Mientras las principales centrales obreras del país se preparan para inaugurar el primer paro contra la gestión libertaria augurando una movilización en la que se espera la participación de miles de ciudadanos todavía los principales integrantes del Ejecutivo se interrogan respecto al porqué de la medida de fuerza. A la provocación que, desde el Ministerio de Seguridad, viene manifestando con su intención inconstitucional de cobrar facturas millonarias por ejercer el derecho a la protesta, se le suma las recientes declaraciones del vocero presidencial remontando el famoso “el que para, no cobra” y las del ex abogado de Eurnekián, hoy ministro de Justicia, Cúneo Libarona, respecto a la “ilegalidad” del paro. Como si la velocidad con que se vienen empujando las principales medidas de gobierno no requiriese, también, un aceleracionismo de parte de quienes se ven afectados de primera mano por las medidas.
En su reciente intervención en Davos, nuestro flamante presidente fue claro a la hora de enfatizar que las políticas económicas que propone son “justa y moralmente superiores”, es decir, en criollo, que no son dables de ser discutidas. En su cruzada por salvar a Ocidente de los males del colectivismo, un palabrerío que trae rémoras inevitables a la discursividad del Proceso de Reorganización Nacional con el que cualquier lingüista ya tiene listo el pochoclo, Javier Milei demuestra día a día estar dispuesto a todo, aun al precio de quedar en ridículo frente a las máximas potencias del mundo.
Si en la década del 70 la Chile de Augusto Pinochet se convirtió en el primer laboratorio neoliberal a nivel global, dando por sentado que, para el neoliberalismo, no hay contradicción alguna entre medidas autoritarias y reformas económicas, hoy podemos decir sin tapujos que la libertad que avanza pretende hacer de la Argentina un nuevo hámster en cuyo cuerpo se pretende aplicar una serie de tratamientos que convertirían a este sur del mundo en un nuevo caso testigo en la avanzada del despojo. Lejos de ser una marca exclusiva del mileismo, la supuesta superioridad moral de las medidas económicas, es una demostración más de que bajo los auspicios de la innovación revolucionaria se esconde un conservadurismo calamitoso.
El DNU por el cual se decidió activar el paro no sólo presenta serios inconvenientes respecto a las formas, entre las que destacan no haber cumplido con la ley de procedimiento administrativo, que obliga a presentar los respectivos informes técnicos que justifiquen la “necesidad y la urgencia”, y el hecho de que el principal mentor del escrito, Federico Sturzenegger, quien acompañó cual sombra al presidente en la cadena presidencial sin ocupar ningún tipo de cargo en el gobierno, haya levantado la sospecha de que su presencia implica una intervención directa de su parte como representante pleno de los grupos económicos, sino que también el contenido implica una transferencia de ingresos y de derechos desde las amplias mayorías hacia los grupos económicos más concentrados como pocas veces se ha visto en la historia del país.
Hasta ahora el informe más completo a la hora de evaluar el impacto económico del megadecreto viene siendo el desarrollado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe publicado el 27 de diciembre, apenas una semana de publicado el decreto. El documento -que se desarrolla a lo largo de 61 páginas- consta de tres partes: “desregulaciones en los mercados”; “desguace y extranjerización”; “reforma laboral y retroceso en derechos laborales”, donde se tratan punto por punto las reformas más acuciantes.
“En esta economía sin árbitro -plantea CEPA- ganan los que logran imponer sus intereses por encima del resto, en razón de su poder económico y el sometimiento de los actores más pequeños. Los jugadores no tienen todos las mismas condiciones: algunos vienen lesionados y sin atención médica, otros llegan sin comer al partido, y algunos carecen de botines. No existen las mismas condiciones de fuerza y entrenamiento. El DNU de Milei profundiza estas desigualdades preexistentes en la sociedad, quitando las vallas de contención básicas que buscaban –incluso con deficiencias– equiparar situaciones dispares”.
Mientras el fanatismo libertario festeja un modelo que pretende borrar bajo cualquier costo las tramas de solidaridad entre iguales para enaltecer en su reemplazo las lógicas de la competencia entre desiguales, la realidad muestra que la maratón más probable se dará entre trabajadores precarizados por ver quién llega más rápido a la próxima lata de arvejas en oferta del supermercado. Es de destacar, como lo hace CEPA, que “en la Argentina, el 74% de la góndola lo “manejan” sólo 20 empresas oligopólicas”, por lo que imaginar una libre competencia en rubros altamente concentrados resulta un chiste más que amargo. Lo mismo ocurre en rubros como la energía y la medicina prepaga, por no mencionar la liberación de los alquileres. No controlar los precios de los alimentos, la energía, la salud y la vivienda significa atentar contra las premisas más básicas de cualquier subsistencia.
¿Está mal ganar plata? No, no está mal, para nada. Y por esa misma razón lo que están exigiendo la gran mayoría de los trabajadores es que sus ingresos no se vean socavados de esta manera brutal.
La alarma que activó el movimiento de trabajadores formales e informales tiene razones sólidas y hacer oídos sordos a los fundamentos no hace más que verificar que los beneficiarios del DNU se cuentan de a puñados. En la misma línea propuesta por Donald Trump en su gobierno y que hoy el gobierno de Biden pretende revertir, parte sustancial de la refundación laboral argentina pareciera ser transformar al país en la patria monotributista. Si hasta ahora el monotributo se venía utilizando muchas veces para ocultar el trabajo en relación de dependencia, ahora se pretende una generalización de sus formas. La eliminación de multas por mala registración de empleados es un indicador de la poca voluntad de generar trabajo registrado, eliminando una de las pocas herramientas legales que sugieren la inscripción. En un revanchismo de clase inédito, la eliminación de la doble indemnización para el trabajo doméstico, da señales, en un rubro ocupado en un 90% por mujeres, de una política que pretende atropellar los derechos más básicos de los sectores más vulnerables.
El rechazo al paro y la movilización no debería sorprender, ya que va en la misma línea de lo que pretende el DNU con el derecho a huelga. Como informa el documento de CEPA, “se limita el derecho a huelga en el 60% de las actividades. En ramas de alimentación, TV, radio, siderurgia, construcción, bancaria, hotelera y en empresas exportadoras (además de las actividades esenciales) se condiciona el reclamo a través de la exigencia de garantizar el 75% o 50% del funcionamiento.” En pocas palabras, detener el proceso productivo de una empresa, una de las pocas prácticas que, desde los inicios del capitalismo industrial, se ha utilizado como modo de hacer oír las demandas laborales, pretende ser eliminado.
Cuando se pregunte por qué se marcha, habría que enfatizar en que cada medida impuesta por el DNU implica no sólo un golpe al bolsillo de los trabajadores sino un sinfín de regalías para la clase empresaria más concentrada. Si el sentido común ya logró ser captado por la idea de que el ajuste era irreversible, con el nuevo gobierno la gran mayoría nos desayunamos que ese ajuste iba a ser pagado exclusivamente por los que menos tienen. La aplicación de las medidas implica lo que ya estamos viviendo: un aumento de precios sin control en cada uno de los bienes básicos, un impacto que cae de lleno en el salario real y una transferencia directa de ingresos de los trabajadores a las principales empresas oligopólicas. En el fondo, es verdad lo que se dice: pareciera que muchos no la ven.
