Por Hernán Lascano
¿Por qué hubo una requisa policial en el Sindicato de Obras Sanitarias de Rosario? ¿Qué motivó que los intereses de una conducción gremial que constituye hace 40 años lo más granado de la aristocracia obrera local, con fluidos contactos empresariales y gravitación en el poder político, fueran sacudidos con cuatro allanamientos que desnudaron una capacidad económica en bienes y dinero de apariencia desmesurada?
Fue una denuncia detallada de doce personas que también integran la comisión directiva del sindicato que desde el retorno democrático manejó Oscar “Rabanito” Barrionuevo, que está con licencia por problemas de salud, y que por esa causa forzosa cedió su sitial en favor del secretario adjunto, su hijo Silvio Barrionuevo, que es el actual titular ante la salida de su padre.
La denuncia se hizo en el inicio del proceso electoral para renovar una conducción gremial retenida en las mismas manos desde mediados de 1982. A 40 días de las elecciones un grupo de doce integrantes produjo la ruptura de la línea directiva con una presentación en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos de Rosario. Al grupo denunciante lo encabeza alguien muy próximo a Barrionuevo. Es Omar Guevara, actual secretario gremial y sobrino de “Rabanito”, que ahora desafía su conducción. El escrito presentado a la Fiscalía que lleva la suya como primera firma sintetiza en un párrafo el por qué de la actuación.
“La conducción por parte de Barrionuevo (padre e hijo) del sindicato ha estado plagada de un sinfín de arbitrariedades en el manejo del patrimonio sindical y de abusos y violaciones estatutarias y reglamentarias”, empieza el planteo. Pero avisa que la actual situación se ha visto agravada a partir de hechos, “con presumible apariencia criminal”, que se exponen en cinco páginas. Lo principal es lo que denuncian como un negociado inmobiliario con un predio del gremio donde se levantan 2.600 viviendas.
Se trata de una situación advertida cada vez con más frecuencia dentro del mundo gremial. Las denuncias por malversar fondos sindicales o enriquecerse sin explicación afloran como el método para desplazar conducciones históricamente establecidas con apariencia inconmovible. Pasó con Marcelo Dainotto, líder de camioneros en Rosario, al que acusaron de tener dos millones de dólares del gremio en su casa, que una condena obligó a devolver. También con Herme Juárez, denunciado penalmente y con una causa a punto de llegar a juicio tras décadas al frente de los portuarios del cordón. También con Horacio Boix, de Peones de Taxi, al que sus compañeros directivos lo acusaron en septiembre de 2019 por haber retirado mensualmente 300 mil pesos del gremio (algo más de 5 mil dólares entonces) lo que le permitió comprar un Porsche y una lancha. La denuncia se precipitó cuando Boix, que llevaba 25 años en la conducción gremial, tuvo un choque en su Audi A7 valuado en 80 mil dólares. Algo parecido aunque sin imputaciones sucede ahora en Obras Sanitarias de Rosario.
A cuatro semanas de las acciones descriptas en la denuncia, el fiscal Sebastián Narvaja ordenó allanamientos. Según difundió de manera pública y oficial esa repartición del Ministerio Público de la Acusación, en la sede sindical de San Luis al 2100 fueron incautados 480 mil pesos en efectivo. En tanto que en la casa particular de Silvio Barrionuevo en el country Aguadas de Funes se secuestró la suma de 766.500 pesos y de 75.013 dólares. Según fuentes de la causa, el dinero se encontró en un ropero de la habitación del dueño de la vivienda. Salieron a afirmarlo de modo oficial luego de que el gremialista allanado negara públicamente que en los operativos se hubiera encontrado dinero suyo. No hay formación de causa penal alguna contra nadie en esta causa que está en análisis en la fiscalía actuante.
Según la denuncia, Silvio Barrionuevo “presenta un abultado patrimonio que de ninguna manera se condice con sus remuneraciones mensuales que percibe por el ejercicio de sus empleos y o cargos directivos en el sindicato en cuestión”. Para sustentarlo, indican que el actual secretario adjunto es dueño “de un inmueble de cuantioso valor en el exclusivo y residencial barrio privado de Aguadas, en Funes, cuya titularidad, según la información que se ha podido relevar, comparte en condominio con su cónyuge (...) quien presumiblemente actúa como prestanombre de aquel en la cotitularidad de activos”.
Según indican en la presentación, esa vivienda, solo computando el valor del terreno, oscila entre 158 mil y 170 mil dólares, al mensurar la cotización de lotes en el mismo lugar verificables con consultas en el mercado inmobiliario. A eso debe sumarse el valor de plaza de la vivienda edificada allí, para lo que sugerían la inspección judicial. También le atribuyen a Barrionuevo la propiedad “de un lujoso rodado automotor marca Jeep, Modelo Compass Limited 2.4., año 2021, cuyo valor de mercado, conforme consulta de publicaciones de venta realizada en portales de internet asciende a la suma promedio de 7 millones de pesos”.
Los denunciantes destacaron que Silvio Barrionuevo y su mujer carecen de antecedentes económicos o financieros que puedan justificar solvencia para ser propietarios del patrimonio referido, “sobre todo si se analizan los informes de perfil de riesgo online que se acompañan con la presente, de los cuales emerge en el caso de Barrionuevo que sólo registra como antecedente laboral su relación de dependencia en Aguas Santafesinas S.A.". Mientras que su señora, indica el escrito, figura en carácter de monotributista y relación de dependencia en el Sindicato del Personal de Obras Sanitarias. Aducen finalmente que es tesorera del sindicato que interinamente conduce su esposo, lo que cuestionan éticamente y como evidencia de manejo arbitrario de la entidad.
