El 4 de octubre Brasil elige presidente. Hay 13 candidatos, pero la disputa se centra entre Lula y Flávio Bolsonaro. Qué propone cada uno en materia de política agropecuaria y cómo puede impactar en el campo argentino
Por Lucía Cuffia
Lula y Flávio Bolsonaro. El rumbo de la política agropecuaria brasileña y su proyección regional forman parte del debate central de las plataformas de ambos candidatos de cara a la elección de octubre
El actual presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, junto a su vice, Geraldo Alckmin. Su programa de gobierno propone consolidar el rol del Estado como regulador del crédito y como motor de la agricultura familiar
Flávio Bolsonaro junto a su candidato a vicepresidente, Alfredo Gaspar. La propuesta del Partido Liberal promete seguridad jurídica innegociable para la propiedad privada
Las elecciones en Brasil son clave para Argentina, su socio comercial y competidor regional de commodities (soja, maíz, carne). El próximo 4 de octubre los brasileños votarán presidente, legisladores y gobernadores. Si ningún candidato a presidente alcanza la mayoría absoluta en primera vuelta, habrá segunda vuelta el 25 de octubre.
Si bien hay 13 fórmulas presidenciales registradas ante el Tribunal Superior Electoral, las candidaturas del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y del opositor conservador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal), hijo del expresidente Jair Bolsonaro, concentran la disputa de fondo y expresan dos proyectos de país que dividen al electorado.
Una radiografía comparativa de sus propuestas de gobierno permite contrastar cómo cada espacio concibe al agro. Para empezar, resulta útil ver cómo aparece distribuida la temática en ambos documentos oficiales.
En el plan de Lula, presentado como “Directrices para el programa de transformación de Brasil: un país soberano, democrático, desarrollado, sustentable y creativo”, la fórmula oficialista destina un capítulo entero a “Seguridad alimentaria y producción agrícola”, a lo largo de cinco páginas. En este punto, se abordan de manera equilibrada tanto la agricultura familiar de consumo interno como la producción agropecuaria de exportación.
Por su parte, en el plan de gobierno 2027/2030 de Flávio Bolsonaro, titulado “Para o Brasil vencer o atraso” (Para que Brasil venza el atraso), el agro aparece dentro del bloque ‘El Brasil que crece’. El apartado específico “Agronegocio y campo” ocupa dos páginas, aunque el índice temático muestra que la agenda agropecuaria atraviesa otros temas, entre ellos derecho de propiedad, seguridad alimentaria, seguro rural, trazabilidad y logística.
El oficialismo escribe desde la gestión. Su capítulo agropecuario arranca reivindicando la salida de Brasil del Mapa del Hambre y encadena la política alimentaria con la productiva: compras públicas a la agricultura familiar, reanudación de los ‘stocks reguladores’ para controlar la inflación de la canasta básica, aumento del porcentaje de alimentación escolar comprada a pequeños productores.
Para el productor brasileño, el corazón de este modelo es el Plano Safra. En su última edición, este programa estatal de financiamiento destinó un récord de R$ 516.200 millones en créditos. Sin embargo, la marca de gestión de Lula es que utiliza este dinero como una herramienta de inducción ambiental: para acceder a las tasas subsidiadas más baratas, el productor debe certificar buenas prácticas de conservación y estar en regla con las exigencias climáticas oficiales.
“Vamos a seguir expandiendo el Plano Safra de Agricultura Familiar con intereses acordes a cada perfil de productor y tipo de producto, priorizando la producción de alimentos de la canasta básica. Reforzaremos todavía más los créditos para agroecología, producción orgánica y sociodiversidad (...), y líneas de crédito diferenciadas para jóvenes agricultores (...), para mujeres rurales, y para cooperativas”, señala el documento.
En el acceso a la tierra, el texto reafirma la reforma agraria, el asentamiento de familias, el crédito fundiario y la titulación de territorios quilombolas y de comunidades originarias.
Sobre los agronegocios, el programa los define como “fundamentales para el desempeño de la balanza comercial y para la evolución del PBI”. El programa promete seguir fortaleciendo el crédito para el sector, “ampliando los recursos del Plano Safra y asegurando tasas compatibles con la rentabilidad de la actividad agropecuaria”. Agrega además la intención de diversificar las fuentes, estimulando el mercado de capitales y los títulos del agronegocio; y promete reducir la burocratización para simplificar el acceso.
En materia de insumos agrícolas, la apuesta es estatal. Para frenar la dependencia de la importación, el plan de Lula apuesta por un rol activo de las empresas públicas, destacando la reactivación y puesta en marcha de tres unidades de fertilizantes de la estatal Petrobras, y reinicio de las obras de la planta de Mato Grosso do Sul.
