El gobierno provincial avanza en una ley para la capacitación a la Justicia en enfrentamientos entre policías y delincuentes. Cierra el círculo del caso Nocelli
Por Facundo Borrego
Archivo La Capital
El gobernador Maximiliano Pullaro y el policía Luciano Nocelli. La ley Luciano avanza en el debate
El gobierno provincial intenta cerrar el círculo en la estrategia de respaldo al accionar policial en casos de legítima defensa frente a delincuentes. Bajo el paraguas del caso Nocelli impulsa una ley para capacitar a fiscales y magistrados y otorgarle una determinada perspectiva a la hora de sus pronunciamientos.
Se trata del proyecto de ley Luciano, en referencia al nombre de pila del policía Nocelli que en noviembre de 2024 recuperó su libertad tras la anulación de su condena por la muerte de dos delincuentes en un enfrentamiento ocurrido en 2019 en Rosario.
El gobernador Maximiliano Pullaro jugó fuerte en el tema desde que fue electo. Dijo que la policía tenía en la cintura un arma para usarla y llegó a considerar el indulto para el oficial condenado a 25 años de prisión.
Además de estar convencido que Nocelli fue injustamente condenado, supo que era un caso paradigmático desde el minuto uno de su asunción para torcer y mostrar respaldo a los policías a la hora del accionar en momentos en que la inseguridad quemaba. Que no teman ni duden.
A mediados de 2024 el procurador de la Corte Suprema, Jorge Barraguirre, insospechado de avalar algún tipo de violencia institucional, arrojó objeciones y dictaminó en contra de la constitucionalidad del fallo y dio el pie a que la Corte Suprema de Santa Fe lo revise. Así lo hizo: declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad, anuló la sentencia y dispuso que se dicte un nuevo pronunciamiento.
El proyecto tiene como objetivo que funcionarios judiciales se capaciten para evaluar jurídicamente el accionar policial en casos de presunta legítima defensa. Claro que siempre estas situaciones pueden generar suspicacias y entrar en grises con los casos de enfrentamientos falsos armados por la policía para cubrir algún mal manejo de las armas letales.
Esto intenta que se mire en detalle las actuaciones y que no se metan todos los casos en la misma bolsa de apuntar a la policía como primera opción basado en un prejuicio. Pullaro lo dijo sin filtros: "Nocelli fue víctima de una ideología que en nuestra provincia y en nuestro país determinaba que el policía era el culpable, y nunca el delincuente”.
El punto que puede generar algún cuestionamiento en el debate es hacia quién está dirigido, jueces y fiscales. La instrucción es para “tengan en cuenta en sus determinaciones” el “proceso de estrés” que atraviesa un policía en el instante que dirime si hace uso o no de su arma de fuego reglamentaria.
Puede ser estrecho el margen entre capacitar sobre un tema de repercusión -como ocurre con la Ley Micaela, donde hay un consenso social arraigado-, y terminar bajando una línea de actuación o nueva perspectiva a la Justicia para que decida en estos casos. Otra visión es que todo lo que otorgue conocimientos y herramientas para abordar conflictos es positivo, luego es obra de la imparcialidad de los actores judiciales. Por ahora los actores judiciales no estaban al tanto del proyecto para dar su mirada.
De esta manera el gobierno intenta influir en el tema desde un ángulo particular. Es incluso una apuesta para profundizar estructuralmente las políticas de seguridad. Vale aclarar que también lo abordó con la compra de 100 pistolas de electroshock y otras a base de dióxido de carbono para que no sean las armas letales las que se utilicen en ciertos casos. Por lo tanto, las táser, el caso Nocelli resuelto judicialmente, y una posible ley de capacitación con esa perspectiva cerrarían el abordaje del gobernador.
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