No es la primera vez que el bronce se transforma en el bien más preciado, así como sucede con el cobre y otros metales de los cables telefónicos y de energía que se convirtieron en botín de robos en los últimos tiempos. Tanto es así que las obras de arte de la vía pública que supieron ser bronce ya no lo son y hace ya tiempo que la Municipalidad debió reemplazarlas por copias realizadas en otros materiales de bajo costo, entre ellas el plástico, y pintadas simulando el preciado material. Por eso, ya desde 2016, en el marco de emergencia en materia de seguridad, la ciudad tiene una ordenanza aprobada por el Concejo Municipal que estableció “un régimen especial” para regular determinados rubros. Entre ellos se cuentan las chatarrerías, desarmaderos y espacios de compraventa, precisamente de estos materiales que pueden ser de dudosa procedencia.
La pregunta de rigor es si en estos siete años las medidas especiales establecidas se cumplieron y cuáles fueron las actuaciones del Ejecutivo municipal, un interrogante que se planteó esta semana en la reunión de Comisión de Gobierno y que los concejales del bloque de Ciudad Futura buscan traducir en un pedido de informe que presentarán para ser tratado sobre tablas este jueves.
El proyecto solicita que se detalle la cantidad de inspecciones realizadas, procedimientos de clausuras e información adyacente sobre chatarrerías y espacios de compraventa de materiales, tal como están regulados en esa ordenanza.
Y hacen hincapié, como señalaron desde el bloque de concejales que encabezan la propuesta, que “se trata de un reclamo de todos los vecinos de la ciudad y no sólo del centro, sino también de vecinales y clubes que sufren este tipo de robos”.
Debate en comisión
La cuestión sobre el cumplimiento de la ordenanza Nº 9.610 quedó planteada esta semana en la comisión de Gobierno ante la presentación de dos nuevos proyectos que intentan establecer nuevas condiciones para la comercialización de productos usados en chatarrerías y casas de antigüedades en el marco de pico de robos de elementos de bronce en la vía pública: una del concejal oficialista Ciro Seisas (bloque Arriba Rosario) y la segunda del concejal Miguel Ángel Tessandori (bloque Volver a Rosario).
La presidenta de la comisión y concejala de Ciudad Futura, Caren Tepp, reconoció que se trata de “un tema de preocupación que está en la agenda pública”, pero también recordó en ese momento que existía una ordenanza votada y aprobada en 2016.
“Llevamos la propuesta de tratar sobre tablas un pedido de para saber cuáles fueron desde entonces y hasta el momento las actuaciones del municipio al momento”, dijo Tepp a La Capital, además de remarcar la necesidad de tener “información oficial” por parte del Ejecutivo municipal.
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El cementerio La Piedad fue objeto de un nuevo robo de objetos de bronce y vandalismo.
Foto: Marcelo Bustamante / La Capital
Ese no será el único paso que Ciudad Futura dará este jueves al recinto de sesiones para evitar “la sobrelegislación” de las problemáticas, como lo llamó su par de bancada, Pedro Salinas.
La segunda propuesta es la adhesión a la ley provincial aprobada en abril pasado, que crea un Registro Único Provincial de Acopiadores y Comercializadores de Metales No Ferrosos y que los obliga además a llevar en cada caso un libro donde consten datos sobre la compraventa y las personas que intervienen en cada operación.
“De este modo se evita desplegar una nueva normativa local, sino que se adhiere a la que ya existe a nivel provincial y así el municipio puede poner en marcha las gestiones interjurisdiccionales para que las áreas de Control y Convivencia locales puedan implementar las inspecciones y fiscalizaciones establecidas en la ley”, detalló Salinas.
Qué dice la ordenanza vigente
El concejal del bloque Ciudad Futura recordó que la ordenanza de 2016 se aprobó en el marco de la declaración de la emergencia en materia de seguridad, por lo que “establece varios puntos para el fortalecimiento de la documentación exigible a diferentes rubros comerciales para su habilitación y transferencia que van desde las armerías y entidades financieras, pero en el medio también están las chatarrerías, galpones de compraventa y comercios de repuestos de automotores”, explicó sobre la amplitud de la norma.
La ordenanza de 2016 regula sobre armerías, compraventa de celulares, desarmaderos de automotores, chatarrerías y comercios de compraventa de repuestos, talleres mecánicos y también entidades financieras y concesionarias y revendedores de vehículos.
Antecedentes
Además, dispone que para las solicitudes de habilitación, renovación y transferencia, así como cualquier trámite en la titularidad, los interesados deberán acompañar certificado de antecedentes penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, además de declaración jurada que dé cuenta del origen de los fondos utilizados para el empredimiento. Allí establece también que en caso de existir condenas o procesamientos firmes tanto sobre el titular como directivos, el municipio puede rechazar el trámite.
La norma establece además en su artículo quinto requisitos específicos para la habilitación o de renovación de permisos para desarmaderos de automotores, chatarrerías y de compraventa de repuestos usados, que deberán estar inscriptos ante el Rudac (Registro Único de Desarmaderos y Actividades Conexas) y ante el Rede (Registro Provincial de Desarmaderos de Automotores, Chatarrerías y Comercios de Compra Venta de Repuestos Usados), así como también deberán especificar el origen de los fondos.
- El incumplimiento a las disposiciones no sólo está penado con multas, sino que además se prevé la inhabilitación para ejercer el rubro por un plazo de cinco años.
