La jueza de instrucción Susana Wilma López consideró ayer que en libertad el secretario general de la Unión Ferroviaria (UF), José Pedraza, podría "fugarse" o "entorpecer la investigación" por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra por lo que le negó la excarcelación.
La magistrada tuvo en cuenta la "gravedad del hecho" que se investiga y que en la causa fueron amenazados cinco testigos y la primer fiscal del caso, Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad, informaron fuentes judiciales.
Por otra parte, la jueza también merituó, como lo expuso el fiscal del caso Fernando Fiszer, que el hecho reviste "gravedad institucional" pues "perturba el sentimiento de la seguridad de todos y puede afectar las justas exigencias del bien común de una sociedad democrática".
Además, se tuvo en cuenta que hay una causa abierta en la que investiga si se intentó pagar una coima al juez de la Cámara de Casación Penal Eduardo Riggi para que libere al resto de los detenidos.
También fueron rechazados los pedidos de excarcelación de Juan Carlos "Gallego" Fernández, segundo de Pedraza en el gremio, y del delegado de la UF Claudio Alcorcel, por los mismos motivos.
El abogado de los tres detenidos, Carlos Froment, adelantó que hoy apelará a la Cámara del Crimen el rechazo de las libertades.
Presión. En vano resultó para la Justicia la presión que intentó meter ayer la Unión Ferroviaria, que convocó a un paro para que liberen a su líder. La huelga lanzada obtuvo poca respuesta de los otros gremios y de la cúpula de la CGT, que ni siquiera trató el tema Pedraza en su reunión de mesa directiva (ver aparte).
En tanto, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lanzó una severa advertencia al sindicato de Pedraza y dijo que si no acatan la conciliación obligatoria, la Unión Ferroviaria podría perder la personería gremial.
Antes de la resolución judicial, el fiscal del caso también había rechazado los argumentos para liberar a Pedraza y a los otros gremialistas acusados.
"El Ministerio Público Fiscal se opone a que se conceda la libertad" a los acusados, al argumentar que la causa por la muerte de Ferreyra y las heridas a otras tres personas reviste "gravedad institucional" pues "perturba el sentimiento de la seguridad de todos y puede afectar las justas exigencias del bien común de una sociedad democrática".
El abogado defensor de Pedraza, Carlos Froment también había anticipado que si la magistrada deniega la excarcelación "apelaremos a la Cámara del Crimen para que se revea esta situación" e insistió con que "no hay ninguna prueba que pueda incriminar" a Pedraza.
Además, negó que Pedraza haya hablado por teléfono con los autores materiales en la tarde del crimen. "El nunca habló con nadie, no hay ningún entrecruzamiento telefónico", dijo.
En un documento de una decena de páginas, el fiscal sostuvo que los diez detenidos en la causa (siete previamente y tres el martes) tuvieron "intervención penalmente relevante en la provocación de la muerte a Mariano Ferreyra y el intento de matar a Magalí Elsa Rodríguez Sosa, Nelson Aguirre y a Ariel Benjamín Pintos".
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