Foto: Archivo / La Capital.
La reunión de la denominada mesa judicial realizada en 2017.
La fiscal federal de La Plata Ana Russo amplió la imputación a todos los participantes de la reunión realizada en 2017 en la sede porteña del Banco Provincia (Bapro) en la que se promovió el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales, en el expediente conocido como mesa judicial bonaerense.
A fines de diciembre pasado Russo ya había imputado a Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal, e impulsó una investigación de los hechos denunciados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a partir del hallazgo de un video en el que puede verse a ése y otros ex funcionarios macristas reunidos con empresarios y espías con el supuesto objetivo de promover una persecución judicial a sindicalistas.
De la reunión participaron, además de Villegas, Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia de Buenos Aires), Roberto Gigante (ex ministro de Infraestructura bonaerense), el senador provincial de Juan Pablo Allan, el intendente de La Plata, Julio Garro, y cinco empresarios, según surge del texto de la denuncia.
También estuvieron Diego Dalmau Pereyra (ex jefe de contrainteligencia de la AFI), Darío Biorci (cuñado y ex jefe de Gabinete de Silvia Majdalani) y Sebastián De Stefano (ex jefe del área de jurídicos de la central de espías).
La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento de instrucción ante el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak.
Al dar impulso a la causa, Russo pidió varias medidas de prueba y, al referirse a los hechos —que aún no calificó— citó la ley nacional de inteligencia, por lo que la investigación podría estar dirigida a determinar si esa norma fue quebrantada, entre otros posibles delitos.
La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien a través de un escrito de tres páginas describió el hallazgo de los videos en los que “podrá observarse la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical, centralizada en la actividad de la construcción desarrollada en la ciudad de La Plata”.
Al respecto, Caamaño insistió en la sospecha de que las cámaras que grababan las reuniones en la sede del Banco Provincia “fueron puestas por la AFI” y definió como “una Caja de Pandora” al material encontrado en las oficinas del organismo de inteligencia, por lo que no descartó que puedan aparecer más videos.
La Justicia deberá determinar qué hacía ese video en manos de la AFI, comandada por entonces por Gustavo Arribas y Majdalani, y si lo que allí quedó registrado es efectivamente la planificación de una estrategia para perseguir a dirigentes a los que el gobierno de Vidal consideraba adversarios políticos o enemigos.
A su turno, el titular de la Central de Trabajadores de la Argentina ( CTA) y diputado nacional del Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky, denunció que “hay por lo menos doce dirigentes sindicales que fueron víctimas de las operaciones” de la mesa judicial bonaerense. Y reclamó que “no quede impune” la acción de armar causas contra gremialistas.
“Vidal hace lo mismo que hicieron siempre los dirigentes de Cambiemos, cambian las cosas y confunden. Pero esta vez no puede quedar como si nada. Lo van a intentar, como siempre lo hacen, a través de la mentira, el engaño y la ayuda de sus aliados”, señaló el legislador.
Paralelamente, el diputado nacional Eduardo Valdés (FdT) señaló que la persecución a gremialistas “se concretó después” de la reunión realizada en 2017 y advirtió que durante la gestión de Mauricio Macri no se instaló una mesa judicial sino directamente “una mueblería”.
Por su parte, el presidente Alberto Fernández rechazó los argumentos esgrimidos por Vidal respecto de la denominada mesa judicial bonaerense y dijo que “es un delito utilizar la maquinaria del Estado para volcarla en perjuicio de una persona y construir las razones para poder detenerla”.
En esa línea, Fernández señaló que “es muy preocupante que (la ex gobernadora de Buenos Aires) haya mandado a un ministro y a un intendente a reunirse con agentes de inteligencia y empresarios para inventar la manera de meter preso a un sindicalista”. Y sentenció: “Si eso es una acción institucional, me rindo”.
Por Lucía Inés López