Por unanimidad, la Asamblea Legislativa completó este jueves los dos casilleros vacantes en la nueva configuración del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio de la Defensa Penal (SPDP).
Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
La Asamblea Legislativa aprobó los dos pliegos recientemente enviados por la Casa Gris.
Por unanimidad, la Asamblea Legislativa completó este jueves los dos casilleros vacantes en la nueva configuración del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio de la Defensa Penal (SPDP).
Después de una pausa impuesta por el agitado cierre de precandidaturas para las próximas Paso, Senadores y diputados provinciales les dieron luz verde a los dos pliegos recientemente enviados por la Casa Gris: el de Martín Riccardi, para desempeñarse como defensor regional de Rosario, y el de Carlos Vottero como jefe de los fiscales de Rafaela.
Acerca de Vottero, el análisis previo realizado por la comisión bicameral de Acuerdos dejó entrever un final abierto. Es que el pliego para el ascenso del fiscal había sido impugnado por la Asociación Civil Florentina, de Rafaela, a raíz de una acusación de mal desempeño en un caso de violación de una joven de la localidad de Pilar, en el departamento Las Colonias, ocurrido en 2018.
No obstante, para ambos pliegos hubo solo un dictamen y fueron aprobados en un trámite rápido, por unanimidad y por signos (mano alzada), sin votos negativos y con las abstenciones, en el caso de Vottero, de los bloques de diputados Igualdad y del Frente Social y Popular-Ciudad Futura.
Vottero fue propuesto por el gobernador Omar Perotti tras el rechazo de la Asamblea Legislativa al pliego de Orlando Toniolo (40 votos contra trece y diez abstenciones). Estaba en segundo lugar en la terna inicial y su postulación fue considerada, a la par de recibir la impugnación de la asociación civil, por senadores y diputados.
Hasta el 8 de mayo la comisión bicameral mantuvo abierta la etapa de recepción de objeciones, tras lo cual Acuerdos avanzó con las entrevistas a Vottero y Riccardi. Pero el debate en las bancas previsto para el 10 de mayo finalmente no se realizó como consecuencia del cierre de precandidaturas para las primarias.
Entonces, senadores y diputados decidieron esperar hasta la segunda convocatoria a Asamblea Legislativa. Si este jueves no prosperaba la reunión, el 20 de mayo hubiera operado la aprobación ficta de los nombres, según dicta la Constitución de Santa Fe.
En tanto, el nombre de Riccardi surgió luego de que la Asamblea Legislativa le bajara el pulgar al pliego de Gonzalo Armas para defensor regional de Rosario.
Parte de la oposición objetó a Armas por realizar en su momento una defensa marcada a favor del equipo del ex ministro de Seguridad provincial Marcelo Sain, cuando salió a la luz la causa que lo involucra en un presunto espionaje ilegal. Aunque en la comisión bicameral también cuestionaron al postulante por su condición de propietario de 49 inmuebles.
Antes de aprobar los pliegos de Vottero y Riccardi, los senadores y diputados decidieron reabrir un proceso contra la fiscal santafesina Cristina Ferraro, quien ya había sido suspendida por seis meses.
Ferraro enfrenta una causa judicial y su imputación fue confirmada por un fallo de Cámara, en el marco de una pesquisa por su intervención en el homicidio del agenciero Hugo Oldani, ocurrido hace más de tres años en la ciudad de Santa Fe.
Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos
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