La economía argentina enfrenta por estos días desafíos relevantes en su macroeconomía, que están manifestándose cada vez con mayor intensidad en el día a día de las empresas y familias de nuestro país.
La economía argentina enfrenta por estos días desafíos relevantes en su macroeconomía, que están manifestándose cada vez con mayor intensidad en el día a día de las empresas y familias de nuestro país.
Por un lado, el déficit fiscal ya crónico del gobierno nacional, que no es fruto de necesidades circunstanciales de un aumento del gasto público para atender situaciones coyunturales, sino que se ha convertido en un elemento característico de la administración pública nacional, que sistemáticamente gasta todos los años por arriba de lo que está en condiciones de recaudar a través de recursos genuinos.
Cabe agregar, para agudizar aún más el problema, que este déficit fiscal se da en un país que tiene una presión tributaria legal que no tiene margen para ser incrementada y con una inequitativa estructura tributaria que obliga a un debate de fondo sobre el sistema tributario que nunca encuentra el contexto político-económico apropiado para llevarse adelante.
Por otra parte, la imposibilidad de acceder al financiamiento genuino en el mercado internacional de capitales, en plazos y tasas razonables. Ello empuja al gobierno nacional a acudir a dos mecanismos para financiar el déficit fiscal que no resultan inocuos para el funcionamiento de la economía.
Esas fuentes de financiamiento son la emisión monetaria del Banco Central, con las consecuentes presiones que ello genera sobre el nivel general de precios de la economía (inflación) y la deuda en el mercado local de capitales, fundamentalmente a través de la emisión de títulos públicos cuyo capital ajusta por el CER y acompaña a la inflación.
Esta modalidad de financiamiento ya está generando dos efectos claramente visibles en el funcionamiento de la economía. Por un lado, una tasa de interés creciente y un achicamiento de los fondos disponibles para financiar a la economía privada (efecto crowding out), lo que a todas luces disminuye las posibilidades de darle dinamismo a la actividad empresarial. Por otro lado, mes a mes se verifica un incremento neto del endeudamiento nacional, ya que se renuevan los vencimientos de la deuda anterior (actualizada por inflación, cada vez a mayor tasa interanual) y se toma nueva deuda para financiar el déficit corriente.
En tercer lugar, la inflación creciente complejiza el funcionamiento de la economía argentina y carcome el poder adquisitivo de los salarios. Todos los actores de la economía buscan cómo minimizar tales pérdidas, mientras que algunos sectores más concentrados o con capacidad de imponer precios aprovechan para obtener rentabilidades exageradamente elevadas, frente a un Estado que no cuenta -o no supo construir- herramientas eficaces para evitar tales excesos. Cuanto menos efectivas demuestran ser las herramientas intervencionistas (tales como precios cuidados, precios justos, etc.), más queda en evidencia la importancia de recuperar el equilibrio macroeconómico como condición indispensable para luchar frente a la inflación.
Por último, la escasez de reservas en manos del Banco Central supone dos consecuencias muy concretas que atentan contra un funcionamiento adecuado de la actividad económica en nuestro país.
Por un lado, la muy baja disponibilidad de reservas líquidas por parte del Banco Central llevó a establecer cepos para la adquisición de divisas por parte de los argentinos, emergiendo una multiplicidad de tipos de cambios oficiales. Y, dada la recurrente expectativa devaluatoria, alimentada precisamente por la escasez de reservas, la brecha cambiaria entre los tipos de cambios “de mercado” y el tipo de cambio oficial se estabilizó en un rango superior al 80 por ciento desde hace largos meses. Dicho de otro modo, los actores del mercado dicen que el precio del dólar debería ser aproximadamente el doble del precio al que lo vende el Banco Central.
Por otra parte, esa restricción externa condujo al Banco Central a limitar también el acceso a las divisas por parte de las empresas que necesitan importar insumos, maquinarias y/o accesorios y repuestos para sus equipos. Esta creciente dificultad para acceder a tales bienes, constituye una traba que le quita dinamismo al funcionamiento de la economía nacional. No es la primera vez en la historia económica de nuestro país que un período de recuperación económica se ve truncado por la escasez de dólares. Los libros de texto dan cuenta de esta recurrente restricción externa identificándose bajo el nombre de “ciclos de stop and go”.
En la actual coyuntura prevalece lo que los economistas refieren como dominancia fiscal, la que no solo genera alta presión tributaria, inflación, crowding out y escasez de reservas, sino también el crecimiento de los pasivos remunerados del BCRA, déficit cuasifiscal y la dinámica de “bola de nieve” de esos pasivos que incide muy fuerte en contra de la estabilidad vía expectativas.
En síntesis, entonces, la macroeconomía argentina tiene hoy cuatro grandes desafíos por delante, tales como el carácter crónico del déficit fiscal del nivel nacional de gobierno (no sucede lo mismo para el consolidado de gobiernos provinciales, donde prevalecen finanzas públicas más robustas), la imposibilidad del acceso al financiamiento internacional y las consecuencias que de ello se derivan en término de encarecimiento del crédito doméstico, la inflación creciente que impide un incremento de los salarios reales, empujando así a un sector cada vez más grande de nuestra población a niveles de pobreza y la escasez de divisas que pone un freno a la recuperación de la actividad y distorsiona el funcionamiento del mercado externo, ya que se adelantan importaciones y se retrasan y/o subfacturan exportaciones.
Llegado este punto, vale recordar la histórica discusión ideológica entre quienes consideran que la raíz del problema económico de nuestro país es de carácter distributivo y quienes apuntan que la economía debe crecer y recién luego de eso se podrá lograr, vía efecto derrame, que las clases sociales menos beneficiadas puedan recibir una mejora en su nivel de bienestar.
Sin menoscabar los fundamentos esgrimidos por cada una de dichas corrientes de pensamiento, el deterioro estructural en la macroeconomía nacional y la inequidad creciente que exhibe nuestra sociedad, parecen mostrar la necesidad de encontrar diseños de política económica que permitan abordar simultáneamente ambos objetivos, en el mismo momento del tiempo.
No resulta socialmente sostenible, ni económicamente deseable, posponer las necesidades urgentes de un grupo cada vez más elevado de argentinos. De igual modo, es imposible darle sostenibilidad a una política económica que busque el progreso de nuestro país si no logramos un aumento significativo de la productividad media de nuestra economía.
Quizás estamos aquí frente al desafío central que tendrá que afrontar la gestión de gobierno que asuma en diciembre de 2023, en el entendimiento que el paquete de medidas que deben adoptarse exige un fuerte capital político para su implementación y varios años para dar sus frutos. Ambas razones nos indican que no es esperable que tales medidas se adopten en el último año de una gestión gubernamental y entrando en poco tiempo más en un proceso electoral.
Entonces, es de esperar que en los meses por venir sigamos transitando por un sendero de conflictos crecientes y medidas parciales y focalizadas de mitigación de daños, que sólo permitirán transitar el 2023 evitando, en el mejor de los casos, una crisis de dimensión aún superior a la que venimos atravesando. El desafío por llegar con un mínimo de estabilidad irá creciendo a medida que se acerquen las PASO, momento que requerirá grandes reflejos y capacidad de maniobra de parte del equipo a cargo de la conducción económica.
(*) Gonzalo Saglione es licenciado en Economía. Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR. Asesor de la Cámara de Diputados. Ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe en el período 2015/2019. Y consultor independiente.
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