Por Javier Felcaro
Foto Celina Mutti Lovera
La comisión de Juicio Político de la Cámara baja santafesina comenzará a analizar el jueves próximo el peso específico del pedido de juicio político al ex ministro de Seguridad provincial Marcelo San por presunto “mal desempeño de sus funciones”, pero pondrá especial énfasis en el intento del otrora funcionario de retornar al Organismo de Investigaciones (OI), dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), en el cual había solicitado licencia en 2019.
De hecho, Sain se presentó ayer en las oficinas del Organismo de Investigaciones, donde todavía debe cumplir trámites administrativos ligados a su regreso. En las próximas horas, el fiscal general, Jorge Baclini (enfrentado al ex titular de Seguridad), resolverá al respecto.
En paralelo al pedido de juicio político a Sain presentado día atrás por la Coalición Cívica (CC), diputados que integran la comisión también tienen previsto remitir una nota al OI “para que tome conocimiento de que existe una ley sancionada por mayoría, y que posiblemente se ratifique en breve, que imposibilita el retorno del ex funcionario al organismo en las actuales condiciones”, deslizaron a La Capital en la vereda opositora.
Meses atrás, en plena confrontación entre el otrora ministro y ajenos y propios, la Legislatura sancionó dos normas (de modo exprés y sin debate previo) que lo toman como blanco. Las denominadas “leyes anti Sain” fueron vetadas, pero en las próximas sesiones ordinarias —a partir del 1º de mayo— sus impulsores insistirán en refrendarlas. De lograrlo, esta vez el gobernador Omar Perotti no podrá volver a objetarlas.
En ese marco, es crucial la enmienda a la ley que regula el funcionamiento del MPA y sus dependencias, como el Organismo de Investigaciones. Para los legisladores que propician la iniciativa, ningún funcionario que cumpla actividad en otros poderes del Estado puede luego estar en el Poder Judicial para investigar, eventualmente, conductas del gobierno que integraron.
“Sain apuesta a reincorporarse al OI antes de la vigencia de la norma, cuyo veto no fue habilitado para tratar en extraordinarias y recién podría discutirse en mayo”, advirtieron en los pasillos de la Legislatura.
Desde el principio, el ex ministro aseveró que la norma no podrá tener efecto retroactivo ya que tanto su nombramiento como la licencia (que le permitió ir a Seguridad), y también la potestad de regresar al cargo concursado, anteceden el dictado de la norma.
Pero, tras la modificación del régimen disciplinario realizada por la Legislatura, si Sain fuera acusado por alguna falta su permanencia en el OI dependería de la Cámara baja y el Senado. Dos territorios hostiles para el ex jefe de Seguridad.
Las disputas políticas que Sain libró desde el inicio de su gestión lo alejaron tanto del Frente Progresista (FPCyS) como de los senadores justicialistas liderados por Armando Traferri.
De hecho, el tratamiento de las leyes “anti Sain” prácticamente coincidió con la investigación penal contra Traferri por el juego clandestino, que deparó un frustrado pedido de desafuero en el Senado.
Sain asumió en el Organismo de Investigaciones el 19 de diciembre de 2018. Seis meses antes de concursar, fue asesor de seguridad en la administración frentista de Miguel Lifschitz.
Tras el triunfo electoral del PJ en 2019, que posibilitó su regreso a la Casa Gris después de doce años, Perotti convocó a Sain como jefe de Seguridad. Entonces, solicitó y logró la licencia en el OI, que fue certificada por la Corte Suprema de Justicia provincial.
El jueves pasado, tras acordar con Perotti, Sain se alejó del ministerio. Fue el final de un ciclo signado por la controversia que, en los últimos meses, llegó a acrecentar la preocupación de la Nación frente al año electoral que despunta.
Pero el retorno de Sain al Organismo de Investigaciones potenciaría el dolor de cabeza: son públicas sus diferencias con Baclini y otros miembros del MPA.
En la oposición también advirtieron que existe una reciente denuncia penal contra el ex funcionario por una presunta compra irregular de armas para la policía provincial.
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