Las maniobras denunciadas en el máximo nivel policial, consistentes en la facturación por reparación de vehículos oficiales nunca prestados, hacen presumir un drenaje reiterado de fondos públicos hacia una asociación ilícita integrada por uniformados y civiles. Para estimar el valor de lo sustraído al Estado provincial mediante estos métodos resalta como significativo un dato recogido por los investigadores: en un solo mes, el pasado enero, por compras de repuestos que no se cambiaron y arreglos que no se hicieron se afectaron partidas por 105 mil pesos en el Departamento de Logística (D4), uno de los cinco órganos que componen la plana mayor de la Jefatura de Policía de la Provincia de Santa Fe. Y eso apenas en un rubro: en el gobierno provincial aseguran saber que lo mismo que ocurría con los vehículos era replicado en la adquisición de artículos de limpieza, insumos informáticos y raciones de comida entre otras.
El jefe del D4, José Luis Leiva, y los principales funcionarios de esa área serán preventivamente desplazados de sus funciones, hasta que la investigación penal iniciada por el fiscal santafesino Roberto Apullán determine si hay elementos o no para formular imputaciones. El viernes pasado unos 50 hombres bajo las órdenes de Apullán retiraron cajas con documentación y computadoras del D4 durante un allanamiento que se prolongó varias horas. Ese mismo día hubo medidas similares en talleres mecánicos donde, según las facturas emitidas por ese departamento, se reparaban vehículos.
Asociación ilícita. Apullán apunta a una presunta asociación ilícita conformada por funcionarios policiales y comerciantes particulares para detraer en beneficio propio recursos públicos. Una firma de ploteado llamada T Gráfica fue allanada en viernes en Santa Fe y una sucursal en Rosario, en Riobamba al 3600, fue objeto de una inspección idéntica el lunes a la noche.
El fiscal ordenó también intervenir en un taller mecánico de la calle Sáenz Peña en la capital provincial que en las facturas constaba como domicilio de un taller mecánico aunque era nada más que un lavadero de vehículos. Como titular, según fuentes de la investigación, aparece una persona de apellido Ruiz, en apariencia insolvente, que tiene una vivienda en un barrio marginal, por lo que se presume un prestanombre para ocultar un proceder ilegal de otros.
A tal punto osadas o afianzadas lucen las maniobras que en el circuito de vehículos afectados a reparaciones fantasma figura una camioneta que está a disposición de la custodia privada del gobernador.
"A esa camioneta le sacaron el jugo a más no poder. Sin que le hayan hecho nada aparecen facturados servicios de chapa y pintura y cambio de unidades ópticas. También hay un ómnibus Mercedes Benz de frente plano que está sin arrancar desde el 17 de diciembre de 2015 pero fue ingresado a reparación el 19 de enero por lo que no se explica cómo hicieron para llevarlo hasta el taller", dijo un portavoz de la investigación. Hay extravagancias tales como facturas por la reparación de un vehículo en una fecha y la compra de los repuestos imprescindibles para esa prestación facturada 15 días después.
Facturas que existen. En estos días se debe definir si de la colecta de pruebas surgen méritos para formular imputaciones. Cerca del fiscal Apullán creen que eso ocurrirá. "Las facturas existen, las firmas autorizando los pagos están y la efectivización de esos pagos a talleres mecánicos y a casas de repuestos constan", indicó una fuente de la fiscalía. Aunque los peritos mecánicos de Gendarmería Nacional no entregaron sus informes durante las inspecciones realizadas en al menos siete vehículos destinados a reparaciones o a reemplazo de repuestos se determinó que no habían sido tocados pese a que esos servicios se liquidaron.
Anónimo y denuncia. Esta pesquisa se inició el 4 de mayo a raíz de una denuncia del propio ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, quien señaló haber recibido una denuncia anónima sobre una supuesta maniobra fraudulenta por parte del departamento de Logística (D4).
Ayer Pullaro convidó a su lado en una contacto de prensa al jefe de la policía provincial, Luis Bruschi, en una medida de respaldo para desligarlo de cualquier sospecha. A la vez resaltó que la peculiaridad de esta pesquisa es que enfoca a ilícitos presuntos llevados adelante por oficiales que forman parte de la conducción de la policía provincial. "A quien se corra de la línea que fija el ministerio, va a ser apartado y le caerá todo el peso de la ley", dijo.
En el gobierno provincial y en el Ministerio Público de la Acusación tienen la convicción de que esta no es una maniobra aislada sino que delata un tipo de corrupción sistémica. "Esta es una práctica que suponemos enquistada en las 19 unidades regionales y en los ministerios provinciales. En el ámbito de la policía estamos interviniendo sobre la contratación de un privado venal que facturan lo que no arreglan o venden repuestos que no entregan. Pero asumimos que esto ocurre además con elementos de librería, limpieza, raciones alimentarias, insumos informáticos", dijo un alto funcionario de la Casa Gris.
