El gobierno del Frente de Todos asumió con una herencia pesada. Una deuda casi equivalente al Producto Bruto Interno (PBI), en situación de parcial impago por el “reperfilamiento” de los títulos bajo legislación local y con la mayor deuda jamás acordada con el FMI. Desde el inicio, tomó como horizonte recomponer la sostenibilidad de la deuda, un camino de negociación de “buena fe” y pagos como prioridad. La pandemia no alteró este horizonte estratégico, sino que lo consolidó: se negoció extendiendo plazos y bajando intereses, pero mientras se pagaba y sin cuestionar la co-responsabilidad de los acreedores. En 2020 se logró reestructurar con acreedores privados y en 2022 se llegó a un nuevo acuerdo con el FMI. En este caso, se trató de un Acuerdo de Facilidades Extendidas, que tiene una maduración más prolongada que el stand by firmado por Macri. Pero no se trata de un reemplazo de acuerdos sino que ambos están vigentes a la vez: cada tres meses el FMI realiza una auditoría sobre la economía argentina, y decide si aprueba o no desembolsos para pagar el acuerdo previo. De este modo, las políticas públicas del país están bajo control estricto del organismo, que maneja la llave para definir si Argentina cae en default. Justamente, durante todo el mes de septiembre el gobierno se esforzó por cumplir y mostrar resultados, sintetizados en la gira de funcionarios por Estados Unidos.
En el primer plano, el eje con mayor conflictividad fue el intento infructuoso de Guzmán de recortar los subsidios que mantenían atrasadas las tarifas de servicios públicos y de la energía. Si bien sectores internos al gobierno se resistían a este rumbo, no presentaron iguales reticencias en el segundo plano. Se consolidó una suerte de confluencia sobre la necesidad de incrementar las exportaciones como condición sine qua non del crecimiento, y potenciales ulteriores mejoras distributivas. El impulso a la agricultura de exportación, la minería y la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales formaron parte del acuerdo lanzado durante la pandemia por el gobierno.
Las disputas internas condicionaron el avance del programa durante largos meses, desencadenando la renuncia de Guzmán, su breve reemplazo por Silvina Batakis y finalmente el arribo de Sergio Massa a un ministerio unificado. Su llegada, sin embargo, no implicó un cambio de rumbo, sino más bien el fin de la “ambigüedad” inherente a la coalición. Eliminar de contradicciones el rumbo, y fijar el consenso sobre el acuerdo con el FMI, para avanzar de manera decidida. Esto involucró la eliminación de subsidios, los recortes en el presupuesto vigente en 2022 y su continuidad en el presentado para 2023 -donde los gastos en salud y educación sumados apenas superan lo destinado al pago de la deuda-. Asimismo, esta línea estratégica permite ordenar la última gira de funcionarios en Estados Unidos.
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El ministro de Economía Sergio Massa respaldó las críticas de Cristina
Un mes de gira oficial
El denominado “relanzamiento del gobierno” se puso a prueba a los ojos de los representantes de los mercados, los países centrales y del FMI durante las giras oficiales en los Estados Unidos durante septiembre. Por orden cronológico (y para algunos, por orden de importancia), el primero en aterrizar en el país del Norte fue Massa. Con una nutrida agenda de reuniones en distintas oficinas de Washington, el ministro de economía buscó dar señales sobre el rumbo de la política económica argentina. En este sentido, antes de subir al avión, el domingo 4 de septiembre Massa oficializó el “dólar soja”, una política diferenciada para que el sector agroexportador liquide la cosecha de soja con una cotización del dólar a 200 pesos, obteniendo así dólares para las reservas del Banco Central.
El “dólar soja” se convirtió así en una carta de presentación para la carpeta del ministro en sus reuniones en la capital estadounidense. En la gira, Massa y sus funcionarios de área (incluyendo al secretario Gabriel Rubinstein, luego de su cuestionado nombramiento) junto al embajador Jorge Argüello, tuvieron encuentros con representantes del FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, empresarios del sector petrolero y minero y con los responsables del Departamento de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos.
