Santa Fe y Nación definen el acuerdo por fondos previsionales cortados por Milei

El gobierno de Santa Fe y las autoridades de la Anses avanzaron en un convenio destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Puntualmente busca restablecer el flujo de fondos mensual que había sido interrumpido por un decreto del presidente Javier Milei a comienzos de 2024.

El gobernador Maximiliano Pullaro viajaría la semana próxima a Buenos Aires para rubricar el acuerdo que está en una etapa de últimos retoques. Así, Santa Fe se aseguraría recibir 120.000 millones de pesos entre mayo de 2026 y el mismo mes de 2027.

"Todavía no está cerrado el acuerdo, pero sí avanzado. El pago es en concepto de parte del flujo mensual. Sigue por otro carril la cuestión de fondo de la deuda", explicaron a La Capital en el gobierno provincial.

Santa Fe y la deuda previsional

Vale precisar qué deudas previsionales tiene Nación con Santa Fe. Por un lado, pesa la deuda histórica, el llamado stock. En los noventa, Santa Fe y otras provincias no traspasaron sus cajas previsionales. La Nación se comprometió a que esos recursos perdidos se los daría en concepto de saldo fiscal de las Cajas. En un momento se cortó y terminó judicializándose en la Corte Suprema. Eso sigue su curso.

Por otro lado, asoma el llamado flujo que es el que acordaron. Santa Fe avanzó con una cautelar para que se suspenda la medida por decreto del Ejecutivo nacional que cortó la transferencia de unos 10 mil millones mensuales.

Por eso el contenido del acuerdo que puede rubricarse en breve establece que la Anses transferirá a Santa Fe un total de 120 mil millones de pesos. Este monto se abonará en doce cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 10 mil millones de pesos cada una, comenzando en mayo de este año y extendiéndose hasta abril de 2027.

Dichos pagos se realizan en concepto de anticipo de capital, sujetos al resultado definitivo de la auditoría que se realiza sobre el ejercicio actual. Claro que esto suspendería la demanda de Santa Fe ante la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la constitucionalidad del decreto 280/2024, el cual dispuso el cese de las transferencias de manera “inconsulta e intempestiva”.