La Constitución Nacional cumple 170 años de su sanción en 1853, en la ciudad de Santa Fe, y fue jurada por trece estados provinciales, menos por el de Buenos Aires, que se encontraba separado de la Confederación desde septiembre de 1852. Esta división fue un capítulo más de las luchas fratricidas por construir el Estado nacional, lo que recién ocurrirá en 1880 con la federalización de la ciudad de Buenos Aires.
Las constituciones son acuerdos o pactos, mayormente escritos, aparecidos a partir de los siglos XIX y XX, aunque también habla de ellos la literatura política del siglo XVIII, inclusive de antes. El pensamiento político de entonces tuvo una fuerte influencia jurídica tanto en sus conceptos como en el lenguaje que se utilizaba.
La desestructuración del Imperio español, a causa de la invasión de Napoleón Bonaparte a la península Ibérica, generó en buena medida los procesos de autonomía primero e independencia después. La discusión de un nuevo pacto colonial entre la metrópoli y sus colonias condujo, de alguna manera, a la sanción de la primera constitución española, “La Pepa”, llamada así por haberse promulgado el 19 de marzo, día de San José de Nazareth, del año 1812. Sin embargo, esta Carta Magna fue derogada, dos años más tarde, cuando Fernando VII reanudó su política absolutista terminando con el liberalismo de “La Pepa”, pero no así con los procesos independentistas americanos que resultaron imparables.
En el Río de la Plata, el Cabildo de Buenos Aires había impulsado una Junta de Gobierno, el 25 de mayo de 1810, que gobernó en nombre del monarca Borbón, mientras permanecía preso del Emperador francés. Así, y utilizando el “principio de retroversión de la soberanía”, el poder regresaba al pueblo mientras durara esta situación, ya que el pueblo era el verdadero soberano.
Si separar al Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros fue motivo de intensas discusiones entre los cabildantes, también lo fue incorporar o no a representantes del Interior del Virreinato a la Junta porteña; lo que terminó sucediendo a fines de 1810, cuando el sector que respondía al presidente de la Junta, Cornelio Saavedra, se impuso sobre el del vocal Mariano Moreno. La llamada entonces Junta Grande instituyó un triunvirato que hiciera más ágil el gobierno: el Primer Triunvirato, integrado en el inicio por Juan José Paso, Manuel de Sarratea y Feliciano Chiclana. Si nos detenemos a observar esta situación, veremos que esconde un inconveniente político de envergadura: un gobierno local, el Cabildo de Buenos Aires, designó un gobierno, de neto perfil porteñista, que impuso el poder sobre el Interior.
Mientras tanto, en la Banda Oriental, José Gervasio de Artigas propuso un proyecto político para declarar la Independencia y organizar un sistema federal de gobierno para el Río de la Plata, pero el Primer Triunvirato, cuyo secretario era Bernardino Rivadavia, poco se interesó en la propuesta. En cambio los pueblos del Litoral apoyaron a Artigas y conformaron la Liga de los Pueblos Libres. El 29 de junio de 1815, reunidos en la ciudad de Concepción del Uruguay, los representantes de la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Corrientes proclamaron la independencia respecto de todo poder extranjero, la reforma de los reglamentos de tierras y de aranceles y la organización institucional federal. El inmediato antecedente de la Independencia de 1816.
La renuencia del gobierno de Buenos Aires a avanzar en busca de la Independencia, llevó al grupo morenista y al entonces teniente coronel José de San Martín a derrocar el Triunvirato, el 8 de octubre de 1812, e instituir otro favorable a la misma. El Segundo Triunvirato, integrado en un inicio por Nicolás Rodríguez Peña, Antonio Álvarez Jonte y nuevamente por Paso, convocó a una Asamblea, la llamada “del Año XIII”, con el objetivo de declarar la Independencia y redactar una constitución. Ninguno de estos objetivos se cumplió; las diferencias internas lo hicieron imposible, aunque la Asamblea dejó una serie de medidas vinculadas a la teoría de la representación política; el principio de la soberanía del pueblo, la libertad de vientres; el uso de varios símbolos patrios y la abolición del uso del escudo de Armas de España, los títulos de nobleza y los elementos de tortura, además de dejar un gobierno de corte centralista que fue el Directorio.
