La ilusión de resetear la Argentina a su estado de fábrica

Después de haber fichado a Patricia Bullrich para su gabinete, Javier Milei también parece haber configurado su gobierno con la consigna electoral de su ex rival: “Si no es todo, es nada”. Un lema que puede ser atractivo en épocas de campaña pero como GPS de gestión no marida necesariamente bien con los ritmos y modos de una sociedad pluralista y un régimen democrático. Más, con una Argentina llena de corporaciones con probada resiliencia.

Consciente de que alcanzó el pico de su curva de apoyos y que se viene una temporada veraniega de malas noticias, Milei pone su capital político en inversiones de alto riesgo, proporcionales a los dividendos y las pérdidas potenciales.

A diferencia del Caputazo de la primera semana, el decreto de necesidad y urgencia que anunció Milei el miércoles no se mueve en la superficie de una coyuntura dramática, sino que se hunde en el nivel subterráneo y busca alterar los cimientos estructurales de la sociedad argentina.

El DNU, una herramienta pensada a priori para situaciones excepcionales, en las que no puede seguirse el trámite legislativo normal, implica barrer de un plumazo capas y capas de regulaciones apiladas en los últimos ochenta años, dispuestas tanto por gobiernos democráticos como de facto.

Como si el país fuera un teléfono celular, la decisión apunta a volver a la Argentina a un estado de fábrica preperonista. La pregunta es si después de ese reseteo Milei y su equipo tienen las herramientas y la pericia técnica y política para poner la economía a funcionar bajo esos nuevos parámetros.

Como dijo el arquitecto del plan de demolición, Federico Sturzenegger, el objetivo era “dar una imagen de cambio de régimen”. Sólo Milei y su núcleo de asesores saben si la meta es que el DNU hecho a la medida de intereses económicos muy concretos se aplique tal como se publicó en el Boletín Oficial o redibujar la cancha de la discusión política para fijar nuevas reglas, esta vez con más solidez política y constitucional.

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El presidente Javier Milei y su gabinete, el miércoles en Casa Rosada en el anuncio del DNU desregulador.

Milei tiene una carta para jugar en el debate público. Es un concepto que usó en su cadena nacional: anomia. Si las normas están pero no regulan, ¿para qué sostenerlas? Esa interpelación conecta con la visión de un sector cada vez más amplio de la ciudadanía que percibe al Estado más como un obstáculo que como una solución.

Por el momento, el presidente está en una situación que no admite grises. Es blanco o negro. Y tras el shock inicial, los grupos afectados se pusieron en modo resistencia.  

Un escenario es que se mantenga en pie el DNU que Milei imagina como el martillo con el que empieza a tumbar un Muro de Berlín construido durante un siglo de colectivismo. Marcaría un logro equiparable al de su admirado Carlos Saúl Menem, que contaba con un andamiaje de poder mucho más robusto, y significaría un auténtico quiebre en la historia argentina.

Otro, muy distinto para la marcha de su gobierno, es que el decreto sea bochado en el Congreso o en la Justicia. El presidente sufriría así una derrota política no sólo muy estruendosa. También, demasiado prematura. El fuselaje del oficialismo podría quedar severamente dañado ya en el despegue y cuando todavía tiene 47 largos meses de vuelo por delante.

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El megadecreto es un test más que exigente para un presidente sin experiencia en gestión, acompañado por una fuerza todavía en obra, hiper minoritario en el Congreso y apoyado fundamentalmente en la opinión pública. Voluntad política sin capacidad para materializarla es voluntarismo.

Pero también es un desafío para la oposición no kirchnerista, el sindicalismo dialoguista y el Poder Judicial, que recibirá un tsunami de amparos pero que suele moverse a favor del ciclo político. A ninguno de esos factores de poder le resulta cómodo confrontar abiertamente con un presidente que asumió hace dos semanas con el 56% de los votos.

El ADN pretoriano argentino

Varios de esos jugadores enfrentan un dilema. Si se endurecen demasiado rápido, podrían dejarle a Milei el argumento servido en bandeja de que la casta pretende bloquear el cambio y conservar sus privilegios. Si lo dejan correr, Milei podría ver camino libre para avanzar con decisiones que tensionen al máximo la institucionalidad.

Por lo pronto, el DNU le sirvió al presidente como termómetro para medir la temperatura de los hornos donde se cocina la gobernabilidad: la calle y el Congreso.

Los cacerolazos, las movilizaciones de organizaciones sociales y sindicatos y la marcha que encabezará la CGT el miércoles tras cuatro años de pasividad ratifican el ADN pretoriano —para usar un concepto del politólogo estadounidense Samuel Huntington— de la sociedad argentina. Los grupos sociales —incluidas las clases medias y altas— suelen desbordar las instituciones encargadas de canalizar el conflicto y ante la primera oportunidad la reacción instintiva es salir a la calle.

