El Ejecutivo estira el armado de la iniciativa para modificar la Caja de Jubilaciones y pide paciencia. El ingreso del texto a la Legislatura es inminente
Por Facundo Borrego
“Todo llega para el que sabe esperar”. El ministro de Gobierno e Innovación Pública provincial, Fabián Bastía, responde por la demora del proyecto de ley de reforma previsional que se elabora en este momento, pero la frase también puede ser una predicción de lo que justamente vendrá para las jubilaciones.
La Casa Gris sigue escribiendo por estas horas el anteproyecto de ley de reforma jubilatoria para empleados públicos luego de recibir recomendaciones de una comisión especial de análisis integrada por legisladores, el Ejecutivo y gremios. La misma trabajó durante dos meses sobre la situación previsional provincial haciendo equilibrio entre la necesidad de solventar una Caja imposible en el tiempo, pero sin limar derechos laborales. Creen que se respetarán los criterios generales que aconsejaron.
En un principio se había puesto como fecha de presentación del proyecto mediados de agosto, pero la complejidad del texto hizo que se atrasara unas semanas. El compromiso del Ejecutivo fue que la semana pasada se entregaría, pero no eso no ocurrió. No se descarta que sea antes de que finalice la actual. “Más de la semana próxima no creo que puede pasar”, esperan en Unidos.
Igualmente no parece ser un problema para el resto de los socios de Unidos que esperan el borrador final para analizarlo antes que ingrese en la Legislatura. No interpretan que se trate de una demora. Al contrario, saben que si hay pasos en falso aumentará el riesgo de litigiosidad.
“Cuando uno aborda un tema tan complejo en el que están involucradas tantas cuestiones amerita tiempo, esfuerzo, y discusiones también”, reconocen en Unidos. El trabajo implica hacer un balance todo el tiempo en puntos tan sensibles como ingresos y derechos.
“Hay que tener cuidado porque, cuando tocás en un lado, impacta en otro”, agregan sobre el complejo trabajo para elaborar una ley general con el articulado amplio que se complementa con regímenes específicos de los docentes y de los policías, y de cómputos diferenciados para tareas diversas.
“Estamos buscando ponernos de acuerdo para no tener que estar discutiendo artículo por artículo una vez que entre el proyecto” a la Legislatura, se sinceró una fuente de Unidos, que tiene mayoría en Diputados.
Sin embargo, no todo sale por un tubo. En el oficialismo juran que se trata de un mensaje dialogado el que se mandará a la Legislatura y que, por esa característica, no está exento de discusiones internas ya que hay “diferencias muy puntuales”.
Una es en la elevación de la edad jubilatoria de las mujeres para una unificación del retiro con hombres a los 65 años. Eso hace ruido en el Partido Socialista (PS), que incluso tiene diferencias internas de criterio sobre el tema. Hay quienes sostienen que existe una cuestión de género que atender, mientras quienes pretenden la unificación hablan de otros regímenes que ya aplican esa tendencia.
Las jubilaciones más altas tendrán beneficios decrecientes respecto del cálculo de haberes, según revela alguien que estuvo en la comisión. Hay casos de jubilaciones 30 veces más altas que la mínima. El Poder Judicial queda apuntado en ese sentido, pero también personal de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) y otros puestos jerárquicos.
En esa línea, se establecerá un esquema progresivo de aportes, de manera que aporten más a la Caja aquellos activos que perciban mayores sueldos. Hoy la mayoría aporta 14,5 por ciento, sea empleado inicial o tenga un salario alto.
El máximo de la escala de aportes se aplicaría a autoridades políticas y personal de gabinete del gobierno provincial (incluidos entes autárquicos y descentralizados y sociedades del Estado), senadores y diputados, administrativos y asesores del Legislativo, vocales del Tribunal de Cuentas, Defensoría del Pueblo, magistrados, fiscales, defensores y funcionarios del Poder Judicial.
Días atrás, los integrantes de la comisión de análisis de Unidos más Beatriz Brouwer, del bloque Somos Vida (que preside Amalia Granata), firmaron a favor de recomendaciones para que el Ejecutivo redacte un anteproyecto, mientras que integrantes del PJ y gremios sólo adhirieron a cuatro principios generales sobre la reforma. De hecho, en el peronismo explican que deben hacer una revisión integral de la Caja y solicitar el derecho que asiste a Santa Fe de fondos nacionales adeudados.
Pese al pedido de paciencia parte del ministro de Gobierno, el Ejecutivo de Santa Fe quiere imprimirle máxima velocidad a una reforma necesaria para cortar la sangría de la Caja de Jubilaciones. Está decidido a recuperar el flujo mensual que cortó la Casa Rosada y, por eso, interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que reestablezca esos anticipos que terminan cubiertos por la administración provincial.
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