Los doce denunciantes afirman que ante la carencia de antecedentes laborales que expliquen un ingreso como para justificar el patrimonio denunciado se puede presumir que se está frente a una “maniobra de lavado” con fondos provenientes “de la administración espuria o infiel del patrimonio sindical”.
Para subrayar que esa deducción no es antojadiza, los disidentes de la comisión directiva se enfocan en otra acción de origen para ellos espurio que es una operación inmobiliaria realizada por la gestión Barrionuevo sobre un predio de 14 hectáreas en Granadero Baigorria, en la zona costera del río, sobre el puente a Victoria.
Según alegan, ese inmueble había sido cedido gratuitamente por la provincia de Santa Fe al Sindicato del Personal de Obras Sanitarias, que hasta 1940 había servido para el depósito de caños para la ejecución de un acueducto que preveía el gobierno por entonces, y que finalmente nunca se terminó.
Los denunciantes indican que cuando se aprobó la cesión gratuita de terrenos al sindicato y con el aval de la Municipalidad de Granadero Baigorria, la gestión Barrionuevo decidió en el año 2015 encomendar la ejecución de un megaproyecto de desarrollo inmobiliario a la firma constructora y desarrolladora local Grupo Pecam.
De acuerdo al planteo, “el acuerdo concertado con la desarrolladora Pecam consistía en que esta asumiría el desarrollo inmobiliario del inmueble, mediante la construcción de 2.600 viviendas en complejos habitacionales de diversos tipos, quedando reservadas 48 (cuarenta y ocho) para el Sindicato en contrapartida del aporte de los terrenos realizado por este último”.
A su vez, indican, las viviendas reservadas para el sindicato serían comercializadas en favor de sus afiliados mediante planes de financiación en cuotas, y los fondos recaudados estaban previstos de ser aplicados a la ejecución de diversas obras en el club del sindicato. Al día de la fecha, "a pesar del avanzado ritmo de avance del megaproyecto inmobiliario de parte de Pecam", se desconoce el destino de las viviendas que se encontraban previstas para ser asignadas al sindicato para su posterior comercialización a sus afiliados, "puesto que nada de ello ha sucedido". Ningún afiliado accedió a planes de comercialización para alguna de esas unidades que se adjudicarían al sindicato. El proyecto contemplaba la construcción de 2,600 viviendas y como reintegro en favor del sindicato habría 48. Algo que a los denunciantes les parece un porcentaje ínfimo, un 1,85% sobre el total de la ejecución del proyecto. "Ello, cuando en el mercado inmobiliario el aportante del terreno por lo general recibe una contraprestación de un porcentaje equivalente que oscila entre el 15% al 20% de los metros cuadrados del proyecto".
El clima preelectoral en este marco viene muy espeso. Un gremio habituado durante más de 40 años a una conducción monolítica se parte por primera vez en una elección con dos listas que, si nada lo impide, se cruzarán en menos de tres semanas. El 20 de mayo a la boleta de Silvio Barrionuevo se le opondrá la de Guevara. Queda atrás una historia de un sindicato habituado a los negocios fuertes y a ciertas excentricidades políticas. La más inolvidable fue cuando en medio de una oleada de repudio a la privatización de la histórica empresa estatal de aguas de la provincia, la Dipos, el inesperado y acaso único actor que no resistió que Santa Fe se desprendiera en favor de un privado fue el gremio conducido por Barrionuevo en los noventa.
Mientras la mayoría de las ciudades y comunas denunciaba que el proceso violaba la autonomía, con aspirantes que abandonaban la licitación en la precalificación por la oscuridad de las condiciones y entidades empresarias denunciando el sospechoso método para seleccionar el ente regulador, sorprendió la masiva movilización hacia la Legislatura en Santa Fe de parte del gremio para presionar en favor de la venta. Barrionuevo fue un actor decisivo para que el gobernador Carlos Reutemann, que la impulsaba, firmara el traspaso el 27 de noviembre de 1995 al grupo francés Suez por 30 años. Por incumplimientos contumaces para apartarse del contrato, diez años después el gobernador Jorge Obeid resolvió quitarle la concesión y reestatizarla. El fuerte envión sindical de Barrionuevo había tenido su gratificación con la posición privilegiada que este ocupó en Suez, influyendo en decisiones de la empresa, y en la capacidad de instalar a escogidos con un puesto obrero en el directorio y en el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), el órgano de control de la compañía.
Toda esa atmósfera de buenaventura sindical que llegó a los 1.300 afiliados quedó estancada en una pelea frontal que cristaliza en la denuncia. El grupo de Guevara señala textualmente que con lo que creen malversación de fondos para un abultado patrimonio propio y un oscuro negociado inmobiliario, hay una administración ruinosa del patrimonio sindical sobre la que la conducción Barrionuevo no dio respuesta alguna. "Son una sarta de delincuentes", replicó Silvio Barrionuevo el día que lo allanaron, en relación al grupo rival que encabeza su primo. No nos van a ganar. Acá todo está más que impecable. Cada cheque que sale tiene su contrapartida en un servicio. Se va a corroborar que tenemos todas las cuentas con superávit. Esta es una denuncia con tinte político", desafiaba.
En un sindicato habituado por medio siglo a la lista única, en días hablarán las urnas. En el medio ya hay vientos cruzados con cartas documento y denuncias de amenazas. El intendente del Club Obras Sanitarias asegura que se presentaron a echarlo de su casa en el predio. Una caldera llameante con gritos de guerra y de traición donde en definitiva miembros de una misma familia disputarán la comandancia de un espacio en el que poco lugar hubo por tiempo extenso a la discusión y a los cambios de linaje.
Ocurrió en Paraguay al 2000 y el operativo se extendió por casi seis horas. Hicieron una detonación controlada del objeto sospechoso