Bajo el imperativo de “conseguir dólares”, la comitiva argentina concretó reuniones con funcionarios del BID y el Banco Mundial obteniendo apoyo político y financiero. El caso del primer organismo sobresale luego de que su presidente, Mauricio Claver-Carone, instará a las instituciones multilaterales a frenar el financiamiento a la Argentina hace apenas tres meses con los resabios de la disputa por la presidencia del Banco como telón de fondo, cuando Argentina candidateó a Gustavo Béliz. El ministro Massa parece haber revertido esa imagen de distanciamiento. A pesar de la destitución de Claver-Carone de su cargo, aprobada por el directorio ejecutivo el pasado 26 de septiembre, el acuerdo con la Argentina se sostuvo. El organismo aprobó el 12 de octubre el desembolso de 700 millones de dólares para fortalecer las reservas.
Massa concretó también reuniones bilaterales con miembros de la Casa Blanca. Los ya conocidos, por sus últimas visitas a la Argentina, consejeros de Seguridad Nacional del gobierno estadounidense, Jake Sullivan y Juan Gonzalez; y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. Resulta interesante destacar que en un mismo viaje, el ex intendente de Tigre logró cosechar el apoyo de Yellen y el ala del partido demócrata que sustenta a la presidencia de Joe Biden, así como del representante trumpista en el BID, Mauricio Claver-Carone. Esta versatilidad es un rasgo del que Massa usufructúa y por el cual pretende destacarse como dirigente político.
Asimismo, se llevaron a cabo reuniones con empresarios del sector energético, petroleros vinculados a la explotación offshore y mineros especialmente interesados en el litio. En estos encuentros, Massa buscó cosechar los resultados de las conversaciones previas que el propio ministro había tenido con los grupos corporativos, en particular cuando viajó a principios de mes a Houston, Texas.
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En conferencia, Kristalina Georgieva, directora del FMI.
Fuente: Tw de @KGeorgieva
Y finalmente tuvo lugar la esperada reunión de Massa con el FMI. El 12 de septiembre, el gobierno obtuvo buenas señales en cuanto a la aprobación de la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas pactado en diciembre de 2021. Funcionarios del Fondo, como así también la propia directora general, celebraron la gestión de Massa y el compromiso del gobierno con el acuerdo del FMI. Luego de este encuentro, Kristalina Georgieva anticipó que las metas a cumplir por parte de la Argentina no cambiarían a pesar de la inestable dinámica de la economía mundial marcada por la crisis y la guerra. El departamento de Comunicación del FMI, a través de Gerry Rice, enfatizó el compromiso de Massa con el programa del organismo, y elogió a su equipo. De hecho, el 12 de octubre, el Directorio del organismo aprobó la revisión trimestral, lo cual habilitó el desembolso inmediato de 3.800 millones de dólares. Este desembolso salda el mismo monto pagado en las primeras dos semanas del mismo mes al mismo organismo, por el préstamo Stand By otorgado a Cambiemos en 2018.
En la tercera semana de septiembre fue el turno del presidente de la Nación de visitar Estados Unidos. Alberto Fernández viajó para dar su discurso en la Asamblea anual de la Organización de las Naciones Unidas y concretar reuniones con representantes del FMI y con empresarios del sector energético. Después del cónclave en las oficinas del Fondo, el personal técnico del organismo aprobó la segunda revisión del préstamo, lo cual habilitó a que las autoridades giraran 3.800 millones de dólares a la Argentina. Las metas establecidas en el Acuerdo fueron parcialmente cumplidas y, a pesar de que el FMI reafirmara la continuidad de las mismas hasta diciembre de 2023, dicha aprobación requirió cierta flexibilidad en el organismo. El área con más problemas fue el compromiso de acumulación de reservas, que justamente vino a apuntalar el “dólar soja”. Este renovado apoyo desde Washington puede ser leído tanto como la apuesta al Programa del Fondo y la adopción de estas políticas por la Argentina en una suerte de cogobierno; como así también en clave de las disputas internas dentro del organismo, donde Giorgieva pone a prueba su gestión luego del intento de destitución en 2021.
En la ONU, el presidente Fernández brindó un discurso en el que abordó dos temas recurrentes en esta gira: la deuda y la búsqueda de inversiones. En cuanto a estas últimas, el mandatario resaltó la situación argentina en el mapa de reservas de gas y petróleo en yacimientos no convencionales, así como la disponibilidad de litio. Sobre la deuda, Fernández mencionó -llamativamente- que la actual gestión de la deuda estaría siguiendo los postulados de “crecimiento sostenido e inclusivo, minimizando los costos económicos y sociales, garantizando la estabilidad del sistema financiero internacional y respetando los derechos humanos”, contemplados por la resolución 69/319 de ONU del año 2015. Al día siguiente, el presidente se trasladó a Houston donde intentó convencer a los empresarios petroleros de la explotación en Vaca Muerta a partir de garantizarles “seguridad jurídica” a sus inversiones mediante una nueva ley hecha a medida del sector.
