El jefe y cuatro empleados de la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina fueron detenidos ayer junto con otros 22 policías para ser indagados por la desaparición forzada y muerte de Franco Casco, el joven de 20 años detenido ilegalmente en la comisaría 7ª en octubre de 2014 que luego apareció muerto en las aguas del río Paraná. Entre los 27 sospechosos, que quedaron alojados en dependencias de Gendarmería, se encuentran desde las autoridades hasta el personal de guardia que revistaban entonces en la seccional del barrio Agote y una médica policial.
Si bien la Justicia Federal no confirmó las identidades de todos los arrestados, hasta ayer eran 32 las personas en total —la mayoría policías, pero también civiles— que el juez Carlos Vera Barros ordenó indagar, de lo que se desprende que podría haber más detenciones en las próximas horas.
En principio ayer fueron indagados el actual titular de Asuntos Internos, Aníbal Candia, quien era segundo jefe de la repartición en 2014, y un subalterno. Y para hoy se espera que declaren los otros tres efectivos de esa división, así como el entonces jefe de la comisaría 7ª y un subcomisario que estaba a cargo de los sumarios.
Según fuentes judiciales, Vera Barros tiene diez días para resolver la situación procesal y cautelar de los indagados, que hasta ahora están sospechados del delito de privación ilegal de la libertad agravada por la muerte. Pero si las defensas presentan pedidos de excarcelación (ya ocurrió con los indagados ayer) el magistrado tendrá que expedirse al respecto en 48 horas.
Mañana movida
En los Tribunales Federales de Oroño al 900 ayer fue una mañana movida. Los empleados del Juzgado Nº 3 iban de un lado al otro del pasillo de planta baja para definir el orden en el que comenzarían a ser indagados los 27 detenidos, trámites que se extenderán al menos durante hoy y mañana.
El decreto del juez Vera Barros sacudió el inicio de la semana y algunos escritorios del gobierno provincial. Especialmente porque los cinco policías de Asuntos Internos pertenecen a una división cuyo objetivo es controlar y prevenir las actividades ilegales o faltas administrativas graves que pudiera cometer el personal de la fuerza.
Al cierre de esta edición no se había dado a conocer oficialmente el listado con la identidad de los acusados (el secreto del sumario termina hoy y en principio no sería prorrogado) a quienes, según la hipótesis del fiscal federal Marcelo Di Giovanni, se les puede asignar distintos roles en el hecho, desde la materialidad del homicidio de Casco hasta diversas fases de encubrimiento agravado y su desaparición.
Si bien durante la mañana de ayer circularon versiones sobre allanamientos, lo concreto es que sólo fueron procedimientos rutinarios de Gendarmería para garantizar que algunos de los acusados —otros se presentaron espontáneamente— fueran trasladados hasta los Tribunales Federales. En cuanto a la participación de los gendarmes, se indicó que en casos de desaparición forzada corresponde que actúe otra fuerza de seguridad.
Acusados
Fuentes allegadas a la causa confirmaron que ayer sólo fueron indagados dos sospechosos: Candia, quien se presentó ante el Juzgado por sus propios medios y estuvo declarando durante más de una hora y media, y otro empleado de Asuntos Internos, Sergio Pieroni.
Los voceros consultados señalaron que se los acusó, sin brindarles mayores detalles, de tergiversar, ocultar y destruir el instrumento de prueba, así como incumplir reglamentos y no denunciar el delito como desaparición forzada.
Candia y Pieroni —al igual que los otros tres empleados de Asuntos Internos detenidos— se habían presentado espontáneamente la semana pasada cuando se enteraron por los medios de que podían ser citados a indagatoria.
En ese momento sus abogados pidieron que los eximieran de prisión, cuestión que fue denegada por el juzgado y ahora está a consideración de la Cámara de Apelaciones. No obstante, luego de ser indagados sus defensores solicitaron la excarcelación argumentando haber demostrado que no hay riesgo procesal.
Ambos quedaron detenidos junto con los otros 25 sospechosos que serán indagados en estos días. Por lo pronto, hoy a partir de las 8 comparecerán los otros tres empleados de Asuntos Internos y luego el comisario Diego Alvarez, jefe de la seccional 7ª en octubre de 2014, y el entonces responsable de los sumarios de esa seccional.
