Domingo 07 de Marzo de 2021
Los espacios políticos que integran el Congreso nacional comenzaron a marcar posicionamientos sobre los proyectos de reforma a la Justicia anunciados por el presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, mientras iniciativas aprobadas por el Senado, como la del Ministerio Público y la de Tribunales Federales, continúan sin sumar consenso en Diputados para ser leyes.
“La reforma del Poder Judicial en sus más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad. El Poder Judicial está en crisis, parece vivir en los márgenes del sistema republicano”, dijo el titular del Ejecutivo en su discurso ante el Congreso, una semana atrás, para argumentar el envío de proyectos que enumeró a continuación.
La creación de un Tribunal Federal de Garantías que esté por debajo de la Corte Suprema con competencia exclusivamente en cuestiones de arbitrariedad y la revisión del Código de Procedimientos Civil y Comercial, en relación a la posibilidad que tiene la Corte Suprema rechazar cualquier pedido por considerarlo arbitrario, son dos de las iniciativas anunciadas por el presidente en ese contexto.
También sumó una reforma en el Consejo de la Magistratura, “para despolitizar ese ámbito”, y un proyecto para aplicar el juicio por jurados para delitos federales.
Aunque el anuncio que generó mayores repercusiones entre los legisladores fue el pedido al Congreso para que “asuma el rol del control cruzado sobre el Poder Judicial”.
El senador Oscar Parrilli (Frente de Todos, FdT) fue uno de los primeros en dar más precisiones: “El presidente, lo que dijo, es que el Poder Legislativo tiene que asumir el rol que le corresponde de control de los poderes y sugirió la creación de una comisión bicameral que se encargue precisamente de analizar, estudiar, discutir y poner en la muestra de la gente que la sociedad vea cómo está actuando el Poder Judicial y qué cambios hay que hacer para tener una Justicia independiente que falle en base a las pruebas y no responda a la presión de nadie”.
En la oposición las críticas no se hicieron esperar. “Parrilli quiere crear una comisión bicameral inquisidora de jueces y fiscales. Con evidente abuso de autoridad. Inaceptable, no pasarán”, apuntó Mario Negri (UCR), titular del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) en Diputados.
“Si vuelven a insistir con disparates como los que planteó (la ex presidenta) Cristina Kirchner en 2013 sobre la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, la llamada democratización de la Justicia, no nos van a encontrar dispuestos a discutir”, advirtió Pablo Tonelli, del PRO.
En el gobierno afirmaron, en tanto, que no se afectarían las funciones del Consejo de la Magistratura porque “trabajan sobre distintas cuestiones: ese cuerpo lo hace sobre cómo actúan los jueces, mientras que el Congreso debe hacer un control funcional de cómo actúa el Poder Judicial, identificando prácticas y procedimientos”.
En tanto, el fiscal federal Federico Delgado aseguró que “el dispositivo judicial está agotado”, por lo que “hay que reformarlo” ya que, “muchas veces, está trabajando fuera de la Constitución”.
A su vez, Hebe de Bonafini (Asociación Madres de Plaza de Mayo) advirtió que desde “la derecha lo defienden (al Poder Judicial) para tener todos los privilegios”.