Por último, a finales del mes, el ministro de interior Eduardo de Pedro viajó junto a los nueve gobernadores del Norte Grande, cerrando la gira de funcionarios por Estados Unidos. En reuniones con el BID y el Banco Mundial, el Departamento de Estado, grupos empresarios y el FMI, la comitiva argentina volvió a reforzar su búsqueda de inversiones en explotaciones primarias. Una muestra de este compromiso es que, desde Washington, los gobernadores emitieron un comunicado cuestionando el proyecto de ley de humedales el mismo día en el cual los bloques mayoritarios del parlamento argentino retiraron el proyecto para su tratamiento legislativo.
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Horizontes e interrogantes
Como resultado de las giras, la presidencia, los ministerios y los gobiernos provinciales regresaron al país con una agenda común, que reafirma un consenso: la continuidad del programa con el FMI. Se reforzó así el plan que presentó Massa al asumir: poner en marcha la “fábrica de dólares”, orientado a elevar las exportaciones e incentivar las inversiones. Las visitas al exterior llegan con promesas en este último sentido, que exigen garantías para efectivizarse. Esas garantías incluyen desgravación fiscal y libre disponibilidad de divisas, además de tipos de cambio preferenciales, que sitúan a los actores poderosos como principales beneficiarios de la política económica. Estos sectores, enfocados en obtener divisas, no tienen especial interés en el mercado interno, lo cual pone a los salarios como un simple costo a minimizar. Considerando que este sector se vuelve el interlocutor privilegiado, no llama la atención que los salarios reales no hayan logrado recomponer lo perdido con el gobierno anterior, habiendo incluso caído durante este gobierno. La distribución funcional del ingreso muestra un deterioro continuado a lo largo de los últimos 7 años.
Las exigencias de estos sectores no se condicen con un plan que vaya en línea con fortalecer la producción interna, transferir tecnología o crear empleo. Por el contrario, demandan todas las ventajas para sí, y el gobierno accede en aras de cumplir con el pago de la deuda. El “dólar soja” es expresivo de este sesgo: se habrían liquidado más de 16 millones de toneladas, por un monto total de 8.100 millones de dólares. Con esto se cumplen las metas de acumulación de reservas con el FMI. Sin embargo, resultan un premio para los acopiadores que retuvieron la cosecha -no así para pequeños productores-, y supone una emisión de pesos que supera lo ahorrado por la eliminación de subsidios energéticos. Para evitar incumplir las metas de emisión con el FMI, estos pesos extra son absorbidos emitiendo más deuda -tanto del Tesoro como del Banco Central-. Es decir, para cumplir los pagos de deuda se otorga beneficios a los sectores poderosos, generando más deuda. ¿Será suficiente?
Por lo pronto, garantizó el desembolso de 2.000 millones de los bancos multilaterales y 3.800 millones por parte del FMI. Esta nueva deuda, sin embargo, no parece ser suficiente ni siquiera para lidiar con los vencimientos del propio organismo. Como se puede ver en el gráfico (que está abajo), de continuar este rumbo, los desembolsos del FMI de aquí al final del mandato presidencial no alcanzarían siquiera para cubrir los pagos al mismo organismo, volviéndose el país una gigantesca puerta giratoria de deuda creciente con intereses y nuevas obligaciones. ¿Será acaso esta gira un relanzamiento al desarrollo del país y la mejora de nuestras condiciones de vida, o más bien parece una nueva de tuerca en este mecanismo de subdesarrollo que nos tiene siempre buscando satisfacer acreedores y poderosos? La evidencia parece caer en este segundo sentido…
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Gráfico en base a datos del ministerio de Economía y al FMI.
Fuente: Fuente: Elaboración propia
Nota escrita por:
(*) Francisco Cantamutto es economista de la Universidad del Sur y doctor en Ciencias Sociales de FLACSO México. Trabaja como docente en la UNS e investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del CONICET.
(**) Lucas Castiglioni es licenciado en Relaciones Internacionales. Docente de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN. También investiga en el GT sobre Crisis y Economía Mundial de CLACSO.
