Plan motosierra: el recorte a las empresas públicas fue clave para lograr el superávit fiscal

En medio del fuerte ajuste fiscal aplicado por el gobierno de Javier Milei, las empresas públicas sufrieron un fuerte recorte de giros por parte del Tesoro, mientras se evalúa el cierre de varias.

  Aerolíneas Argentinas, Intercargo y ARSAT no recibieron transferencias en los dos primeros meses del año.

  En esa línea, la firma de energía ENARSA concentró el 60% de los fondos devengados, pero con una caída interanual del 47%.

  Forma parte de la “motosierra” aplicada por Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, en su intento por poner las cuentas en orden y achicar la emisión monetaria.

Baja de contratos

El gobierno acaba de aplicar otra baja de contratos, en este caso por 15 mil puestos, mientras redujo el tiempo de renovación del resto.

  Las empresas públicas no sólo no tuvieron un aumento de partidas asignadas para este año, sino que en los dos primeros meses del año, las transferencias desde la administración central a 29 compañías estatales sufrieron un recorte del 53% en términos reales.

  Así, de un crédito vigente para ese universo de empresas públicas para este año de $2,5 billones, en enero y febrero, el gasto devengado (o sea, comprometido, pero que puede aún no haber sido cancelado por la Tesorería General), fue solo de $300.000 millones.

  La transferencia de recursos fue muy desigual. Por ejemplo, mientras que casi el 60% ($177.922 millones) se lo llevó Energía Argentina SA (ENARSA), hubo otras empresas que tuvieron cero pesos devengados, como Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos o la Empresa Argentina de Navegación Aérea SE (EANA) o ARSAT.

  Si bien la empresa encargada de explotación de hidrocarburos y de distribución del gas y la electricidad recibió más de la mitad de los fondos devengados para las compañías estatales, tuvo un recorte de fondos comprometidos en el primer bimestre del 47%, a valores corrientes, respecto de enero y febrero de 2023, según los datos del nuevo Monitor de Transferencias de la Administración Nacional a Empresas Públicas que lanzó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

  La otra gran destinataria de los recursos que la Tesorería le giró a las 29 empresas públicas fue la firma a cargo del transporte de pasajeros por tren Operador Ferroviario SE, que recibió $81.474 millones en los dos primeros meses del año, sobre $336.000 millones presupuestados para el 2024.

  Sin embargo, comparado con el primer bimestre del 2023, esa partida también tuvo un recorte en términos reales que superó el 47%.

  La empresa es la encargada de la operación y el mantenimiento de las líneas metropolitanas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento, Belgrano Sur y Tren de la Costa, y otras de larga distancia que llegan, por ejemplo, a Mar Del Plata y trenes regionales que viajan a 9 provincias.

  Este universo de compañías estatales fue incluido en la primera versión de la ley Bases, como sujetas a su posible privatización.

  Aún no está definido si en el nuevo texto que el gobierno enviará al Congreso esta primera semana de abril, incluirá a todas nuevamente o solo a algunas de ese listado.

  Las firmas públicas más perjudicadas en la “motosierra” dispuesta por Milei fueron, además de Aerolíneas Argentinas, la Administración General de Puertos o ARSAT, la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA); la prestadora del servicio de rampa en 21 aeropuertos del sistema nacional, Intercargo, Nucleoeléctrica Argentina, Tandanor, Dioxitex SA, Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA, y el Polo Tecnológico Constituyentes SA. En lo que va del año, ninguna tuvieron transferencias desde el Tesoro.

  En tanto, AYSA, la empresa de aguas y cloacas que presta el servicio en el Amba, tuvo una reducción en enero y febrero del 98,5% en los fondos devengados provenientes de la administración central. En enero no recibió nada y para febrero, tenía comprometidos $810 millones de gastos de capital, contra un crédito vigente en el año de $305.793 millones.

  En AYSA se produjeron ya unos 200 despidos en lo que va del año.

  La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que se ocupa del mantenimiento de los trenes y sistemas ferroviarios, también sufrió un abrupto freno en los recursos que le debe girar Economía, del 91,7%. Tenía comprometidos $1.600 millones para gastos corrientes (de funcionamiento) en febrero, contra $118.500 millones para todo el año.

Medios

En porcentaje de recorte respecto de los dos primeros meses de 2023, le siguen Radio y Televisión Universidad Nacional de Córdoba SA (-82,8%); Corredores Viales, la firma dedica a gestionar la infraestructura y el tránsito de las rutas, autopistas y autovías concesionadas (-74,9%); Casa de la Moneda (-73,1%); y Desarrollo de Capital Humano Ferroviario SA, la sucesora de la empresa Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios (-71,6%).

  El Correo Argentino, con casi 17.000 empleados distribuidos en sus sucursales en todo el país, tuvo una merma de financiamiento estatal del 66,7%. Yacimientos Carboníferos Río Turbio, la empresa productora de carbón ubicada en Santa Cruz, del 64,7%.

  La agencia oficial Télam, que está cerrada desde el 4 de marzo y sus más de 700 empleados con una dispensa temporaria de tareas desde esa fecha, tuvo una reducción presupuestaria del 61,7%.

  Otro medio estatal, Radio Universidad Nacional del Litoral LT 10 sufrió un recorte del 57,3%; Radio y Televisión Argentina, que incluye a la TV Pública y Radio Nacional, sufrió una merma en las transferencias en el primer bimestre del 40%.

  En la radio pública, a principios de marzo, 100 periodistas, productores y empleados administrativos recibieron cartas documento informándoles que no les renovaban los contratos que vencían al finalizar febrero o comienzos de este mes.

  Para los dos primeros meses de este año, Aerolíneas Argentinas no tiene fondos devengados. La partida prevista en el Presupuesto para 2024 es de $75.400 millones. La aerolínea de bandera abrió un proceso de retiros voluntarios durante marzo para 8.000 de sus 11.000 empleados, y en el que se habrían inscritos unos 600 trabajadores.

  Con el objetivo de déficit cero, además de la reducción de personal contratado en las empresas públicas, se espera que el recorte en las transferencias desde la Tesorería se mantenga.