Legisladores quieren avanzar mañana con la suspensión de Spelta

En medio de la puja por el control legislativo a miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA), senadores y diputados provinciales buscarán avanzar mañana con el dictamen para suspender en el cargo al fiscal rosarino Adrián Spelta por faltas graves en sus funciones.

La sesión especial, convocada para las 13 en la Legislatura provincial, fue precedida por nuevas objeciones de la Asociación de Fiscales de Santa Fe, que sostuvo que los senadores y diputados están “contribuyendo a la destrucción total de la República”. No obstante, una fuente parlamentaria advirtió ayer a La Capital: “La voluntad mayoritaria es aplicar la normativa vigente”.

Los legisladores quieren suspender a Spelta por 90 días y sin goce de sueldo por haber consentido la excarcelación a Emanuel Ema Pimpi Sandoval, implicado junto a su hermano en un intento de triple homicidio en un incidente con un contexto de narcomenudeo, delito que no habilitaba esa instancia.

Posteriormente, el joven (también condenado por balear la casa del ex gobernador Antonio Bonfatti) fue asesinado cuando cumplía prisión domiciliaria en Rosario.

Argumentos

Tras recibir nuevas objeciones, los fogoneros de la suspensión del fiscal recordaron que la propia Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación había abierto, a fines de 2019, una investigación disciplinaria —que no implica una acusación— para determinar si Spelta cometió faltas graves. Y requirió su apartamiento del legajo en el cual se investigaba a Sandoval.

Los senadores y diputados apuraron el trámite pese a que la Corte Suprema todavía deber resolver la inconstitucionalidad o no de la norma de control legislativo sobre miembros del MPA y defensores que había dictado en septiembre pasado la Cámara de la Justicia Laboral de Rosario.

La decisión de la Cámara Laboral salió a la superficie en momentos en que los legisladores se preparaban para suspender a Spelta. Y, por ese motivo, la Casa Gris (a través del fiscal de Estado, Rubén Weder) avanzó en octubre con la correspondiente apelación.

En su resolución, la Cámara Laboral hizo hincapié en que la ley votada por unanimidad en 2017 implica el control político de senadores y diputados sobre otro poder del Estado santafesino. La medida fue dictada tras una solicitud de nulidad elevada por Spelta, fiscal jefe de Homicidios de Rosario.

Por entonces, los legisladores acataron la decisión de la Cámara Laboral y frenaron la suspensión de Spelta.

De todos modos, el consenso parlamentario desembocó en un fuerte pronunciamiento a favor de la división de poderes como réplica a la declaración de inconstitucionalidad de la norma de control parlamentario sobre fiscales y defensores del MPA.

Contrapuntos

En esa línea, el senador provincial Lisandro Enrico (UCR) había alertado acerca de la resolución de la Cámara Laboral: “Pretende evitar que fiscales o defensores puedan ser puestos en investigación bajo la mirada del poder más democrático y representativo y mantener un esquema de protección y cobertura”.

Al respecto, el arco político santafesino cimentó su defensa de la herramienta cuestionada en función de la necesidad de que existan controles cruzados en el Estado provincial.

Desde un principio, los integrantes del Ministerio Público de la Acusación confrontaron con la posibilidad de que senadores y diputados revisen su actuación.

La normativa objetada por los fiscales deja en manos de la Auditoría del MPA las faltas leves, mientras que deriva a la Legislatura las graves.