La Casa Gris va sellando el consenso interno y con sectores gremiales. Diputados se apresta a tratar el proyecto, con media sanción del Senado, que crea una comisión que definirá los cambios al sistema jubilatorio
Por Javier Felcaro
Foto: Archivo / La Capital.
El Ejecutivo santafesino pretende dar un profundo debate sobre lo ocurrido con la Caja de Jubilaciones sin provocar la pérdida de derechos adquiridos.
Cimentada la unanimidad política sobre la necesidad de frenar el millonario déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, el oficialismo en la Cámara de Diputados provincial confía en aprobar en la primera quincena de junio el proyecto, con media sanción del Senado, que otorga luz verde a la comisión que diseñará una reforma previsional.
El déficit del organismo asciende a unos 23.000 millones de pesos mensuales que el Tesoro provincial debe afrontar para cumplir con el pago de haberes, sin la debida asistencia del gobierno nacional, más allá de que la Casa Gris mantiene el reclamo correspondiente. Si Balcarce 50 cumpliera con sus obligaciones, permitiría reducir significativamente ese descubierto.
El optimismo de la gestión de Maximiliano Pullaro se sustenta en un significativo avance de las recientes tratativas, frente al próximo debate de la iniciativa en Diputados, entre las bancas del mayoritario oficialismo, integrado por radicales, socialistas, el PRO, Creo y Uno, entre otros.
De hecho, la discusión interna viene siendo más de forma que de fondo: nadie duda de la urgencia que impone la delicada situación previsional en la provincia. Un sector del socialismo en la Cámara baja aspiraba a que la futura comisión especial contemple a todos los sectores afectados por la problemática. Y, en sintonía con algunos referentes sindicales, advirtieron sobre la necesidad de no modificar regímenes ni el límite de edad para acceder a una jubilación. En la Casa Gris dan por despejadas esas dudas.
La confianza en la Gobernación se alimenta también con los avances registrados en la negociación con los gremios que, en el último mes, expresaron su desacuerdo con la reforma previsional por considerarla una medida de ajuste a los trabajadores.
Al respecto, en el Ejecutivo volvieron a resaltar la importancia de que los trabajadores activos se involucren en la solución del problema.
El proyecto votado el 25 de abril pasado -sin la firma del socialista Julio Paco Garibaldi- determina, a la hora de encarar el análisis de los alcances de la reforma previsional, la creación de una comisión especial a integrar por los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de las Cámaras alta y baja, seis senadores, seis diputados, cuatro representantes del Ejecutivo y cuatro referentes de organizaciones de trabajadores estatales.
Una vez constituida, la comisión contará con 120 días corridos para redactar un proyecto de ley de reforma del actual sistema previsional de la provincia.
En ese marco, Pullaro pretende dar un profundo debate sobre lo ocurrido con la Caja de Jubilaciones santafesina que, al mismo tiempo, no provoque la pérdida de derechos adquiridos (como el 82 por ciento móvil) a ningún comprovinciano.
La administración de Unidos, además de una reformulación de los topes, estudia elevar y unificar la edad jubilatoria de hombres y mujeres por encima de los límites actuales.
En esa línea, el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, viene machacando con que “no se puede seguir jubilando gente a los 53 ó 54 años, ya no son viejos”.
Asimismo, la Caja de Jubilaciones continuará en el ámbito de la provincia y seguirá siendo un sistema de reparto. Paradójicamente, los rumores de una posible reforma previsional en Santa Fe dispararon los trámites jubilatorios.
En abril se registró un pico de 518 gestiones iniciadas, casi el doble de las realizadas en ese mismo mes de 2023.
En 2015, en el Senado había ingresado un proyecto de ley que declaraba la necesidad de reformar el régimen previsional santafesino.
La iniciativa, justificada en un descubierto de la Caja de Jubilaciones que representaba el 70 por ciento del total del déficit público provincial, contó con el visto bueno de la entonces administración del Frente Progresista pero no sumó la suficiente cantidad de votos para abrirse camino en la Legislatura.
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