Casi 1.500 juicio orales y unos 20 mil procesos abreviados se concretaron en la Justicia provincial en Santa Fe desde la entrada en vigencia del actual sistema penal en 2014. En ese lapso se abrieron más de dos millones de legajos de investigaciones penales y hubo más de 180 mil audiencias de primera instancia y apelaciones. Datos como estos se desprenden del informe de gestión 2022 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que el fiscal general Jorge Baclini presentó a modo de despedida del cargo que asumió en 2017 y culmina en estos días.
A casi diez años de su puesta en marcha Baclini describió al MPA como un “motor de transformaciones” y consideró entre los logros de su gestión la “celeridad en las investigaciones, condenas que sentaron precedentes, acompañar a víctimas y testigos, la profesionalización de la investigación penal” y la apertura de sedes en toda la provincia.
“Ante situaciones de complejidad institucional, el MPA pudo resolverlas apelando a resortes internos que funcionaron como deben para superar las adversidades”, remarcó Baclini tal vez en alusión al fallido mandato de Patricio Serjal, fiscal regional de Rosario destituido acusado de cobrarle dinero al empresario de juego Leonardo Peiti para protegerlo de investigaciones en su contra.
En su balance el fiscal general saliente dijo que “los indicadores de violencia social plantean un alerta innegable”; por ello insistió en “un acuerdo político-institucional de los tres poderes del Estado para sentar las bases de un plan de política criminal que establezca estrategias claras y a largo plazo” contra el delito.
“Urge revertir —añadió— focos problemáticos que tienen epicentro en los grandes centros urbanos. Y aunque la prevención no es tarea del MPA, asumimos el compromiso de participar en las instancias de articulación institucional que haya para afrontar esta situación”.
Por ello abogó por un plan estratégico que contemple el control de armas, que acompañe y proteja a víctimas y testigos, aborde los delitos relacionados al lavado y replantee el sistema penitenciario.
Más números
El informe indica que durante 2022 se iniciaron 263.172 investigaciones, la mayor cantidad desde la puesta en funcionamiento del MPA, que entre el 10 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre pasado abrió 2.022.344 legajos. De esa cifra, en el 49,7% de los casos hubo al menos una persona identificada como autora del delito investigado. En ese marco se indicó que el nuevo sistema realizó más de 184 mil audiencias.
De las investigaciones iniciadas en toda la provincia más de 20 mil llegaron a sentencia. En juicios orales fueron 1.427 casos, 840 de ellos en el ámbito de la Fiscalía Regional 2 de Rosario (ver infografía). Asimismo, 19.338 juicios se cerraron con procedimientos abreviados, es decir acuerdos entre fiscales y defensores —cuya legalidad es controlada por jueces— mediante los cuales los imputados admiten los delitos que les achacaron y obtienen una pena menor sin atravesar el debate oral.
También se destaca una gran cantidad de legajos resueltos con otras alternativas como la suspensión de juicio a prueba conocida como “probation”. Entre 2019 y 2022 se resolvieron 3.744 con esas medidas, se concretaron 6.332 mediaciones y 2.734 conciliaciones.
La resolución de las causas penales incide en la cantidad de personas detenidas con o sin condena. Al respecto el informe primero destaca que el año pasado aumentó un 13% la población de reclusos en cárceles y comisarías. Y que, al igual que en 2021, en 2022 la cantidad de presos sentenciados (56%) superó la de los encerrados con prisión preventiva.
Asimismo, poco más del 35% de los reclusos están condenados o imputados por hechos de robo que en pueden incluir otros delitos. Un 22% está acusado o condenado por homicidio, un 17% por abuso sexual y un 13% por amenazas.
También se destaca que 2022 fue uno de los años con más homicidios en la provincia: 408. La cifra es la más alta desde 2016 pero inferior a los 438 de 2013, los 463 de 2014 y los 432 de 2015. De ese total más del 70% se registraron en el ámbito de la Fiscalía Regional de Rosario que abarca los departamentos Rosario, San Lorenzo, Caseros, Iriondo y Constitución. En la Fiscalía de Santa Fe la cifra estuvo en torno al 20%. En Rafaela hubo nueve mientras que en las otras dos, con sedes en Reconquista y en Venado Tuerto, cinco asesinatos en cada una.
Otros logros que destaca el informe tiene que ver con la creación de unidades fiscales en distintas localidades “con inversiones propias y vinculación institucional con municipios y comunas”, lo cual arroja 35 espacios donde trabajan las distintas fiscalías santafesinas.
Cinco de esas dependencias están en edificios del Poder Judicial en Rosario, Villa Constitución, San Cristóbal, Reconquista y Rufino. Diez en espacios cedidos o compartidos por municipalidades y comunas como en Las Parejas, Villa G. Gálvez, Totoras, Roldán, Funes, Firmat, Villa Ocampo, Avellaneda, Frontera y Las Toscas, mientras que los 20 restantes están en inmuebles alquilados. Al respecto Baclini adelantó que se proyectan dependencias en Helvecia, Sunchales, Ceres y San Genaro.
Pero además los vecinos pueden hacer denuncias penales por internet. El sistema totalizó, entre abril de 2020 y diciembre pasado, más de 55 mil presentaciones de ese tipo.
También se dio a conocer la planta de personal del MPA, entre tras cosas que hacen a su funcionamiento. Con 628 empleados al 31 de diciembre, de ese total había 71 fiscales, 89 adjuntos, 58 funcionarios, 338 administrativos, 65 de servicio y 7 choferes.