Si bien la Asamblea dejó de funcionar en Buenos Aires, se reconoce que el Congreso de Tucumán que declaró la Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica el 9 de julio de 1816, fue su continuidad. Y ahora, finalmente, la declaración de Independencia pero no la sanción de una constitución. El Interior y Buenos Aires no se ponían de acuerdo en la característica política más importante: un orden constitucional de carácter federalista, como quería el primero o centralista, como sostenía el segundo.
Por otra parte, debemos considerar que las ciudades fundadas por los españoles a la hora de la conquista fueron los núcleos fundantes de las provincias que se constituyeron después de mayo de 1810. Indudablemente las provincias precedieron a la nación, aunque algunos historiadores consideran que el estado colonial fue la primera forma estatal en estas tierras.
Así las cosas, el Congreso de Tucumán, influenciado por los diputados más conservadores y cercanos a posturas monárquicas, sancionaron la primera constitución, la de 1819, que si bien no establecía la forma de gobierno que adoptaba, tenía características centralistas. También, adoptaba la división tripartita de poderes; un carácter corporativista y censitario, ya que exigía poseer determinado patrimonio para el acceso a cargos públicos.
El Interior no tardó en reaccionar contra esta jugada de Buenos Aires. Los caudillos de Santa Fe y Entre Ríos, los gobernadores Estanislao López y Francisco Ramírez respectivamente, enfrentaron y derrotaron al último Director Supremo, José Rondeau, en la batalla de Cepeda, la primera, el 1 de febrero de 1820. Fue el fin del Directorio y de la fugaz constitución. Las provincias se separaron otra vez.
Sin embargo, en 1824 se convocó a un nuevo Congreso Constituyente con el objetivo de lograr la unidad nacional y un orden político. Esta activa asamblea dictó la Ley Fundamental, en 1825, que reconocía en sus siete artículos la vigencia de las instituciones de cada provincia hasta que se sancionara una constitución nacional y creaba un Poder Ejecutivo Nacional Provisorio que delegaba al gobernador de Buenos Aires el manejo de las relaciones exteriores; en febrero de 1826 dictó la Ley de Presidencia que instituía un Poder Ejecutivo a cargo de un ciudadano que ostentaría el título de Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El designado fue Bernardino Rivadavia.
Al asumir, Rivadavia presentó al Congreso un proyecto de capitalización de Buenos Aires. La ciudad y gran parte de la campaña circundante se proclamaba capital del Estado; el resto de la provincia también se nacionalizaba y se lo dividía en dos provincias. Los recursos del puerto y la aduana pasarían a ser de la Nación, no de Buenos Aires. La finalidad principal de esta medida fue que el país contase con el dinero necesario para hacer frente a la Guerra con el Brasil, declarada por este a la Argentina, después de que los orientales proclamaran, el 25 de agosto de 1825, la independencia de la Banda Oriental de la monarquía brasilera.
En 1826, pese a las dificultades internas y externas, el presidente Rivadavia instó al Congreso General a dictar una Constitución Nacional. Si bien las provincias argentinas querían organizar el país bajo una república representativa, existieron divergencias respecto a establecer una organización unitaria o federal. Finalmente se instaló un sistema representativo, republicano y consolidado en unidad de régimen. La Constitución fue rechazada por las provincias.
En 1827, Rivadavia debió renunciar después que su ministro de Relaciones Exteriores, Manuel García, quien había entregado la Banda Oriental a los brasileños, en flagrante menoscabo de la causa argentina y oriental. Vicente López y Planes, elegido presidente provisorio, convocó a elecciones para integrar una Junta de Representantes que eligió al jefe del partido Federal, Manuel Dorrego, como gobernador de Buenos Aires; López presentó su renuncia y el Congreso decidió su disolución. Devolvió la autonomía a Buenos Aires y citó otro congreso en Santa Fe en 1828. La segunda experiencia constitucional había fracasado.
(*) Aquí se pueden leer otras notas del historiador Gustavo Dalmazzo.
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