El programa opositor define al agro como “la garantía de la seguridad alimentaria brasileña” y sostiene que, para seguir cumpliendo ese papel, “necesita previsibilidad para producir”. De ahí se desprende lo primero que promete: ampliar el seguro rural e introducir herramientas de titulación y reorganización de las deudas del sector, con el argumento de darle al productor “el horizonte de más de un año que necesita para planificar”.
En el plano externo, promete “buscar soluciones diplomáticas eficaces frente a las sanciones de Estados Unidos, China y Europa a los productos nacionales”.
Al igual que Lula, el programa de Bolsonaro menciona la dependencia de Brasil en materia de fertilizantes. La salida que propone es aprovechar las reservas nacionales de potasio y fosfato, y producir fertilizantes a partir del gas natural extraído del presal (yacimientos que Brasil explota en el fondo del mar), según detalla en el capítulo energético.
Bajo la premisa de que “nadie planta ni invierte en lo que teme perder”, su principal bandera política es garantizar una seguridad jurídica estricta de la propiedad privada. El documento menciona que durante el gobierno de Jair Bolsonaro se emitieron más de 450.000 títulos de inmuebles rurales, y promete retomar ese ritmo.
En materia financiera, propone reemplazar las multas punitivas por incentivos económicos directos (como el Pago por Servicios Ambientales para remunerar a quienes preserven bosques nativos) y diversificar el financiamiento rural a través del mercado de capitales y la securitización.
El otro punto crítico que aborda su plan es el costo del flete. El programa señala que el costo logístico de Brasil hoy representa el 15,5% del PBI (frente al 8,8% de Estados Unidos). Para cerrar esa brecha, Bolsonaro proyecta destinar R$ 900 billones en cuatro años para la mejora de carreteras, ferrocarriles y puertos de gran escala.
Leídos en paralelo, los dos documentos oficiales coinciden en más aspectos técnicos de los que la campaña sugiere. Ambos prometen ampliar el seguro rural y coinciden en la urgencia de aumentar la capacidad de almacenamiento, un desafío crítico para un país que viene batiendo récords productivos.
La sintonía continúa en el plano de los insumos y los biocombustibles, ya que los dos candidatos buscan reducir la dependencia externa de fertilizantes, aunque por vías distintas. Asimismo, también coinciden en la necesidad de expandir el área bajo riego y en consolidar al país como una potencia en biocombustibles y combustibles sustentables de aviación (SAF).
La diferencia real pareciera que está más en quién conduce el proceso: si un Estado regulador que induce comportamientos y premia o penaliza al productor a través del crédito subsidiado, o un Estado facilitador que se corre del medio para que la seguridad jurídica y el capital privado financien el desarrollo
Mercosur. El programa de Lula coloca al Mercosur en el centro: define la integración sudamericana como "el primer círculo de proyección estratégica de Brasil" y al bloque como su "principal plataforma de integración económica, productiva y social", y reivindica los acuerdos cerrados con la Unión Europea, la EFTA y Singapur. En el plan de Flávio Bolsonaro, la palabra Mercosur no aparece ni una vez. Su arquitectura de inserción externa incluye retomar el cronograma de adhesión a la OCDE, abrir la economía e integrarse a las cadenas globales de valor. “Vamos a apoyar la internacionalización de las pymes via BNDES y Apex-Brasil".
La competencia directa. Brasil viene de cerrar una cosecha récord en 2025/26 con 360,8 millones de toneladas de granos, según la Conab. Los dos programas apuntan a elevar todavía más ese número promoviendo más área irrigada, mayor capacidad de almacenamiento y menos burocracia. Cada punto de productividad que suma el país vecino presiona directamente los márgenes argentinos al competir en los mismos mercados.
El flete. El plan bolsonarista propone "Corredores Logísticos Inteligentes" para reducir los costos logísticos. Esa brecha es hoy parte de la ventaja competitiva argentina, con los puertos y plantas a pocos kilómetros de la zona núcleo y salida directa por la hidrovía. Los dos programas (el oficialista por la vía del almacenamiento y la multimodalidad, el de Flávio Bolsonaro por la de las concesiones y el capital privado) apuntan a cerrarla.
Los insumos y la energía. Si Brasil avanza hacia la autosuficiencia en fertilizantes, cambia la ecuación de un mercado regional de insumos en el que Argentina también es importadora. Y la apuesta cruzada de ambos programas a los biocombustibles y al combustible sustentable de aviación instala competencia en un rubro donde la industria aceitera argentina tiene capacidad instalada y mercados que defender.
Por último, 'Argentina' solo se menciona en el plan de Flávio Bolsonaro, una vez, en el capítulo de soberanía, donde dice que “las relaciones con Argentina, Estados Unidos e Israel fueron llevadas al límite de la ruptura”, y promete revertirlo “con profesionalismo y foco en el interés de Brasil”. Es una señal de sintonía con el gobierno de Javier Milei, pero también una definición sobre el lugar que ocupa el vínculo bilateral, no el de la integración regional institucionalizada, sino el del interés comercial caso por caso.
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