Rafael Klejzer, director de Políticas Integradoras del Ministerio de Desarrollo Social.
“La economía popular es hoy parte del asistencialismo y no parte de un aparato productivo”, señaló Rafael Klejzer, director nacional de políticas integradoras del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. El funcionario consideró esencial dar un viraje para aportar una solución de fondo a un problema central en la Argentina, como es la inflación. “Hay que dejar de discutir la pobreza para empezar a discutir la riqueza”, planteó.
En ese sentido, Klejzer promueve la creación de una Empresa Nacional de Alimentos (ENA), que busca impulsar un rol activo del Estado en la planificación, regulación, control, producción, análisis de costos y comercialización de los alimentos y frenar así el avance de los oligopolios que operan en el mercado fijando precios. Es, a gran escala y con una estructura más consistente, una herramienta para generar precios de referencia, algo que hoy parece una entelequia en Argentina en la que la inflación genera fuertes dispersiones y distorsiones.
La propuesta que el funcionario motoriza no encontró ni antes ni ahora eco en el Ministerio de Economía de la Nación y por eso busca instalar ese debate a través de un proyecto legislativo impulsado por el diputado Leonardo Grosso. “Es una herramienta de intervención frente a lo que es la economía de mercado, la concentración de la producción, comercialización y distribución de alimentos en Argentina”, dijo Klejzer durante su paso por Rosario invitado por la agrupación política Causa, el movimiento social La Dignidad y La Liga de los Pueblos Libres.
En la ciudad el funcionario además visitó la Asociación Empleados de Comercio,el gremio de los mercantiles que a través de su proveeduría está trabajando en fomentar un espacio de comercialización a precios más bajos que los de las grandes cadenas a partir de asociaciones con pymes y productores.
Justamente ese es, a gran escala, una de los puntales sobre los que se piensa la ENA, que tomó el modelo de las empresas públicas desarrollado en Bolivia, a través del cual “con una intervención de entre 10% y 15% en el mercado se logra bajar el precio de las competidoras”, relató.
El modelo de ENA en Argentina consiste en una articulación entre el Estado y los pequeños y medianos productores para crear una red que vaya desde la producción primaria pasando por la industrialización, la logística y la comercialización final. Estructurada inicialmente mediante un proceso de incubación, que con respaldo público, les permita despegar y escalar a las empresas regionales.
“Cuando uno piensa en empresas públicas en Argentina, sobre todo alimentos, piensa en YPF”, detalló el director nacional de políticas integradoras, quien consideró que YPF Agro debería ser una referencia. Actualmente, la división agropecuaria de la petrolera “cambia gasoil por alimento y termina vendiéndolo al mismo precio al mercado internacional cuando acá necesitamos granos para bajar los precios”, detalló.
Por otra parte, y como un punto esencial, se busca fomentar un modelo de “cercanía”. Ya comenzaron a gestarse en el país experiencias que van desde mercados concentradores a poca distancia de la producción hasta frigoríficos y empresas de logística y comercialización como la que creó el Mercado Central de Buenos Aires
Este avance, dijo, se dio porque luego de la pandemia y la persistencia de los procesos inflacionarios “las empresas tradicionales se retiran o quiebran”. Y aclaró que ahora en el mundo “ya no se discute la intervención del Estado en la economía sino cómo interviene”.
“Hay un proyecto de ley para la creación de 400 mercados concentradores en todo el país, a no más de 300 kilómetros del lugar de producción, y un plan de ferias 2023/2025 que pretende llegar a 4 mil dentro de dos años, fortalecidas por el Estado”, detalló Klejzer. El diagnóstico del funcionario es que la Argentina debe enfrentar un doble problema: “el precio mayorista y el minorista”.
El proyecto de una empresa estatal de alimentos también recoge la experiencia desarrollada por las empresas recuperadas. “El movimiento es importante”, remarcó el funcionario, quien destacó el caso de la láctea rosarina La Cabaña. Entre las distintas construcciones de ese tipo que se distribuyen en el país, el funcionario propone partir de “la fortaleza de lo local” hacio “lo nacional”. El final del camino sería la ENA.
En Argentina el mercado de alimentos y productos de consumo masivo presenta una alta concentración en su etapa productiva. Según los datos oficiales que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, en el segmento de gaseosas sólo dos empresas concentran el 98,3% del mercado en facturación y el 97% en volumen. En tanto, en aceites, tres compañías (AGD, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata) concentran el 90,5% de la facturación y el 90,6% del volumen.
Algo similar ocurre en productos esenciales para la canasta alimentaria como fideos, harinas o leche. En el primer caso, Molinos acapara el 79,4% del mercado con su cinco marcas (Manera, Matarazzo, Luchetti, Don Vicente y La Favorita). Mientras que en harinas la misma empresa y Molinos Cañuelas tienen el 82,1% del mercado. Finalmente en leche, Mastellone vende el 69,5% del total. Por otra parte, en artículos de limpieza como jabón en polvo y para manos, Unilever concentra el 82,7% del volumen de mercado.
Por otra parte, en los fundamentos de la iniciativa para la ENA, se explica que “además de la concentración que observamos en la producción de alimentos, en la comercialización sólo seis cadenas de supermercados concentran el 80% de las ventas en Argentina”, entre las que nombran a Carrefour, Coto, Cencosud, La Anónima y Wal Mart.
