La OA solicitó la indagatoria de Aníbal Fernández y Capitanich

La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó el llamado a indagatoria de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich en una causa por subsidios a canchas de hockey.

La causa la había iniciado la OA en 2016 cuando detectó que se habría favorecido indebidamente a las empresa Commercial Carpets SA mediante la entrega de un subsidio de 56 millones de pesos por parte de la Jefatura de Gabinete para la construcción de canchas de hockey de césped sintético en cada provincia.

En la investigación se señaló el otorgamiento arbitrario de ese subsidio a la Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista "debido a que estuvo fundado en antecedentes insuficientes (escrito de una carilla) e incompletos, mediante un procedimiento que tramitó en dos días, en el que no se efectuó ningún tipo de análisis sobre la razonabilidad del pedido", de acuerdo a la denuncia.

En su pedido al juez federal Julián Ercolini, la OA indicó que "habría tenido una actuación determinante" Aníbal Fernández, en su carácter de presidente de la entidad deportiva.

"No caben dudas que Capitanich estaba al tanto de todos los términos del pedido, que tuvo injerencia en su otorgamiento y en la celeridad con que se resolvió, y que tuvo conocimiento de la falta de una valoración técnica del subsidio solicitado y del presupuesto acompañado", agregó el organismo.

Los presuntos delitos son abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y administración fraudulenta contra el Estado.

Pedido radical

El titular del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, presentó ayer junto a otros diputados radicales un proyecto de ley para que la OA intervenga de manera temprana y preventiva antes de la designación de funcionarios en el Poder Ejecutivo en la verificación de posibles casos de conflicto de intereses.

La iniciativa, que también fue firmada por los legisladores radicales Karina Banfi, Luis Borsani y Miguel Bazze, propone una modificación a la ley de ética pública (25.188) de manera que los funcionarios designados se vean obligados a someterse a un "chequeo previo", tomando en cuenta la documentación patrimonial, fiscal y laboral presentada por ellos mismos, como las fuentes de información pública disponibles.