Así sucesivamente se indagará al resto de los sospechosos, hasta ayer 32. Entonces el juez tendrá diez días hábiles para resolver si los procesa y por cuáles delitos.
El fiscal Di Giovanni pidió la semana pasada la indagatoria de 24 personas entre ellos los jefes de Asuntos Internos y los de la seccional 7ª, así como el personal que estuvo de guardia los días 6 y 7 de octubre de 2014 mientras Casco estuvo detenido en la dependencia de Cafferata 342, y una médica policial encargada de constatar las heridas que habría sufrido la víctima.
Detención ilegal y muerte
Según la hipótesis fiscal, Casco fue detenido ilegalmente, golpeado salvajemente dentro de un calabozo de la comisaría, donde se le causó la muerte, y luego su cuerpo fue arrojado al río Paraná. "La instrucción del caso está prácticamente cerrada. Se realizaron múltiples medidas, se tomaron muchísimas declaraciones y se realizaron allanamientos. El expediente que ya acumula 3.700 fojas en 17 cuerpos", indicaron a LaCapital fuentes cercanas a la pesquisa.
Pero a la postura del fiscal hay que distinguirla de la que ostenta la querella, que fue más a fondo y la semana pasada presentó un escrito ante el juez donde solicitó la indagatoria de 31 policías y 5 civiles por desaparición forzada de persona y encubrimiento agravado, incluso del personal del Instituto Médico Legal (IML).
Para el abogado Salvador Vera, en representación de la familia de Casco, la indagatoria debía recaer sobre 26 agentes y jefes de la comisaría 7ª y tres oficiales de Asuntos Internos por "privación ilegítima de la libertad agravada por homicidio", como se denomina en el Código Penal a la desaparición forzada. Según esa interpretación de la querella hubo otros dos policías de Asuntos Internos que manipularon la investigación cuando tomaron testimoniales a presos alojados en la comisaría, por la forma en que los presionaron y coaccionaron.
Además reclamaron que se acuse al forense Félix Rodríguez, del Instituto Médico Legal (IML); a dos odontólogos que habrían falseado una pericia; a una médica que revisó a Franco en la seccional sin constatar lesiones y a un vecino que habría "mentido para sostener la versión policial". Hasta ayer no se confirmó que esas personas hayan sido efectivamente citadas por Vera Barros.
Las críticas al IML se basan en que a Franco le faltaron tres dientes que según Rodríguez los habría perdido post mórtem, producto de la putrefacción. Pero una pericia en sede federal se "constató que los perdió en vida y de manera traumática", indicaron la semana pasada en un acto que tuvo la adhesión de la Multisectorial de Violencia Institucional y contó con la presencia del padre de Franco.
Tres años
Franco era bonaerense de Florencio Varela, estaba en pareja y tenía un hijo. Llegó a Rosario a principios de octubre de 2014 para a visitar a unos familiares en Empalme Graneros. Pero desde el lunes 6 de ese mes no se supo nada más de él. Su madre Elsa Godoy había declarado entonces que Franco salió ese día a las 23 para tomar un tren de Rosario a Retiro, que salía a las 23.30 pero "nunca llegó".
Fue visto con vida por última vez en la comisaría 7ª de Rosario entre el 6 y 7 de octubre, y no se supo de él hasta que 22 días después su cuerpo fue hallado por Prefectura en el Paraná. El caso se empezó a investigar como averiguación de paradero.
Al día siguiente su papá viajó a Rosario y se presentó en la comisaría 7ª, donde le dijeron que Franco había estado la noche del 6 pero le negaron toda otra información. Luego le dijeron que Franco había sido detenido por resistencia a la autoridad y que al ser apresado "estaba drogado, como perdido".
En la Fiscalía les exhibieron fotos de su hijo en las que se lo veía muy golpeado y un acta de otorgamiento de la libertad. Tras el hallazgo del cuerpo, la familia promovió el traspaso de la investigación a la Justicia Federal por desaparición forzada de persona, lo que se concretó en diciembre de 2014. Casi tres años después, ayer comenzaron a desfilar los sospechosos de haber participado de su desaparición y muerte, o al menos de haberla encubierto.
