Estado de impotencia

Hace un mes llegó a Rosario Al Jazeera para hacer un informe sobre el estado de violencia en la ciudad. El reportaje de la cadena qatarí se emitió para todo el mundo. La crónica de tres minutos fue motivada, según la corresponsal enviada, en el hecho de que las balaceras se volvieron algo cotidiano en un despliegue de bandas que se desafían en el contexto de la venta de drogas.

Un potente factor que ordena las acciones individuales que impactan en lo público son las emociones. Una empresa de noticias de enorme envergadura del mundo árabe se instala en Rosario tres días para catalogarla como la más peligrosa de la Argentina. Sin necesidad de explicitarse el despliegue de sentidos vuela a gran velocidad por la procedencia del emisor. Una cadena de Oriente Próximo, que es una de las regiones más conflictivas del mundo, se interesa por el estado de la ciudad por su violencia. La afectación emocional es fuerte. Gran mazazo al amor propio de la ciudad.

En el ataque a balazos contra una parrilla colmada de comensales en avenida Pellegrini arraiga la idea de que Al Jazeera no estuvo en Rosario por una visión distorsionada de la realidad local. En la ciudad donde atentaron a balazos contra un gobernador en su casa, donde hubo un sistemático ataque a domicilios de jueces, donde se instaló la protección extorsiva como el negocio criminal más dinámico, donde mataron a un gerente de un banco que apostaba en el Casino, el episodio del sábado significa el corrimiento de un nuevo límite. Nos interpela una vez más sobre cómo llegamos a esto. Y fundamentalmente por qué razones no podemos frenarlo.

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Es sin duda completamente familiar para quien vive en Rosario haber recibido de conocidos que viven afuera mensajes como este: "Amigo, qué feo salir a comer y que te caguen a tiros". Esa es la síntesis de un estado social. El ataque a un restaurante repleto en el principal corredor gastronómico de la ciudad resume una sensación tan concreta como tocar un cable pelado. Hay una deliberada búsqueda de conmoción pública en advertir como un individuo puede con toda calma apearse de su moto, abrir fuego de cerca contra un restaurante, herir a un trabajador, forzar a los clientes a tirarse al piso.

El efecto ruinoso no está solamente en lógico desaliento a los rosarinos a salir a cenar y el consecuente estrago comercial. Está sobre todo en el ahondamiento de la idea de una ciudad sin control donde todo puede ocurrir. Puede ocurrir porque ya ocurrió. Y pese a que ya ocurrió hay una impotencia en las instituciones del Estado que, aunque tiene matices porque existió trabajo, no es eficaz para frenar esta notable alteración del orden público que escala.

En momentos en que las autoridades celebraban el retorno de la actividad turística en el fin de semana largo, con un 80 por ciento de establecimientos colmados, el frente de El Establo fue acribillado a tiros. Leo Santero, vocero del Paseo Pellegrini, dijo que la acción fue publicidad mafiosa. Y admitió algo muy difícil que, comprensiblemente, no todos dicen: que él mismo recibió amenazas extorsivas a su local y balazos. "Están llegando a gente que no tiene que ver con el mundo delictivo lo que es una señal", sostuvo en Radio Dos.

Aquí hay dos órdenes de asuntos. Uno es que la venta de protección extorsiva se convirtió en una industria próspera en Rosario. Es una dinámica criminal relativamente nueva que en muchos casos viene de grupos que se dedicaron al narcomenudeo y que ahora entienden que para este nuevo negocio no necesitan adquirir ninguna materia prima para vender. Solamente requieren de la intimidación y la promesa de aplicación de violencia. Este fenómeno cruza la ciudad. Y toca cada vez rubros comerciales más diversos. Los mafiosos habían empezado con los sectores que por frecuentar ilegalidades tiene complicado hacer la denuncia como concesionarias o algunos bares. Pero ahora, tal como precisa el dirigente de Paseo Pellegrini, la dinámica del chantaje no discrimina. Es pagar a cambio de no recibir daño.

Eso se vio a principios de octubre en una heladería y una farmacia de Ovidio Lagos al 4200 en un caso donde la fiscalía identificó a los extorsionadores y los puso en prisión. Pero es una secuencia más larga. Que incluyó el atentado contra el Casino que mató a un apostador. Las balaceras contra seis dirigentes del sindicato de peones de taxis que se negaban a pagar a los mafiosos. A por lo menos diez concesionarias y agencias de venta de automotores. A media docena de estaciones de servicio durante diez días recientes. A varios boliches como el local bailable Roma de Pellegrini al 900. Y en Semana Santa de 2018 a tres bares de Pichincha, uno de los cuales, se supo después, era administrado por Matías Herrera, condenado después por narcotráfico. En junio pasado balearon una vinería de San Juan y Oroño en supuesto apriete al mencionado Herrera. Su madre es la dueña que alquilaba el local a la vinería.

