La suba del riesgo país hasta los 830 puntos básicos no tuvo un traslado inmediato al dólar, pero ya afecta el crédito corporativo, la acumulación de reservas y la velocidad de recuperación económica, según advirtió un informe del Banco Provincia de Buenos Aires.
El riesgo país de Argentina experimentó una fuerte escalada, al pasar de 410 puntos básicos en la primera semana de julio a 830 promediando el mes de noviembre, habiendo alcanzado un pico de 900 a comienzos de mes.
El reporte indicó que sumado al aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la tasa de interés de los títulos del Estado nacional trepó del 9% a mediados de año al 13,5% en noviembre, disipando la alternativa de financiamiento externo en el mercado para el gobierno.
A diferencia de otros episodios de tensión financiera, el dólar solo subió 3,5% entre julio y octubre frente a una inflación acumulada superior al 8%, lo que apreció el tipo de cambio real un 2,5%.
El banco bonaerense planteó que aunque el efecto no se haya sentido en el dólar, el salto del riesgo país sí afecta la economía real y puntualizó que el Banco Central (BCRA) redujo sensiblemente su ritmo de compra de divisas, cayendo de un promedio de u$s 1.900 millones mensuales en el primer semestre a u$s 880 millones entre agosto y octubre.
El reporte destacó que la desaceleración en las compras del BCRA no respondió a una menor liquidación del campo (que aumentó de u$s 2.300 millones a casi u$s 3.000 millones mensuales según Ciara - CEC), ni a una aceleración de la compra de billetes por parte de personas (que pasó de u$s 2.300 millones a u$s 2.600 millones).
Deuda corporativa
El verdadero impacto se dio en el canal corporativo. El encarecimiento del endeudamiento soberano recortó las posibilidades de financiamiento privado: la suma de obligaciones negociables y préstamos bancarios en dólares cayó un 20%, pasando de u$s 2.700 millones mensuales (enero-julio) a u$s 2.100 millones (agosto-octubre). Si se excluye a YPF, la contracción del crédito en dólares asciende al 35% (de u$s 2.600 millones a u$s 1.600 millones mensuales).
Al respecto, la entidad bancaria advirtió que “las obligaciones negociables y los préstamos en dólares conectan las variables financieras con la economía real, ya que más crédito para empresas hoy implica más inversión mañana”.
Para mitigar el costo del financiamiento en pesos, el Tesoro ajustó su tasa de roll-over de deuda en pesos del 115% al 105%, absorbiendo menos liquidez para “dejar más pesos en la calle”. Sin embargo, la necesidad de sostener los rendimientos en moneda local para no avivar la demanda de divisas genera un conflicto de objetivos.
En este marco, el estudio sostuvo que “la búsqueda simultánea de controlar precios y cantidades del dinero imprime volatilidad sobre las tasas de interés, desincentivando la demanda de crédito de empresas y familias”, un factor que “posterga aún más la ya demorada recuperación de la economía real”.
Asimismo, planteó que este escenario enfrentará una prueba clave el próximo 9 de enero, cuando el Tesoro deba afrontar pagos de capital e interés por u$s 4.300 millones correspondientes a los bonos Bonares y Globales.
Inflación y actividad
En este marco, el economista Miguel Kiguel consideró que, en el actual escenario económico, las principales preocupaciones deberían concentrarse en la recuperación de la actividad, la generación de empleo formal y la reducción del riesgo país. Además, puso en duda que las prioridades de la administración de Javier Milei coincidan con las demandas de la sociedad.
En una entrevista con Radio Mitre, el titular de la consultora EconViews analizó el dato de inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y aseguró que se ubicó por encima de las expectativas. Si bien reconoció la incidencia de factores puntuales, sostuvo que la dificultad para reducir la inflación responde también a componentes estructurales que la política económica no logró revertir.
Para Kiguel, uno de los principales obstáculos que enfrenta el programa económico es la persistencia de los aumentos de precios, incluso en un escenario de mayor restricción monetaria. “El gobierno subestimó la inercia, un fenómeno que se da en todos los procesos inflacionarios. Pensaron que con bajar la cantidad de dinero y una política monetaria más restrictiva la inflación iba a desplomarse. Y no pasó”, afirmó.
Además, advirtió que el dato de octubre tendrá consecuencias sobre distintos precios y contratos indexados. Entre ellos, mencionó las cuotas de las empresas de medicina prepaga y los reclamos de recomposición salarial.
A pesar de considerar que la inflación continúa siendo un problema relevante, Kiguel señaló que actualmente existen otras variables que requieren mayor atención. “Hoy los problemas pasan por otro lado, lo más importante es la actividad, el empleo, el empleo formal, el riesgo país”, sostuvo.
Los dilemas del gobierno
En particular, advirtió que mantener un tipo de cambio demasiado estable para contener los precios podría generar consecuencias sobre las reservas internacionales y el nivel de actividad. En ese contexto, Kiguel alertó: “No sé si las preferencias hoy del gobierno son las mismas que tiene la sociedad”.
El director de EconViews reconoció que la inflación todavía limita la planificación económica, puede afectar los salarios reales y generar atraso cambiario. Sin embargo, consideró que el proceso de estabilización requiere tiempo y que no necesariamente puede avanzar de manera lineal.
De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Kiguel se mostró moderadamente optimista sobre la evolución de la actividad, aunque advirtió que la velocidad de la recuperación será determinante para que sus efectos lleguen a los hogares. “Por ahí necesita un empujoncito para ir más rápido. Algún ayudín para que le llegue a más gente”, agregó.
El economista también se refirió a las tensiones que podrían surgir dentro del oficialismo entre los objetivos económicos y las necesidades políticas de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Para Kiguel, el desafío de los próximos meses será encontrar un equilibrio entre la continuidad del proceso de desinflación y una recuperación económica que permita mejorar los ingresos, impulsar el empleo formal y reducir el riesgo país.