La Legislatura santafesina sancionó este jueves reformas sobre la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA), principalmente para dotarlo de mayor eficiencia y orden.
Foto: Archivo / La Capital.
Gisela Scaglia, vicegobernadora y titular del Senado, repudió los dichos del ministro de Justicia.
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Antes que la Cámara alta, las modificaciones en el Ministerio Público de la Acusación fueron avaladas en Diputados.
La Legislatura santafesina sancionó este jueves reformas sobre la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA), principalmente para dotarlo de mayor eficiencia y orden.
Primero en Diputados y luego en el Senado de Santa Fe, la luz verde que recibieron las modificaciones a la normativa del MPA consiste en que la Fiscalía General, a cargo de María Cecilia Vranicich, se convierta en la máxima autoridad en cuanto organización, funcionamiento y administración.
La Legislatura abordó lo que podría considerarse una versión reducida de las modificaciones estructurales al Ministerio Público de la Acusación que propicia la Casa Gris, mientras que las otras dos iniciativas que promueven cambios en el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y el Código Procesal Penal recibirán tratamiento en febrero próximo.
Al respecto, la presidenta del Senado y vicegobernadora, Gisela Scaglia, explicó: “Necesitamos devolverles la tranquilidad a los santafesinos y eso se hace con una Justicia ordenada, eficaz y eficiente, capaz de reducir el delito y de proteger a la sociedad”.
“Eso hicimos y ahora la Fiscalía General podrá tomar medidas certeras y acordes a la realidad criminal que padecemos en Santa Fe. Tendrá capacidad de intervención directa para establecer políticas, estrategias, generar y conducir los procesos de investigación y persecución”.
Entre otras tareas, Vranicich podrá asignar causas a los fiscales y crear unidades especiales, como requiere la ley para combatir el narcomenudeo.
“Nuestro compromiso es con la seguridad de los santafesinos y no con el statu quo. Haremos lo que sea mejor para la gente”, concluyó Scaglia.
A su turno, el senador peronista Rubén Pirola manifestó: “Acompañamos las modificaciones que se establecen en un organismo que hace años viene funcionando mal”. Aunque consideró que “el debate tendría que haber sido más profundo”.
En Diputados, Unidos acompañó en bloque la reforma al MPA, mientras que gran parte de la oposición se abstuvo. Carlos Del Frade, del Frente Social y Popular (“No queremos empobrecer al MPA ni empoderar esta policía provincial”, argumentó), y el radical Fabián Palo Oliver rechazaron los cambios.
A su vez, la socialista Lionella Cattalini fundamentó lo sancionado por la Cámara baja: “Comprometidos en mejorar la seguridad de la provincia y en hacer más eficiente el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, aprobamos una ley que reforma su funcionamiento con reglas claras de orden y transparencia”.
Un día antes de la sesión extraordinaria en ambas Cámaras, con la presencia de legisladores de distintos bloques, el recinto de Diputados había albergado sucesivas reuniones con representantes de magistrados, fiscales, abogados, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial.
Previamente, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del MPA había instado a avanzar con reformas “de modo articulado y participativo entre todos los actores del sistema de Justicia”. A su entender, los cambios “tendrán repercusión en la resolución de conflictos, los derechos de las víctimas y las garantías ciudadanas”.
El Colegio de Magistrados, tras auscultar la propuesta de la Gobernación, aludió a medidas de “significativa importancia en el área penal como en resto de los fueros”. Y, por ese motivo, alentó “un marco de debate y reflexión acorde al impacto que pueden ocasionar”.
Incluso, la defensora general de la provincia, Estrella Moreno Robinson, planteó objeciones a la reforma de la ley orgánica que rige el SPPDP y alertó: el proyecto elaborado por el oficialismo “quiebra absolutamente el actual esquema”.
La iniciativa del Ejecutivo apunta a un MPA centralizado y con impronta verticalista. Fundamentalmente, le otorga mayor poder a la Fiscalía General para que encare medidas directas en el combate al delito en territorio santafesino, en especial en Rosario.
También busca corregir desequilibrios en el proceso de investigación. En ese contexto, la controversia sobrevuela las fiscalías regionales y una supuesta pérdida de potestades.
Paralelamente, la Legislatura autorizó al Poder Ejecutivo a avanzar en las tratativas con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) con el objetivo de toma un empréstito de hasta 65 millones de euros -o su equivalente en otra moneda- para el financiamiento del proyecto de biodiversidad para la acción climática.
“Es un paso muy importante en el camino para concretar la asistencia financiera de la AFD hacia nuestros objetivos de preservación de la biodiversidad y de la mitigación y adaptación al cambio climático”, afirmó el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez.
Por Aníbal Fucaraccio
