El avance de Uber en Rosario se torna imparable y casi irreversible

Las aplicaciones de movilidad ilegales, en especial Uber y Didi. no paran de avanzar en Rosario. Se calcula que ya igualan la cantidad de taxis en circulación y muchos por lo bajo advierten que no sólo les quitó pasajeros a los tacheros sino también al propio transporte urbano. La situación parece no tener freno y luce casi irreversible.

Pasaron largos años desde que Uber y compañía eran una amenaza acotada hasta la actualidad, donde ya son jugadores clave del mercado. Tanto; que muchos de los viajes que los usuarios gestionan en las apps no reconocidas por las ordenanzas vigentes se concretan a través de taxis legales.

Gremios y cámaras de taxis calculan que hay unos 2.000 coches asociados a Uber y Didi en Rosario, entre ellos muchos tacheros legales. El cálculo es estimativo ya que al ser una actividad no registrada carece de datos oficiales. De ser así, representa la mitad de los taxis habilitados para circular en la ciudad (4.000 en total), pero de los cuales cerca del 50 por ciento no lo está haciendo con regularidad ya sea por estar en caución, abandonado o con intenciones de devolver la chapa su dueño.

Discusiones estériles

En la última década los actores directamente involucrados en el tema, cámaras de taxis, sindicato, concejales y Ejecutivo, hicieron todo lento. Demoraron eternas discusiones técnicas y políticas y no lograron anticiparse a la transformación que en los hechos ya se veía. Así, terminaron siendo funcionales a la irrupción cada vez más agresiva de las plataformas alternativas.

Sin ir más lejos, hasta hace poco tiempo estuvieron vigentes exigencias propias del siglo pasado, como el sistema de radio llamada, cuando la inmensa mayoría de los pasajeros ya no llama por teléfono para pedir un coche.

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Ediles, funcionarios, peones y dueños de chapas debatieron durante años medidas de seguridad al interior de las unidades para evitar robos y agresiones. La colocación de la famosa mampara antivandálica insumió meses de discusiones estériles en el Concejo, dejando finalmente esa modalidad como optativa y no obligatoria.

En tiempos de bonanza, que los hubo porque no siempre hubo crisis en el rubro, cuando el municipio licitaba chapas y los interesados eran tantos que se sorteaban las licencias en estadios repletos de inscriptos, los prestatarios también ponían reparos a las exigencias de la época: cumplimiento de turnos, presencia de unidades los días de lluvia, los fines de semana por la noche y en especial durante las fiestas de fin de año.

El reclamo de los usuarios

En paralelo, los pasajeros reclamaban mejora en la higiene y estado de los coches, utilización de aire acondicionado los días de intenso calor, buenos tratos de los conductores y que no rivalizaran con otros tacheros por las paradas.

Y pedían a gritos que los taxis ingresaran a todos los barrios, que no hubiera zonas rojas desestimadas y tampoco derecho de admisión por portación de rostro.

La espiral inflacionaria golpeó fuerte a la actividad y disparó los costos del sistema. La tarifa política votada por el Concejo acompañó parcialmente ese desfasaje y empezó a herir de muerte a los taxis habilitados.

En simultáneo, el avance tecnológico se tornó imparable. El celular se usa para todo menos para hablar por teléfono y permite adquirir a la distancia en tiempo real cualquier bien y servicio, comparando precio y prestaciones.

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Si bien el sistema de taxis local hace tiempo tiene su plataforma digital, la realidad marca que siempre estuvo varios pasos atrás en accesibilidad, usos y resolución comparada con las de las apps ilegales.

En estos años hubo además un brusco cambio en los hábitos de consumo y las formas convencionales de contratar servicios públicos perdieron terreno frente a las plataformas masivas, que además ofrecen respuesta en tiempo real a cada una de las demandas de los pasajeros.

Tarifas diferenciadas

El servicio de taxis oficial tiene una doble regulación: de tarifa votada por el Concejo y de obligaciones registrales que van desde el tipo de coche a utilizar, su antigüedad, las inspecciones técnicas y de higiene periódicas hasta las onerosas tasas y gravámenes que deben abonarse. Además de las exigencias laborales en caso de tener un chofer contratado.

Este combo los ubica en clara inferioridad de condiciones al momento de competir contra la tarifa que ofrecen Uber y Didi, que no parten desde la misma señal de largada, sino varios casilleros adelante en ahorro tributario.

Las apps ilegales ofrecen tarifas que pueden ser hasta un 40 por ciento más bajas que las oficiales según el día y la demanda. Para los tacheros, lo hacen con valores de “dumping”, por debajo del valor real para romper el sistema y quedarse con su clientela. Y luego ir hacia un camino de sinceramiento tarifario, mucho más alto.

La protesta por mayores controles que los taxistas protagonizaron el lunes frente a la terminal de ómnibus no le suma mucho al sector. El accionar de parte de los manifestantes terminó siendo un bumerang a sus legítimas reivindicaciones y fue funcional para que el poder concedente los tildara de “patoteros”. Y para que muchos potenciales usuarios se pregunten si quieren viajar conducidos por ese patrón de conducta.