo de la provincia. En el encuentro se ratificó que apenas la mitad de los beneficiarios de pensiones no contributivas pudieron participar de las auditorias que el gobierno nacional implementó el mes pasado y volvieron a pedir la declaración de emergencia del sector.
Urrutia encabezó el reclamo por las dificultades que atraviesan las personas con discapacidad, Junto al Defensor del Pueblo de la provincia, Gabriel Savino, y al senador nacional Marcelo Lewandowski, analizó las barreras que existieron en el proceso de auditorías a las pensiones por discapacidad laboral realizado en todo el país.
En Rosario, sostuvo, las actividades de fiscalización "pudieron asistir menos de la mitad de las personas que conformaban el padrón de beneficiarios para presentar los documentos actualizados y de esa manera defender su derecho a recibir la pensión no contributiva".
En medio del proceso, recordó, el gobierno nacional derogó la resolución del mes de enero que ordenada el proceso de fiscalización. "Así que en este tema estamos a la deriva, sin ninguna certeza sobre qué camino se va a seguir", apuntó y advirtió que, al mismo tiempo, "hay 500 mil personas que están esperando para que se les otorgue la pensión, que cumplen con los requisitos y presentaron todos los documentos como corresponde". Pero, "inéditamente, las altas están congeladas", sostuvo.
Mientras tanto, la situación arancelaria por la que atraviesan las instituciones _de salud, educativas o centros de día, entre otras_ se agrava notablemente. "Todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder a sus tratamientos, todos los días hay personas con discapacidad que se quedan sin poder acceder al servicio de transporte. Esto es realmente sumamente grave, e insisto, no tenemos ninguna respuesta, la respuesta es que no hay respuesta", apuntó.
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La movilización
El próximo jueves, a parir de las 11, familiares de personas con discapacidad y trabajadores de instituciones de cuidado se concentrarán en la plaza San Martín para manifestar la realidad que vive ese sector de la población y reclamar la declaración de emergencia en discapacidad.
Ese mismo día se esperaba que el Congreso diera tratamiento al proyecto presentado por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria) que, entre otras cosas, establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios de transporte, acompañantes terapéuticos y hogares, entre otros. Sin embargo, la iniciativa tendrá que esperar una semana más.
Lewandowski recordó que en el Senado se presentaron varios pedidos de informes sobre la realización de las auditorías y pedidos de interpelación al Secretario de Salud de la Nación y al encargado de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). "Lamentablemente no tenemos respuesta", sostuvo y consideró que esta omisión "es una demostración clara de lo que es la crueldad con personas que necesitan atención, transporte y cuidados para mejorar su calidad de vida".
El senador advirtió sobre la angustia que generan estos controles para las personas que necesitan la pensión. "Conviven con la duda sobre si van a tener el subsidio, si van a tener o no la posibilidad de ir a una institución a seguir trabajando y evolucionando, como lo están haciendo", apuntó.
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Dudas y reclamos
El Defensor del Pueblo de la provincia apuntó que desde noviembre del año están solicitando información, junto a colegios profesionales y las instituciones, sobre el desarrollo de las auditorías. "Esto no es un problema específicamente de Santa Fe, es un problema de todo nuestro país. En Santa Fe teníamos 70.000 pensiones que corrían peligro, por eso nosotros empezamos a hacer un trabajo en consonancia específicamente con la protección de los derechos", explicó.
El funcionario advirtió que muchos beneficiarios de pensiones por incapacidad laboral no recibieron las notificaciones para presentarse al operativo de fiscalización o no recibieron la información correcta. "Nosotros planteamos que toda auditoría es buena, no decimos que no hay que controlar, pero advertimos que se trata de una política pública que al principio fue mal planificada porque vulnera los derechos que tienen que ver con la persona con discapacidad y de sectores que si se le baja la pensión a estas personas lo dejamos verdaderamente sin ninguna herramienta para seguir subsistiendo".
