Santiago Maldonado
Martes 12 de Septiembre de 2017

La familia de Maldonado denunciará ante la ONU un "pacto de impunidad"

El gobierno ratificó su apoyo a Gendarmería, aunque ahora puso en la mira el accionar de siete efectivos de esa fuerza de seguridad

La familia de Santiago Maldonado recurrirá a Naciones Unidas para denunciar un "pacto de impunidad" entre la Justicia y el gobierno de Mauricio Macri que traba la investigación por la desaparición del joven. En tanto, efectivos de la Policía Federal y de Prefectura Naval continuaron ayer con los rastrillajes en el río Chubut, en busca de posibles rastros del artesano, mientras que la Casa Rosada ratificó su apoyo a Gendarmería, pero ahora puso en la mira el accionar de siete efectivos de esa fuerza.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en tanto, se declaró incompetente para investigar al gobierno por encubrimiento en la desaparición del joven y consideró que el caso debe ser enviado al magistrado federal de Esquel, Guido Otranto.

La abogada de la familia, Verónica Heredia, explicó que buscará "avanzar con la conformación de un grupo de expertos independientes que pueda acompañar la investigación", en el marco de una entrevista con "el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas".

Heredia manifestó que esa acción y el "acompañamiento de la gente es imprescindible para romper el pacto de impunidad que tiene el Estado" en el caso.

La abogada sostuvo que busca "romper" lo que definió como un "pacto de impunidad" del gobierno y la Justicia que, según dijo, traba la investigación por la desaparición del joven.

En ese sentido, consideró que el Ejecutivo "nunca" realizó una investigación sobre el desempeño de Gendarmería en el caso y advirtió que Otranto y la fiscal Silvina Avila "están haciendo todo lo necesario para que se mantenga la desaparición forzada" como carátula.

En duda

La abogada, asimismo, relativizó el informe sobre los agentes de la fuerza de seguridad que realizaron el operativo el 1º de agosto pasado en Chubut.

En ese sentido, sostuvo: "Son contradicciones sobre quién estaba a cargo del operativo, desde y hasta qué momento habían estado (en el lugar del desalojo) y qué hizo cada uno. Y surgen del propio sumario administrativo".

A más de 40 días sin noticias del artesano, unos 300 uniformados retomaron su trabajo en la zona, luego de que los rastrillajes comenzaran el viernes por orden de Otranto.

Las tareas proseguirán en los próximos días, ya que el rango de búsqueda es de 800 kilómetros aguas abajo del lugar donde se realizó el operativo de Gendarmería el 1º de agosto, a la vera del río Chubut, donde vieron por última vez a Maldonado, según señalaron testigos mapuches.

El gobierno, en tanto, ya entregó a Otranto un informe que hace foco en la actuación de siete gendarmes que estuvieron cerca del río durante el operativo de desalojo y tiene previsto aportar nuevos datos en las próximas horas.

La ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, aclaró que no se descarta ninguna hipótesis, lo que incluye a la actuación de los gendarmes que participaron del operativo en la ruta 40 para desactivar la protesta de miembros de la comunidad mapuche.

"Estamos haciendo un trabajo sobre todos y cada uno de los gendarmes para que nos cuenten", resaltó la funcionaria. No obstante, Bullrich reiteró que su objetivo es "cuidar a la institución" (ver página 11).

Por su parte, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, consideró "esencial" para la causa las pruebas de ADN que se realizan sobre muestras obtenidas en vehículos de Gendarmería.

"Es una prueba central y casi definitiva para verificar o descartar la hipótesis que han planteado algunos testigos que son bastantes sospechados", manifestó.

El funcionario, en ese sentido, dijo que "la Procuvin es de la Procuración General (Alejandra Gils Carbó), cuyo accionar es bastante controvertido en el caso, especialmente por esos testimonios".

Dato clave

Paralelamente, el ingeniero en telecomunicaciones de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Ariel Garbarz, quien fue propuesto como perito por la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), querellante en la causa que tramita Otranto, dijo que uno de los teléfonos celulares de Maldonado se activó el 2 de agosto, tras su desaparición.

"Tenemos información muy importante para la geolocalización de los teléfonos celulares. Puede ser la punta del ovillo para resolver el caso", afirmó.

Al respecto, subrayó: "El 2 de agosto alguien atendió una comunicación entrante al teléfono celular de línea chilena que utilizaba Maldonado y esa comunicación impactó en una antena de la empresa Movistar".



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