Para calibrar la hondura del asunto habría que detenerse en el detalle de la fecha del ataque a los bares de Pichincha. Y aquí está el segundo asunto. Estos ataques fueron hace tres años y medio. No son fenómenos nuevos. Sin embargo las instituciones penales y políticas no trabajaron articuladamente desde entonces sobre este fenómeno criminal que ahora desemboca, multiplicado en vigor, en la balacera a El Establo. Desde luego que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) identificó a autores de dinámicas de venta de protección o de extorsión violenta para arrancar un fin. Varios ideólogos ya estaban presos al concebir esos ataques. Pero lo que hay es improvisación, falta de planificación y una ya pueril batalla con balas de fogueo para echarse la culpa por un fenómeno que es un proceso histórico complejo.

En el medio de un año de atentados reiterados y de una ubicuidad que produce un lógico estado de temor el Ministerio de Seguridad provincial está enfrascado en una interna de una visibilidad apabullante. El clima de disputa palaciega lo cuentan desde adentro mientras eso se traduce en un boicot que frena hasta órdenes de servicio. Entretanto las balaceras extorsivas vienen desde antes pero cada administración toma los hechos como si fueran un problema del otro. Cuando balearon a Bonfatti gobernaba el socialismo. Cuando atacaron a tiros los bares de Ricchieri al 100 gobernaba Lifschitz. Ahora que disparan sin control contra comercios, concesionarias y restaurantes gobierna Perotti.

Es un problema que excede por su magnitud a cualquier gobernante pero que no consigue umbrales mínimos de acuerdos y bases de política pública que impliquen lo mismo que es normal en otras áreas. En Salud el funcionamiento de los hospitales y de las redes de emergencia están asegurados gobierne quien gobierne. En Seguridad la prevención y el patrullaje empiezan de nuevo con cada nueva gestión. En el medio de una alteración del orden público que no viene de ahora, la discusión más resonante atinente a seguridad pública que se dio la Legislatura fue el destino del ex ministro Marcelo Sain. No es que eso no tenga importancia. Pero la ya endurecida dinámica de balaceras imparables contra seres humanos y comercios, algo que se sostiene hace ocho años y bordea lo anómico, no mereció ningún trabajo riguroso y continuado de las autoridades estatales. En especial los partidos políticos con representación se la pasaron torpedeandose con discursos de baja calidad mientras los ciudadanos piden protección.

En la Legislatura, en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial la provincia de Santa Fe padece de la ausencia de una burocracia más profesional, como existe en el sistema de salud o de educación, que gobierne y gestione las políticas de control del delito más allá de los cambios de gobierno. La cuestión de la seguridad queda como una mercancía del mercado de intercambio político donde no existe algo que es lo único que puede modificar el actual paisaje: el trabajo sistemático sobre bases programáticas a largo plazo. Los que están en funciones ejecutivas tratan de acumular y sostener pisos de legitimidad electoral ofreciendo mezclas de innovación y tradicionalismo. Y los que están en la oposición utilizan este campo para socavar al gobierno de turno. Eso fue lo que pasó durante los gobiernos del Frente Progresista y lo que sucede ahora. Un estado de impotencia. También de negación. Y de falta de soluciones que jamás serán totales.

En el medio hasta ayer las autoridades establecían que el ataque a El Establo fue a las 23.48 y que hasta 40 minutos después no había presencia policial en los cuadrantes por los que conforme a las rutinas suele haber escapes después de delitos. Esa información a 24 horas del hecho no estaba disponible. Tampoco se comunicó cómo se irradió el alerta tras un incidente que puso en riesgo la vida de decenas de personas en uno de los lugares mas transitados de Rosario. ¿A qué se debe esta omisión de servicio policial en semejante contexto continuado de violencia?

En esta década la dinámica criminal en Rosario se alteró con un vértigo que pone en crisis todo como para que la política se detenga en cualquier cosa que no sea seria. En solo ocho años se duplicaron los homicidios, se mata gente frente a testigos, se tirotearon casas de jueces, se construyó una rama de sicarios, líderes encarcelados se vuelven multimillonarios y agentes financieros legales hacen negocios con ellos. Demasiado veloz el proceso, demasiado estériles las respuestas. Como último capítulo quedan las sugerencias externas como la propuesta de Patricia Bullrich de habilitar alguna participación de las fuerzas armadas en este prolongado conflicto. A sus ideas mejor dejarlas lejos de Santa Fe. En mayo de 2019 la ex ministra de Seguridad promovió un procedimiento antinarco en el marco de una disputa política con Lifschitz un día antes de las elecciones primarias. Luego ordenó procedimientos supuestamente para esclarecer balaceras a casas de jueces. En esos operativos detuvieron a catorce personas que fueron imputadas por la tenencia de 24 armas de fuego secuestradas por fuerzas federales en Rosario. Una semana después se detectó que tales armas no tenían relación alguna con las balaceras contra objetivos del Poder Judicial. Las pericias balísticas determinaron que esas armas no fueron usadas en ninguno de esos atentados, por lo que el fiscal del caso renunció a formular acusación alguna contra quienes las tenían, dado que ninguna prueba lo avala. No sea que a Al Jazeera se le ocurra volver para contar estas cosas.