El protocolo Bullrich, que incluyó medidas al límite o más allá de la legalidad, como que las fuerzas de seguridad filmen a los pasajeros del transporte público o que se baje de colectivos a personas que, según el parte del ministerio de Seguridad, “parecen manifestantes”, es tanto una mensaje hacia un segmento de la sociedad que quiere mano dura contra “los orcos” como un intento de disuadir la protesta social, que inevitablemente irá en aumento en los próximos meses. Y que podría tener el acompañamiento, tanto de manera activa como pasiva, de sectores desencantados por el gobierno.

El DNU también le permitió a Milei distinguir los opositores intransigentes, como Unión por la Patria, de aquellos sectores que rechazan la forma pero que coinciden con buena parte del contenido.

El riesgo que marcan, con razón, las voces críticas al decreto presidencial es que sentaría un peligroso antecedente para cuando el péndulo político vuelva a desplazarse. ¿Qué sucedería si en 2027 llegara a la presidencia Axel Kicillof y repusiera todas las regulaciones que Milei pretende dinamitar? ¿Y qué pasaría si quien llegara al poder fuera un outsider de izquierda y dispusiera la estatización de la banca y el comercio exterior? En cualquier caso, la seguridad jurídica dependería de la lapicera del inquilino de la Casa Rosada.

Con la paradoja de que la suerte de su medida más audaz depende de las palomas que tanto detesta del viejo Juntos por el Cambio, Milei tiene frente a sí una puerta de salida que, por ahora, no está dispuesto a cruzar.

Es reconvertir el DNU en una ley o un paquete de leyes para que el Congreso discuta, pula, modifique y apruebe las reformas que pretende el presidente. Esa es la señal que le dieron Martín Lousteau y Miguel Pichetto y otros referentes del no kirchnerismo para que aterrice el paquete desregulador. Para ello, las fuerzas del cielo tendrían que bajar a tierra.

Si las reformas transitaran por el carril legislativo y llegaran a destino sería un suerte de homenaje póstumo a la idea consenso del 70 por ciento que planteó Horacio Rodríguez Larreta y que se asentaba sobre dos premisas: el gradualismo y amplios acuerdos políticos.

Otra moraleja para el peronismo tras la fallida experiencia del Frente de Todos: los ajustes y reformas que se procrastinan no desaparecen mágicamente. Las hacen otros. Ya sea el mercado u otro gobierno.

La velocidad de Milei también apuró los tiempos en el peronismo, que sigue acéfalo y tiene pendiente un proceso de revisión y actualización doctrinaria. Después de anunciar que trabajaría un tiempo en empresas radicadas en el exterior, Sergio Massa reunió a sus equipos técnicos y legisladores (sorprendió la presencia del histórico armador de Omar Perotti, Roberto Mirabella) y participó de la reunión del PJ de la provincia de Buenos Aires, la fortaleza desde la que el peronismo imagina el regreso al poder. “De lo que dijo Massa sobre su retiro de la política queda en pie el 1%”, dice un dirigente peronista bonaerense que sigue los movimientos del ex intendente de Tigre.

Pullaro toma distancia

Enrolado en la línea Lousteau, Maximiliano Pullaro participó de la reunión del martes entre Milei y los gobernadores. Los mandatarios provinciales se fueron con gusto a poco del primer encuentro con un presidente que parece más interesado en tener razón que en ganar y que no maneja códigos básicos de la política, como el toma y daca.

Más allá de la coincidencia de intereses en materia de seguridad, las formas y los impactos en la provincia del sprint inicial de Milei llevaron a Pullaro a tomar distancia del experimento liberal, que ya genera ruidos en varios socios importantes de su coalición, como el socialismo y el javkinismo, mientras el sector del PRO de Federico Angelini se acopló al dispositivo Milei.

Sin embargo, Pullaro también se desmarcó de la represión policial en la Córdoba gobernada por Martín Llaryora, un aliado en la Región Centro pero también un potencial adversario en la arena nacional de cara al todavía lejano 2027.

Pese al empoderamiento de la policía en su lucha contra el delito, el radical es consciente de los riesgos de darle rienda suelta a los instintos de las fuerzas de seguridad en un contexto altamente inflamable.

De las 39 personas asesinadas en diciembre de 2001 en medio de la implosión del gobierno de Fernando de la Rúa, nueve eran de Santa Fe, que fue la segunda provincia con más muertos en aquellas jornadas trágicas. Un fantasma que, a más de dos décadas. la dirigencia política nunca termina de exorcizar.