La vocera señaló públicamente a una magistrada por dejar libre a un menor detenido. "Las soluciones no son mediante la disputa mediática", le respondieron
Foto: Archivo / La Capital.
El Colegio de Magistrados cuestionó al gobierno provincial
Los operadores del sistema Lince pudieron dar con un delincuente y una jueza anuló el procedimiento.
El Colegio de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Fe respondió al gobierno de Santa Fe, que había cuestionado la semana pasada la decisión de la jueza de Menores María Dolores Aguirre Guarrochena de declarar nulo e inválido un allanamiento a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la modalidad de flagrancia virtual realizada por el sistema Lince.
Firmado por el Consejo Directivo Provincial, el comunicado manifiesta "su desacuerdo frente a las declaraciones públicas vertidas por una funcionaria del Poder Ejecutivo Provincial, mediante las cuales se descalificó la decisión adoptada por una magistrada en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, utilizando expresiones incompatibles con el trato que merecen quienes integran uno de los Poderes del Estado".
El texto refiere a la vocera del gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, quien en una conferencia de prensa cargó con nombre y apellido contra la jueza. "Manifestaciones de tal tenor desbordan el marco de las razonables críticas a las decisiones que se adoptan en el ejercicio de la función judicial".
"Nuestra Institución considera que las discrepancias que eventualmente puedan mantenerse con las resoluciones dictadas por juezas y jueces deben canalizarse, en todos los casos, por las vías procesales legalmente previstas, y no a través de manifestaciones públicas descalificantes que lesionan la independencia con que debe desarrollarse la función jurisdiccional", sostienen.
Por último, consideran que "no es mediante la disputa mediática que deben encararse las soluciones a temas que afectan fibras sensibles de nuestra sociedad, ni la descalificación pública puede constituir el modo de encauzar las disidencias en un Estado Democrático de Derecho".
El hecho se registró durante esa madrugada, cuando dos personas que se desplazaban en bicicleta salieron de una vivienda ubicada en España al 7000, llegaron hasta otra de Entre Ríos al 6200 y efectuaron varios disparos contra el inmueble. Tras el ataque, regresaron al lugar desde el que habían partido.
Horas después, a partir del análisis integral de imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia e integradas al sistema de inteligencia artificial Lince, herramienta que el gobierno provincial califica de clave en el plan de seguridad, la PDI reconstruyó el recorrido de los sospechosos y realizó un allanamiento bajo la figura de flagrancia virtual en la vivienda de España al 7000.
En ese marco fue aprehendido un adolescente de 17 años, que quedó a disposición de la Justicia de Menores. Luego, la magistrada declaró nulo e inválido el procedimiento.
La vocera lanzó una dura crítica a la jueza: “Si los delincuentes son tan buenos, que se los lleven a sus casas”. Además afirmó que la decisión de la magistrada “interpela medidas jurídicamente avaladas que forman parte de un plan de seguridad robusto”, cuyo objetivo es “garantizar la convivencia ciudadana”.
"El trabajo de investigación llevó apenas 12 horas. Pudimos identificar a los implicados y detenerlos después de una balacera que pudo haber terminado con una persona asesinada", señaló. En ese sentido, cuestionó que la magistrada haya descartado la validez del procedimiento y planteó: “No sabemos si la jueza desconoce esa herramienta o decidió omitirla en su sentencia. Ese mismo sujeto mañana podría matar a alguien”.
La vocera defendió la utilización de la flagrancia virtual y destacó que el avance tecnológico, especialmente la videovigilancia y el análisis automatizado de imágenes mediante el sistema Lince, permite aplicar herramientas contempladas en el Código Procesal Penal cuando un delito puede reconstruirse de manera inmediata.
Al referirse al caso advirtió que “una mirada garantista no puede estar por encima de las herramientas legales para combatir el delito”.
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