Según detalla el proyecto, “esta posición de poder que poseen las grandes cadenas de supermercados les permite influir tanto en el precio final de los productos como en la segregación de las marcas que comercian sus bocas de expendio”.
Por eso hicieron una comparación entre productos de producción “no monopólica” y “monopólica” y al cotejar una canasta de productos compuesta por ambos la diferencia determinaba que la primera era un 42% más económica que la segunda, medida a precios de abril de 2022.
En ese sentido, la iniciativa que promueve Klejzer es aunar bajo la ENA a un conjunto de pequeñas empresas de cercanía. “Por cada producto o subproducto que el Estado nacional soberanamente decida que hay que bajar el precio para lograr el acceso al consumo popular hay que crear una empresa, no una gran empresa, sino pequeñas y sobre todo regionales”, explicó.
Justamente la intención es ganar en soberanía económica pero a partir de la planificación, en un modelo mixto, donde participen todos los eslabones de la cadena y el Estado aporte lo suyo, no sólo mediante respaldo directo vía asistencia crediticia, sino también en un esquema moderno de incubación de negocios.
“El plan de negocios que estamos planteando es algo por producto, local, en una suerte de incubadora donde el Estado asiste con mucha alianza con los productores”, definió Klejzer.
Volvió al sector lácteo para ejemplificarlo. “Las empresas públicas provinciales lácteas ,que hay cuatro o cinco muy buenas, primero tuvieron que garantizar el insumo que viene de sectores productivos y para eso fue necesario fortalecer las cuencas, hubo alianzas para el desarrollo de genética, se armaron tecnicaturas para formación”, indicó.
Relató que en la zona Este de Tucumán se logró armar un modelo de estas características a través de una empresa pública láctea llamada La Overita (en la cuenca de Trancas). Allí el plan de negocio es municipal y el 90% de la leche fluida la firma se la vende a la provincia que luego la reparte en los comedores, el otro 10% restante se comercializa en mercados de cercanía. “Ese es el modelito virtuoso, que derivó en que la cuenca pasara de 15 a 65 productores, con un concepto de trabajo y arraigo”, dijo el funcionario.
Klejzer dijo que salvo en los casos de verduras y carnes, que son mercados mas desconcentrados, están analizando replicar experiencias similares en empaquetado de legumbres, de arroz, agua envasada “que en zonas como Cuyo la cobran carísima dos veces lo que paga en Rosario o Buenos Aires”.
“Desde el Estado, sobre todo a través del Ministerio de Desarrollo Social, venimos fortaleciendo a empresas públicas provinciales”, dijo el funcionario y detalló que hay muchas experiencias en Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, pero también en las grandes como Buenos Aires, donde por ejemplo el año pasado y en lo que fue el período pos pandemia, el gobierno provincial comenzó a armar frigoríficos municipales con esta idea de anclar y referenciar precios en este eslabón de la cadena de alimentos.
Por otra parte, la participación virtuosa del Estado también intenta respaldar procesos productivos que no logran el mismo financiamiento que los grandes grupos económicos. “Las pymes son las que tienen créditos más caros o imposibilidad de acceso”, recordó Klejzer y planteó que en ese segmento “no hay un plan de promoción industrial en Argentina y menos aún en alimentos”.
En cambio, detalló que el gabinete económico, sí se enfocó en promover distintos sectores de la economía definiendo industrias estratégicas como la energía. “Todo lo que tiene que ver con sustitución de importaciones ligada a Vaca Muerta tiene crédito a tasa cero. Pero en un momento de tanta especulación y aumento de precios no hay crédito a tasas cero para industrias de alimentos”, dijo, enfocándose esencialmente en el segmento pyme o cooperativo. “Los grandes grupos concentrados se financian a tasas internacionales de 3% anual y nuestras empresas a 80% anual”, agregó.
“En el proyecto de presupuesto 2023 hay un anexo que explica la cantidad de subsidios, prestaciones y excepciones al capital privado en Argentina y puede verse que lo que transfiere directamente el Estado y lo que deja de percibir, es 10 veces más que toda la ayuda social, gasto en salud promoción social, educación”, detalló el funcionario quien fue muy crítico: “Cuando se habla de planeros, hay que mirar a esos grupos que reciben mucho más del Estado que aquellos ciudadanos que obtienen planes sociales”.
Rafael Klejzer consideró que “hoy es el peor momento para los trabajadores de la economía popular, no solamente en las cuestiones materiales, sino en cuestiones simbólicas”. Lo planteó con una dura crítica al gobierno de Alberto Fernández al que pertenece y sobre ese tema aclaró: “No fuimos nosotros los que cambiamos, sino que lo hizo este gobierno, que venía por los últimos de la fila y terminamos siendo los últimos de la fila”, dijo.
En ese sentido, señaló que “se desvirtuaron los programas específicos para la economía popular” y “ganó la visión neoliberal, en la cual los pobres son responsables de su pobreza”, remarcó.
“Por eso, pensamos en proyectos como la Empresa Nacional de Alimentos, para fortalecer la economía popular, para poder junto al pequeño y mediano productor rural resolver el problema del hambre en Argentina”, concluyó.
Por Javier Felcaro
