La Justicia abre una investigación por la violencia en la marcha de jubilados

El fiscal federal Franco Picardi pidió al Ministerio de Seguridad nacional que incorpore a la reciente demanda por sedición, que presentó a raíz de los incidentes en la marcha de jubilados del miércoles pasado, evidencia relativa a las acusaciones.

Por ejemplo, los registros de llamadas completos a la línea 134 vinculadas a la supuesta presencia de barrabravas en el Congreso y toda documentación y/o información disponible. Picardi abrió una investigación en base a la denuncia que presentó el funcionario Fernando Soto, por mandato de la ministra Patricia Bullrich, luego de que el juez federal Sebastián Casanello le delegara la causa.

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En ese sentido, el fiscal requirió al Ministerio que aporte diferentes elementos de prueba con los que contaría, según se menciona en la denuncia, como “registros completos” de las llamadas recibidas al 134, perteneciente a Seguridad nacional.

En esas comunicaciones “se habrían receptado denuncias de personas que, en base a medios televisivos, comunicaron que habrían reconocido a barrabravas de diversos clubes” ejerciendo violencia y/o asistiendo con armas (sin precisiones en torno al tipo) a la manifestación.

Además, solicitó que el ministerio aporte “informaciones y/o documentaciones referidas a los supuestos grupos movilizados que nada tenían que ver con una convocatoria de personas jubiladas”, como se menciona en la denuncia.

Evidencia en poder del Ministerio de Seguridad

En concreto, apunta a aquellas evidencias “en las que se hayan registrado las aludidas agresiones a las fuerzas policiales, mediante empujones, golpes, piedras y armas blancas y de fuego”.

La fiscalía reclamó, además, “registros y/o informaciones que posea en torno a las afirmaciones realizadas respecto de que el principal organizador de la violenta movilización habría sido Leandro Capriotti”.

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Foto: AP.

“En ese sentido, también toda otra documentación y/o información disponible en torno a los siguientes postulados expuestos: «los principales grupos de barrabravas partieron desde las Municipalidades de La Matanza y Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires»”, añadió.

Picardi pidió al ministerio la documentación y/o información que posea sobre la actuación de esos grupos y los “actos de violencia de extrema gravedad” por los cuales se los denuncia.

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Soto había denunciado el viernes que, en el marco de la manifestación de jubilados en reclamo de aumento de sus haberes realizada en los alrededores del Congreso, hubo hechos de violencia premeditados.

La denuncia es por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática y asociación ilícita agravada.

La jueza Andrade se defiende

En tanto, la magistrada Karina Andrade, quien actuó como garante del control judicial de las detenciones durante los incidentes en la marcha de hinchas y jubilados, justificó su fallo argumentando que las fuerzas de seguridad no proporcionaron información suficiente sobre las detenciones.

La liberación de las 114 personas detenidas generó un debate sobre el equilibrio entre seguridad y garantías constitucionales, mientras el gobierno insiste en que su fallo favoreció la impunidad.

“Cuando se dicen esas cosas, se desprestigia al Consejo de la Magistratura, que nombra a los jueces”, retrucó Andrade. Y aclaró que su decisión no impide que el Ministerio Público Fiscal continúe investigando a los liberados.