El gobernador Maximiliano Pullaro calificó a la ley antimafia como “demasiado garantista”, pese a aclarar que está a favor de la implementación de la iniciativa que promueve la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que está siendo debatida este miércoles en dos comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación. Pullaro, junto al ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, están exponiendo en las comisiones de Seguridad Interior y Legislación Penal a pedido de la propia Bullrich, impulsora de la Ley Antimafia.
“Venimos a respaldar esta ley, pero nos parece demasiado garantista”, criticó Pullaro, al hacer referencia a un capítulo específico de la norma en la que postula que un fiscal solo puede ordenar la detención de una persona por 48 horas. “En Santa Fe la detención solicitada por un fiscal es de 30 días”, sostuvo.
Pullaro defendió las políticas de seguridad implantada desde el inicio de su gestión, en diciembre de 2023, y aseguró que gracias a las leyes que se dictaron en la Legislatura santafesina se pudo “bajar drásticamente” los índices de homicidios dolosos en Rosario y en la capital provincial.
“El año pasado, en el mismo lapso de tiempo, hubo 129 homicidios y hoy tenemos 49. Y en la ciudad de Santa Fe se registraron hasta el momento 18 homicidios, contra 60 que hubo en la misma cantidad de meses el año pasado”, graficó el gobernador.
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El gobernador dijo que la baja en los registros de homicidios dolosos se debe al trabajo rápido y a las herramientas legales con las que cuenta su gobierno y a la tarea coordinada entre el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y la Justicia federal.
“Al crimen organizado hay que golpearlo rápidamente y para eso se necesitan de herramientas institucionales”, aseveró el gobernador en el plenario de comisiones en Diputados.
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El proyecto de ley antimafia impulsado por la Rosada toma antecedentes normativos de Estados Unidos, del gobierno del salvadoreño Nayib Bukele y, particularmente, del histórico combate de Italia al delito organizado.
La iniciativa oficial se aplicaría al “tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos” que “estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal”.
En esa línea argumental, el proyecto de ley antimafia agrava las penas de ocho a veinte años de prisión, solo por pertenecer a la asociación bajo la lupa.
De todos modos, días atrás expusieron especialistas ante las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior y advirtieron que la propuesta no avanza sobre puntos clave como “el financiamiento ilícito de la política, el sistema financiero clandestino y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales”.
